Sr. Yasky.- Agradecemos, como Central de Trabajadores, la posibilidad de expresar nuestra posición en este tema trascendente para el conjunto de la clase trabajadora y para todo nuestro pueblo. En nombre de los trabajadores argentinos unidos en la CTA venimos a expresar la convicción de que estamos participando de un hecho de trascendencia histórica, puesto que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual implica reparar una deuda histórica con todo el pueblo argentino. Mantener un día más la ley de radiodifusión de la dictadura, reformada por innumerables cambios producidos en línea con los intereses económicos concentrados y monopólicos, es una afrenta a la sociedad y a la democracia. El decreto ley reconocido por el número 22.285 del año 1980, nos remite a la dictadura militar de Videla, Massera, Agosti y Martínez de Hoz, pero fundamentalmente nos convoca al recuerdo de los 30 mil desaparecidos y de los periodistas-trabajadores de prensa acallados para siempre en la noche negra iniciada el 24 de marzo de 1976. Para los dictadores y sus empresarios asociados fue necesario aniquilar a los representantes de los trabajadores, delegados de fábrica y militantes populares para comenzar a instalar el modelo económico que se consolidó en la década de los 90. Tal como lo denunciara Rodolfo Walsh en su carta a la Junta Militar también fue necesario silenciar a los periodistas y asociar a la tarea de ocultamiento de la realidad a la prensa adicta para iniciar el camino de concentración y monopolización de los medios. Pero el pueblo no pudo ser silenciado, múltiples voces se levantaron, miles de pañuelos blancos de madres, de abuelas, de hijos. Luego vendrían los ajustes: sobre las privatizaciones de los medios de comunicación audiovisuales, los despidos de trabajadores de la comunicación, y la concentración y transnacionalización de las empresas que comenzaron a defender los intereses del mercado por sobre el interés nacional. De las páginas de los diarios desaparecieron las noticias gremiales y los sindicalistas fueron arrojados al escarnio público invisibilizando a los trabajadores que comenzarían a hacerse visibles con tomas de fábricas, carpas blancas, marchas federales, piquetes, cortes de rutas. Desde el año de su nacimiento, en 1989, el por entonces llamado Congreso de los Trabajadores Argentinos -ahora CTA- asumió en su programa la lucha por la derogación de la ley de radiodifusión de la dictadura militar. En la defensa de los trabajadores despedidos y cesanteados por el neoliberalismo menemista la CTA hizo su fragua. Desde siempre se sumó al apoyo de los medios comunitarios y de las pymes de la comunicación, que fueron los nichos donde se expresaba la pluralidad de voces populares. La defensa de la libertad de prensa, muchas veces asociada a la libertad de empresa, se trocó en la CTA y siempre fue lucha por la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestro pueblo. La CTA, a través de sus representantes de la comunicación y la cultura, forjó y firmó los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática junto con cientos de organizaciones sociales, de derechos humanos, cooperativas, comunitarias y pequeñas empresas. Desde su autonomía, la CTA criticó las concesiones que el primer gobierno kirchnerista realizó con las empresas multimediáticas a través del decreto 527 del año 2005. Desde esa misma autonomía también saludamos ahora el avance que significa este proyecto. En diciembre de 2008 exigimos que en este año se enviara un proyecto al Congreso y luego del 18 de marzo nos sumamos a los foros convocados por el COMFER. Creemos que éste es el tiempo de aprobación de una ley de radiodifusión de la democracia. Queremos ya una ley de servicios de comunicación audiovisual. En los puntos referidos a la desmonopolización de los medios, la ley es donde tiene sus puntos más fuertes. Pero hace falta generar a nivel normativo, y también con la participación ciudadana, los resguardos para evitar que ningún monopolio avance sobre la comunicación. Los trabajadores tenemos derecho a hacer oír nuestra voz, nuestras propuestas y debemos tener garantizado nuestro espacio en los medios sin ningún tipo de discriminación. También estamos convencidos de que la participación de los trabajadores en el Consejo Federal de la nueva autoridad de aplicación facilitará el espacio comunicacional al que la clase trabajadora tiene derecho. Creemos que en la autoridad de aplicación sería importante que las resoluciones del Consejo Federal sean vinculantes y que no sea un espacio sólo de análisis y propuestas. Aunque quizás sean cuestiones a resolver en otra norma complementaria, apoyamos las demandas de los medios comunitarios, de los pueblos originarios y de los pequeños productores de la comunicación de encontrar fórmulas democráticas de sustentabilidad económica para estas formas de gestión, en las que el Estado debe comprometerse a resolver para que los mismos no queden a expensas de las reglas del mercado ni de las arbitrariedades de los gobiernos de turno. Dilatar el tratamiento de esta cuestión, desconociendo el amplio proceso de discusión que se originó con la reapertura democrática, que se expresó en numerosos proyectos parlamentarios a lo largo de estos 25 años y que se acentuó a partir del trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, sería un grave retroceso que redundaría en beneficio de quienes no quieren cambiar el actual panorama de medios ni garantizar la libertad de expresión, el pluralismo o la diversidad de voces. Postergar el debate significaría –una vez más que todo siga igual, con lo que la democracia argentina habría perdido nuevamente la oportunidad histórica de redistribuir en forma justa bienes simbólicos a favor de la sociedad en su conjunto y no de un gobierno en particular. Sectores con representación parlamentaria han elaborado proyectos propios, antes y después del enviado por el Poder Ejecutivo; en varios de ellos hemos colaborado aportando conocimientos y sugerencias. Por eso nos consta que varios tienen más puntos de coincidencia que de desacuerdo con el que ha sido enviado al Congreso de la Nación. No abocarnos al estudio de esta cuestión implicaría repetir viejos errores y privilegiar las diferencias por encima de los acuerdos amplios que requiere un tema tan trascendente. El actual proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, tal como dijimos antes, es perfectible. Merecen ser atendidos y modificados algunos aspectos vinculados con la composición de la autoridad de aplicación y de la Comisión Bicameral, así como los referidos a los imprescindibles controles para impedir que unas posiciones dominantes sean sustituidas por otras. Nos referimos en este caso a la entrada de las telefónicas. También es necesario debatir si deben legislarse mayores restricciones para quienes prestan servicios públicos o son contratistas del Estado. Esas modificaciones, junto a otras que puedan surgir del debate, enriquecerán, sin dudas, el proyecto original; pero es responsabilidad de todos los bloques parlamentarios comprometidos con la democratización de la comunicación garantizar el importante avance que representará la nueva normativa. Están pendientes, además, otras reformas en las que muchos de nosotros hemos trabajado y por las que hemos bregado, como los proyectos de ley de acceso a la información pública y de despenalización de los delitos de calumnias e injurias cuando se trate de temas de interés público. Todos ellos van en la misma dirección del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual: apuntan a ampliar y profundizar la calidad de la democracia, impidiendo la discrecionalidad en el accionar público de funcionarios y representantes, y protegiendo los márgenes de libertad para la práctica del periodismo, que se ven avasallados no sólo por el poder público sino muchas veces por el poder económico, por la presión, la mordaza de los dueños de los grandes medios de comunicación. Alentamos avanzar en la aprobación de una norma que garantice equidad en el reparto de los medios, transparencia en el otorgamiento de licencias y autorizaciones, límites a la concentración y la integración, protección de contenidos para niños y adolescentes, universalización del acceso a los medios audiovisuales, diversidad y pluralidad, tarifa social, espacio para las organizaciones sin fines de lucro, cuota de pantalla para el cine nacional y participación ciudadana en el órgano de control. Por todas estas cuestiones es que el Congreso Nacional de nuestra Central aprobó por unanimidad apoyar y solicitar que el Congreso de la Nación dé rápido tratamiento al proyecto, que no es de un gobierno, sino que surgió de la gente, desde abajo y que de aprobarse marcará un punto muy alto en la construcción de la calidad institucional de nuestra democracia. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina agradecemos por su atención. Creemos que esta posición que acabamos de expresar, más allá de haber sido aprobada por unanimidad en nuestro congreso, más allá de constituir un mandato histórico para todos los que representamos la Central, es la oportunidad que tenemos de construir una sociedad que sea capaz de distribuir la palabra para avanzar en ese objetivo todavía pendiente, en esa asignatura a cumplir, que es la distribución de la riqueza (Aplausos).
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