Sr. Busso.- Señor presidente, diputado Baladrón, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato –dicho sea de paso, nuestro saludo frente a la agresión de una patota, que lamentamos-: vengo desde Radio Encuentro, desde Viedma, en mi condición de presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y como miembro de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Estamos muy felices de poder aportar nuevamente al debate sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Quiero manifestar con toda claridad que a este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional lo consideramos nuestro proyecto. Esta propuesta surge de los veintiún puntos que elaboramos hace algo más de cinco años en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y con ellos en este tiempo hemos recorrido el país. Esta es la propuesta de los trabajadores de la comunicación, de estudiantes, docentes y autoridades de nuestras universidades, de los organismos de defensa de derechos humanos, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de las radios comunitarias y también de las pequeñas y medianas emisoras comerciales. Este proyecto surge de las propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que nos enorgullecemos haber convocado, y en la que continuamos en una construcción seguramente inédita de unidad del campo popular para formular una propuesta. Hay quienes dicen que este proyecto necesita más debate. Muchos de ellos no están aquí en este debate. Llevamos veintiséis años de debates, siempre postergados por la presión de quienes de hecho siguen avanzando en la concentración y control de la comunicación. Más de setenta proyectos tuvieron estado parlamentario y hay numerosos antecedentes de debates en esta Cámara. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es producto de un amplio debate. Primero, en numerosos seminarios, foros, mesas redondas, paneles, conferencias, organizadas por entidades de la sociedad civil a lo largo y ancho del país durante cinco años. A partir de la presentación de la presidenta de la Nación de su propuesta en marzo de este año, hubo veintitrés foros en los que participamos activamente realizando aportes. Lamentamos que un sector de la oposición siga diciendo que hace falta más debate. Con todo respeto les decimos que ese argumento está gastado; por ingenuidad o con expresa intención están de hecho defendiendo la vigencia de la ley de la dictadura y faltan el respeto a quienes desde hace mucho trabajamos por la democratización de las comunicaciones. Desde FARCO, desde ALER, creemos que hoy es el momento, y creemos que es necesario su rápido tratamiento en este Congreso. El momento es hoy desde hace veinticinco años. Era el momento cuando fue incluido en las plataformas electorales de Alfonsín y Luder, cuando recuperábamos la democracia. Era el momento cuando el presidente Alfonsín encomendó la redacción de un proyecto al Consejo de Consolidación de la Democracia. Era el momento cuando allá por 1989 en esta Comisión de Comunicaciones, los diputados Enrique “Quique” Paz, por el oficialismo, y Osvaldo Álvarez Guerrero, por el radicalismo, consensuaban y daban despacho favorable de la Comisión de Comunicaciones a un proyecto de ley de radiodifusión. Era el momento del debate cuando Menem, por decreto y sin debate, modificó sustancialmente la ley de la dictadura genocida convirtiéndola en la ley de la dictadura del mercado, en beneficio de unos pocos grupos económicos. En aquel momento los grupos de poder económico no reclamaron debate. Era el momento cuando el presidente De la Rúa presentó solemnemente en el Salón Blanco un proyecto de ley que llegó con un capítulo menos a este Congreso. Era el momento cuando se realizaron las seis audiencias públicas que quedaron archivadas cuando el país explotó en el 2001. Hubiera sido el momento cuando en el 2005 se dictó el decreto 527, que suspendió los plazos, prorrogando de hecho las licencias por diez años y consolidando la concentración de la propiedad de los medios. Tampoco en ese momento los grupos económicos dijeron nada. También fue el momento cada vez que se presentaron los setenta y tres proyectos que llegaron a este Congreso. Hoy es el momento. Hace veinticinco años que nos hacen el cuento de que no es el momento. Son unos pocos los que nos hacen esos cuentos mentirosos en los que se usa mucha tinta, mucho papel y mucho tiempo de radio y televisión. Hoy es el momento. Diputados y senadores: les pedimos que busquen estos veinticinco años de debate para acelerar los tiempos y aprobar rápidamente el proyecto. Desde las radios comunitarias organizadas en FARCO objetamos y desafiamos durante años el decreto-ley de la dictadura. Ejercimos nuestro derecho a la libertad de expresión e instalamos y operamos radios, la mayoría de las veces con protección de la Justicia, a través de numerosos amparos y posteriormente con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 45, confirmada por la Corte Suprema de Justicia en el 2003. No voy a decir mucho más sobre la nefasta ley vigente y la necesidad de reemplazarla. Ya se ha dicho muchas veces que sufrimos una fuerte concentración en la propiedad de los medios y al mismo tiempo el espectro radioeléctrico es un caos. La vigencia del decreto-ley impuesto por la dictadura y modificado por decreto para adecuarlo a la dictadura del mercado es una flagrante violación a la libertad de expresión. Hablemos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, ahora en debate. Nosotros -ya lo dije- apoyamos esta propuesta que recoge los veintiún puntos. La ley que se propone parte de considerar la comunicación como un derecho y no como una simple actividad comercial. La ley pone límites a la concentración de la propiedad, exige producción local y propia de las emisoras; reserva el 33 por ciento de las frecuencias al sector social y crea organismos de aplicación de la ley con participación plural. Verificamos con agrado que se han realizado muchas modificaciones tomando los aportes realizados en los foros. Creemos sin embargo que todavía son posibles y convenientes algunas modificaciones puntuales. Señalo solamente algunas. En el artículo 80 se incluye una frase que nos preocupa y creemos que debe ser eliminada. Dice: “La Autoridad de Aplicación pertinente podrá disponer de las reservas para su adjudicación a otros interesados por motivos de mejor administración del espectro.” Esto haría peligrar la vigencia de la reserva del 33 por ciento de las frecuencias. También nos preocupa la vigencia -y no es un problema solamente de la ley sino que es más amplio, del país todo- de los tratados internacionales de protección recíproca de inversiones, protección que de recíproca tiene muy poco o nada para nuestro país y que permite el ingreso de capital extranjero, de empresas extranjeras, en la actividad de los servicios de comunicación audiovisual. Nos gustaría también que se proteja todavía más a las niñas y los niños, prohibiendo la emisión de publicidad dirigida a menores de trece años, lo que se puede incluir en el artículo 60. Por su parte, para que la ciudadanía conozca la forma de financiamiento de los medios, consideramos que en el artículo 64, cuando se habla de la carpeta de acceso público que se exige a los medios, se podría incluir la exigencia de que los medios hagan pública la forma y fuentes de financiamiento con la nómina de donantes o anunciantes, incluyendo el monto facturado a cada anunciante. Esto existe en la legislación norteamericana y podría ser incorporado en la nuestra. Más allá de estas pequeñas modificaciones que proponemos, en lo fundamental, reitero, estamos de acuerdo con el proyecto, lo apoyamos y defendemos. Queremos resaltar que una ley, por buena que sea, no va a modificar la realidad de un día para el otro. Tendremos que ser capaces de hacer efectivamente una comunicación participativa y democrática, que nos permita tener un país con participación, plena inclusión y justicia. En ese sentido será de gran importancia la reglamentación de esta ley, y por supuesto su implementación. Seguramente no será fácil. Desde ya estamos dispuestos a trabajar y colaborar en esa reglamentación. Descuento que por fin con el amplio consenso logrado en torno a este proyecto -a pesar de lo que dicen algunos medios-, la fuerza social que lo sostiene, la decisión política manifestada por la presidenta de la Nación y la voluntad mayoritaria de diputados y senadores, en poco tiempo se saldará esta vieja deuda de la democracia y tendremos la ley de servicios de comunicación audiovisual que nos merecemos. Muchas gracias. (Aplausos.)
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