Intervención del dip. Rossi
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Sr. Rossi (A.O.).- Señor presidente: antes de entrar en el tema y sin necesidad de generar un debate, ratifico todo lo que dije en mi primera intervención en la Cámara, porque es lo que pienso y nadie se tiene que sentir ofendido por lo que piense otro diputado.
Nombraron mucho a Gargarella. Si leen su blog, allí dice que está de acuerdo con que se dé a publicidad y se publique la versión taquigráfica de las declaraciones de Sadous. Así que podrían tomar a Gargarella para todo, inclusive para publicar las declaraciones de Sadous sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros lo decimos con absoluta claridad.
Me extraña que los diputados se ofendan por las cosas que decimos cuando nosotros, como espacio político, somos injuriados, vituperados e insultados en forma permanente, empezando por nuestros dos principales referentes, que son la presidenta de la Nación y el presidente del Partido Justicialista.
Cuando nosotros decimos algo y se sienten ofendidos o atacados en su dignidad, escuchen a sus jefes políticos, a sus líderes políticos, escúchense ustedes mismos cuando hablan de nuestros dirigentes políticos y quizá allí podamos encontrar algún tipo de coincidencia. Ese estilo de la descalificación permanente, del insulto permanente, no es un estilo que sea nuestro, al menos no exclusivamente. (Risas.)
Escuchaba al diputado Alfonsín –a quien respeto mucho, así como a su historia y me hubiese gustado mucho que hubiera estado en el año 2006 con nosotros, porque en ese momento sus correligionarios nos dijeron cualquier cosa por la reforma que nosotros estábamos impulsando. Nos cuestionaron la reforma, las supuestas intenciones de la reforma. El discurso planteado fue que lo único que queríamos era dominar el Poder Judicial. Si quieren, les leo algunas expresiones de aquel debate que tuve tiempo de rescatar.
El señor diputado mandato cumplido Azcoiti dijo: “Se está hiriendo de muerte la independencia del Poder Judicial. Quince años después de haberse aumentado los miembros de la Corte Suprema, otra vez el peronismo en el gobierno viene por el Poder Judicial. Cambian algunos personajes, no todos, pero otra vez se pretende afectar claramente la independencia del Poder Judicial”.
El ex diputado Acuña Kunz dijo: “El presidente juega con las instituciones porque tiene un poder hegemónico y voraz. Y las utiliza no como fines sino como medios de tipo hegemónico que puede instrumentar a su placer y capricho en un desvergonzado juego de pragmatismo y oportunismo”.
El señor diputado mandato cumplido Alejandro Nieva dijo: “Este proyecto ahoga la independencia del Poder Judicial, la verdadera autonomía y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En rigor de verdad, lo que este gobierno quiere es que este órgano no funcione”.
El ex señor diputado Fernando Chironi, entonces presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, sostenía: “Todos sabemos que esta ley es inconstitucional. Entonces, si quieren cambiar este esquema, modifiquen la Constitución. Sincérense, díganle al pueblo lo que quieren hacer, expresen esa voluntad política que está oculta. Pero no nos lleven a elaborar leyes que son incompatibles con esta Constitución, que no es del PJ sino de todos los argentinos”.
La verdad es que hubiese deseado estar en ese momento en este recinto para decir a los correligionarios lo que hoy nos dicen a nosotros. No nos juzgaron por lo que hicimos, ni siquiera por lo que funcionó, sino por teóricas y supuestas intenciones. Esto es lo que han hecho ustedes. Y ahora se enojan o nos solicitan amablemente que no utilicemos las mismas reglas y digamos que en realidad esta nueva reforma impulsada por la oposición está plagada de buenas intenciones y que los fines que persigue son loables.
La verdad es que cuesta entender las cosas cuando venimos siendo permanentemente castigados con un discurso que se para más en los preconceptos o en las supuestas intenciones que tenemos cada vez que llevamos adelante una acción de gobierno, que en lo que la medida de gobierno expresa efectivamente.
Los diputados del oficialismo nos acordamos de lo que nos dijeron cuando estatizamos las AFJP: se quieren robar la plata de los jubilados. Y lo siguen diciendo ahora. Esta es la lógica, y supongo que dada la enorme voluntad que el diputado Alfonsín tiene –y le reconozco seguramente va a tener que empezar a utilizarla dentro de su partido para que los hombres de su partido empiecen a cambiar de lógica.
También se dijo en algún momento, con algún tinte de chicana, que nuestro bloque había presentado distintos dictámenes. Me sorprende que miembros de partidos democráticos se sorprendan por la pluralidad democrática demostrada en este momento por el bloque del Frente para la Victoria. Lo que sí me preocuparía como presidente del bloque es que alguno de nuestros diputados hubiera coincidido con ustedes; pero mientras todos los dictámenes sean en disidencia con los que presentó la oposición, para nosotros está todo bien y no genera ningún tipo de inconveniente.
Yo voy a defender la reforma que hicimos en 2006 y voy a seguir defendiendo lo que votamos como bloque del oficialismo la semana pasada, cuando aprobamos restringir al 5 por ciento la movilidad de partidas –artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Asimismo, voy a defender como un avance institucional importantísimo el proyecto de ley presentado y aprobado por la entonces senadora y actual presidenta de la Nación para reglamentar y cumplir con ese mandato constitucional que teníamos los legisladores desde el año 1994 y que nunca habíamos llevado a cabo, que era reglamentar el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia.
Ninguna de esas cosas nos parecen un atentado a la calidad institucional. Con la ley de movilidad de partidas nos dijeron que nuestra intención era hacer del presupuesto un chicle y que lo que buscábamos con esa ley era sacar de un lado para poner en otro. Desde el año 2006 hasta ahora dijeron exactamente lo mismo.
Después reconocieron que, en realidad, no se utilizó nunca más de un 5 por ciento, pero sin duda el discurso previo fue la idea del poder hegemónico que se trataba de procurar y que no existía presupuesto en la Argentina. Nada de eso sucedió.
Con esta reforma del Consejo de la Magistratura que nosotros hicimos en 2006, se enteraron que las decisiones se tomaban por unanimidad. El ministro de Justicia vino a dar el informe, más allá de que la señora diputada Conti, en muchísimas oportunidades, lo dijo con absoluta claridad y contundencia.
Queremos decirlo con absoluta tranquilidad: o somos los maquiavélicos y vivos que somos, o somos muy ilusos, porque haber realizado una reforma para tener un poder de veto para después no utilizarlo, resulta increíble. Porque o somos una cosa o somos la otra.
¿Por qué no decir que fue una reforma en el buen sentido? ¿Por qué no juzgar que en realidad, cuando pusimos trece miembros y dimos la mayoría mínimaa los representantes que tienen legitimidad popular, lo que estábamos haciendo era interpretar fielmente lo que fue el mandato de los constituyentes de 1994?
No hemos desvirtuado el mecanismo de selección. No depositamos el mecanismo de selección con peso en los sectores corporativos y tampoco lo desbalanceamos, porque la mayoría era la mínima: siete representantes con legitimidad popular sobre seis representantes con legalidad corporativa.
Entonces, lo que intentamos hacer es que el peso de los que tenemos que ir a elecciones de dos a cuatro años tuviera la diferencia mínima, para que en el proceso de selección de los jueces no existiese el peso de la cuestión corporativa dentro de un poder que es eminentemente cooperativo por todo lo que se mueve a su alrededor, por naturaleza y por todo lo que significa.
Sin embargo nunca nos admitieron eso. Nunca admitieron que fue ese el sentido de la reforma. Yo me acuerdo de todo ese verano de 2006 con los debates que se dieron y recuerdo que se explicó hasta el cansancio. Decían que nos queríamos quedar con la mayoría y eran sólo cinco miembros como máximo del oficialismo. Cinco sobre trece no es mayoría.
Como dice mi amigo Yoma: “Vos como abogado sos un buen ingeniero”. Pero cinco sobre 13 es matemática pura. No tiene nada que ver con la abogacía. Reitero: con cinco sobre trece es imposible tener mayoría. Para ser mayoría hay que acordar con la oposición o con alguno de los sectores corporativos.
Entonces, el equilibrio estaba perfectamente garantizado y ciertamente, a nuestro criterio, el Consejo de la Magistratura, con la reforma de 2006, se perfeccionó y comenzó a funcionar mucho mejor de lo que venía funcionando.
La reforma que está proponiendo la oposición ahora la acerca más a la ley de 1997 que a la reforma que establecimos en 2006. Pasamos de trece a dieciocho miembros y teníamos veinte miembros en 1997.
La representación popular, o sea la presencia de aquellos representantes que tienen legitimidad popular, en el año 1997 era del 45 por ciento, en el año 2006 del 53,85 por ciento y en este proyecto de la oposición equivale al 39 por ciento, o sea que la acerca más a la situación que existía con los veinte miembros en 1997.
Todo lo que avanzamos en tratar de reivindicar la política y de no sentir vergüenza de ser lo que somos, dirigentes políticos, todo lo que avanzamos en ese sentido lo tiramos por la borda. Volvemos para atrás.
En realidad nos quitamos poder a nosotros mismos como dirigencia política. Hubiesen agregado un miembro más a la segunda minoría, o lo que sea, pero hubiesen mantenido la representación mayoritaria mínima de la política. Los que nos sometemos a un proceso de selección y tenemos legitimidad popular debemos ejercer una mayoría mínima. Esto es lo que quedó plasmado en el proyecto elaborado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esa iniciativa tenía un sentido de reivindicación de la política.
Pareciera que algunos andan por la calle pidiendo disculpas por ser dirigentes políticos. Debemos terminar con todo eso. Asumamos nuestras culpas por ser malos políticos, pero no por ser políticos.
Con este proyecto estamos involucionando. Digo esto porque han ideado un Consejo de la Magistratura que se podrá reunir con quórum sin necesidad de que esté presente un solo representante de la política. No van a necesitar a ningún representante del oficialismo, de la oposición, de la primera minoría, de la segunda minoría, ni del Poder Ejecutivo.
Además, debo reconocer que a través de este mecanismo que ustedes denominan de consenso –si nosotros lo hubiésemos hecho hablarían de negociación o de cooptación-, han incluido a la Corte, pero sin que se note mucho, justamente para poder arribar a algún tipo de acuerdo. Lo cierto es que la Corte tiene su presencia, sobre todo con su capacidad de desempate en aquellas votaciones en las que se exija mayoría calificada.
Podré tener diferencias con Menen o con Alfonsín, pero tengo que reconocer que son personas que han reivindicado a la política. Hoy estamos yendo hacia atrás; le estamos entregando todo a un poder corporativo que no tiene ningún tipo de confrontación con la sociedad. Esto claramente constituye un error. Con este proyecto estamos involucionando.
En su momento ustedes nos hicieron pagar un costo, porque instalaron la idea de que íbamos por el Poder Judicial. Ese costo lo tuvieron que pagar los dos representantes de nuestro sector que integran el Consejo de la Magistratura, y por eso hoy quiero reivindicar la tarea que ellos han realizado.
Lo que hicimos en su momento fue darle la mayoría a la política, es decir, a los que tenemos que ir a buscar los votos y a los que tenemos contacto con la gente. Esta es la realidad de lo que hicimos nosotros y de lo que hoy intentan hacer ustedes. De este modo nos van a ubicar más cerca de 1997 que de 2006. Estamos yendo trece años para atrás.
Hoy escuché a un legislador que se enojó porque nosotros hacemos hincapié en el tema de las corporaciones. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que nos escondamos? La verdad es que con este proyecto le están dando más poder a los sectores corporativos. Esto no lo invento yo; lo dicen los números. Tendrían que tenerse más autoestima para intentar preservar una herramienta que construimos entre todos y que le permite al pueblo transformar algunas cosas.
Por estas razones adelanto que nuestro bloque no va a votar la reforma en consideración.
También escuché decir en esta sesión que la reforma de 2006 no contaba con consensos. Seguramente hoy van a sacar un buen número de votos, pero en 2006 nosotros obtuvimos en esta Cámara 149 votos por la afirmativa. El proyecto contó con el apoyo de muchos bloques: además del Frente para la Victoria la iniciativa fue avalada por los bloques Peronista Federal, Vida y Compromiso, Frente Cívico por Santiago del Estero, Proyecto Corrientes, Frente de Todos, Frente Cívico y Social, Frente Popular Bonaerense, Frente Movimiento Popular de San Luis, Renovador de Salta, Frente Unidad Provincial de Tierra del Fuego y otros. Es decir que también nuestra reforma tuvo consenso y las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Siento que la iniciativa sobre la modificación de la ley de tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia tuvo como objetivo eliminarlos, porque si se llegara a sancionar, resultaría mucho más fácil aprobar una ley que dictar un decreto de necesidad y urgencia. Así se eliminaría la herramienta del DNU, que es una herramienta de gestión del Poder Ejecutivo nacional.
A su vez, la reforma de la ley de administración financiera implicará que para mover una partida por cien, diez o un peso se tendrá que presentar un proyecto de ley que nos autorice a mover esa partida por un peso.
El objetivo es tratar de hacer más dificultosa y trabar la posibilidad de gestión de la presidenta de la Nación. También las otras normas que maneja la oposición, tanto en el Senado como en Diputados, tienen un impacto fiscal directo.
Si se llegara a aprobar todo, sería imposible gobernar un país de estas características. Se aumentan gastos e inversiones y se disminuyen ingresos e impuestos. Esto es lo ideal y a cualquiera de nosotros nos gustaría gobernar así, pero es imposible y no existe en ningún lugar del mundo.
Creo que la iniciativa en consideración va en contra de todos nosotros. Involuciona y nos debilita como dirigencia política. El proyecto le quita a quienes tenemos legitimidad popular el rol protagónico que merecemos. También es una norma profundamente corporativa, pues tiene el peso acentuado en las corporaciones. Va en contra de quienes amamos la política y creemos que ella es una herramienta de transformación y cambio y por eso nos sometemos cada dos o cuatro años a la voluntad popular.
Deberíamos seguir teniendo la prevalencia mínima -un voto de diferencia- en la constitución del Consejo de la Magistratura para garantizar el respeto a la voluntad popular. (Aplausos.)
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Sr. Rossi (A.O.).- Señor presidente: antes de entrar en el tema y sin necesidad de generar un debate, ratifico todo lo que dije en mi primera intervención en la Cámara, porque es lo que pienso y nadie se tiene que sentir ofendido por lo que piense otro diputado.
Nombraron mucho a Gargarella. Si leen su blog, allí dice que está de acuerdo con que se dé a publicidad y se publique la versión taquigráfica de las declaraciones de Sadous. Así que podrían tomar a Gargarella para todo, inclusive para publicar las declaraciones de Sadous sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros lo decimos con absoluta claridad.
Me extraña que los diputados se ofendan por las cosas que decimos cuando nosotros, como espacio político, somos injuriados, vituperados e insultados en forma permanente, empezando por nuestros dos principales referentes, que son la presidenta de la Nación y el presidente del Partido Justicialista.
Cuando nosotros decimos algo y se sienten ofendidos o atacados en su dignidad, escuchen a sus jefes políticos, a sus líderes políticos, escúchense ustedes mismos cuando hablan de nuestros dirigentes políticos y quizá allí podamos encontrar algún tipo de coincidencia. Ese estilo de la descalificación permanente, del insulto permanente, no es un estilo que sea nuestro, al menos no exclusivamente. (Risas.)
Escuchaba al diputado Alfonsín –a quien respeto mucho, así como a su historia y me hubiese gustado mucho que hubiera estado en el año 2006 con nosotros, porque en ese momento sus correligionarios nos dijeron cualquier cosa por la reforma que nosotros estábamos impulsando. Nos cuestionaron la reforma, las supuestas intenciones de la reforma. El discurso planteado fue que lo único que queríamos era dominar el Poder Judicial. Si quieren, les leo algunas expresiones de aquel debate que tuve tiempo de rescatar.
El señor diputado mandato cumplido Azcoiti dijo: “Se está hiriendo de muerte la independencia del Poder Judicial. Quince años después de haberse aumentado los miembros de la Corte Suprema, otra vez el peronismo en el gobierno viene por el Poder Judicial. Cambian algunos personajes, no todos, pero otra vez se pretende afectar claramente la independencia del Poder Judicial”.
El ex diputado Acuña Kunz dijo: “El presidente juega con las instituciones porque tiene un poder hegemónico y voraz. Y las utiliza no como fines sino como medios de tipo hegemónico que puede instrumentar a su placer y capricho en un desvergonzado juego de pragmatismo y oportunismo”.
El señor diputado mandato cumplido Alejandro Nieva dijo: “Este proyecto ahoga la independencia del Poder Judicial, la verdadera autonomía y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En rigor de verdad, lo que este gobierno quiere es que este órgano no funcione”.
El ex señor diputado Fernando Chironi, entonces presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, sostenía: “Todos sabemos que esta ley es inconstitucional. Entonces, si quieren cambiar este esquema, modifiquen la Constitución. Sincérense, díganle al pueblo lo que quieren hacer, expresen esa voluntad política que está oculta. Pero no nos lleven a elaborar leyes que son incompatibles con esta Constitución, que no es del PJ sino de todos los argentinos”.
La verdad es que hubiese deseado estar en ese momento en este recinto para decir a los correligionarios lo que hoy nos dicen a nosotros. No nos juzgaron por lo que hicimos, ni siquiera por lo que funcionó, sino por teóricas y supuestas intenciones. Esto es lo que han hecho ustedes. Y ahora se enojan o nos solicitan amablemente que no utilicemos las mismas reglas y digamos que en realidad esta nueva reforma impulsada por la oposición está plagada de buenas intenciones y que los fines que persigue son loables.
La verdad es que cuesta entender las cosas cuando venimos siendo permanentemente castigados con un discurso que se para más en los preconceptos o en las supuestas intenciones que tenemos cada vez que llevamos adelante una acción de gobierno, que en lo que la medida de gobierno expresa efectivamente.
Los diputados del oficialismo nos acordamos de lo que nos dijeron cuando estatizamos las AFJP: se quieren robar la plata de los jubilados. Y lo siguen diciendo ahora. Esta es la lógica, y supongo que dada la enorme voluntad que el diputado Alfonsín tiene –y le reconozco seguramente va a tener que empezar a utilizarla dentro de su partido para que los hombres de su partido empiecen a cambiar de lógica.
También se dijo en algún momento, con algún tinte de chicana, que nuestro bloque había presentado distintos dictámenes. Me sorprende que miembros de partidos democráticos se sorprendan por la pluralidad democrática demostrada en este momento por el bloque del Frente para la Victoria. Lo que sí me preocuparía como presidente del bloque es que alguno de nuestros diputados hubiera coincidido con ustedes; pero mientras todos los dictámenes sean en disidencia con los que presentó la oposición, para nosotros está todo bien y no genera ningún tipo de inconveniente.
Yo voy a defender la reforma que hicimos en 2006 y voy a seguir defendiendo lo que votamos como bloque del oficialismo la semana pasada, cuando aprobamos restringir al 5 por ciento la movilidad de partidas –artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Asimismo, voy a defender como un avance institucional importantísimo el proyecto de ley presentado y aprobado por la entonces senadora y actual presidenta de la Nación para reglamentar y cumplir con ese mandato constitucional que teníamos los legisladores desde el año 1994 y que nunca habíamos llevado a cabo, que era reglamentar el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia.
Ninguna de esas cosas nos parecen un atentado a la calidad institucional. Con la ley de movilidad de partidas nos dijeron que nuestra intención era hacer del presupuesto un chicle y que lo que buscábamos con esa ley era sacar de un lado para poner en otro. Desde el año 2006 hasta ahora dijeron exactamente lo mismo.
Después reconocieron que, en realidad, no se utilizó nunca más de un 5 por ciento, pero sin duda el discurso previo fue la idea del poder hegemónico que se trataba de procurar y que no existía presupuesto en la Argentina. Nada de eso sucedió.
Con esta reforma del Consejo de la Magistratura que nosotros hicimos en 2006, se enteraron que las decisiones se tomaban por unanimidad. El ministro de Justicia vino a dar el informe, más allá de que la señora diputada Conti, en muchísimas oportunidades, lo dijo con absoluta claridad y contundencia.
Queremos decirlo con absoluta tranquilidad: o somos los maquiavélicos y vivos que somos, o somos muy ilusos, porque haber realizado una reforma para tener un poder de veto para después no utilizarlo, resulta increíble. Porque o somos una cosa o somos la otra.
¿Por qué no decir que fue una reforma en el buen sentido? ¿Por qué no juzgar que en realidad, cuando pusimos trece miembros y dimos la mayoría mínimaa los representantes que tienen legitimidad popular, lo que estábamos haciendo era interpretar fielmente lo que fue el mandato de los constituyentes de 1994?
No hemos desvirtuado el mecanismo de selección. No depositamos el mecanismo de selección con peso en los sectores corporativos y tampoco lo desbalanceamos, porque la mayoría era la mínima: siete representantes con legitimidad popular sobre seis representantes con legalidad corporativa.
Entonces, lo que intentamos hacer es que el peso de los que tenemos que ir a elecciones de dos a cuatro años tuviera la diferencia mínima, para que en el proceso de selección de los jueces no existiese el peso de la cuestión corporativa dentro de un poder que es eminentemente cooperativo por todo lo que se mueve a su alrededor, por naturaleza y por todo lo que significa.
Sin embargo nunca nos admitieron eso. Nunca admitieron que fue ese el sentido de la reforma. Yo me acuerdo de todo ese verano de 2006 con los debates que se dieron y recuerdo que se explicó hasta el cansancio. Decían que nos queríamos quedar con la mayoría y eran sólo cinco miembros como máximo del oficialismo. Cinco sobre trece no es mayoría.
Como dice mi amigo Yoma: “Vos como abogado sos un buen ingeniero”. Pero cinco sobre 13 es matemática pura. No tiene nada que ver con la abogacía. Reitero: con cinco sobre trece es imposible tener mayoría. Para ser mayoría hay que acordar con la oposición o con alguno de los sectores corporativos.
Entonces, el equilibrio estaba perfectamente garantizado y ciertamente, a nuestro criterio, el Consejo de la Magistratura, con la reforma de 2006, se perfeccionó y comenzó a funcionar mucho mejor de lo que venía funcionando.
La reforma que está proponiendo la oposición ahora la acerca más a la ley de 1997 que a la reforma que establecimos en 2006. Pasamos de trece a dieciocho miembros y teníamos veinte miembros en 1997.
La representación popular, o sea la presencia de aquellos representantes que tienen legitimidad popular, en el año 1997 era del 45 por ciento, en el año 2006 del 53,85 por ciento y en este proyecto de la oposición equivale al 39 por ciento, o sea que la acerca más a la situación que existía con los veinte miembros en 1997.
Todo lo que avanzamos en tratar de reivindicar la política y de no sentir vergüenza de ser lo que somos, dirigentes políticos, todo lo que avanzamos en ese sentido lo tiramos por la borda. Volvemos para atrás.
En realidad nos quitamos poder a nosotros mismos como dirigencia política. Hubiesen agregado un miembro más a la segunda minoría, o lo que sea, pero hubiesen mantenido la representación mayoritaria mínima de la política. Los que nos sometemos a un proceso de selección y tenemos legitimidad popular debemos ejercer una mayoría mínima. Esto es lo que quedó plasmado en el proyecto elaborado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esa iniciativa tenía un sentido de reivindicación de la política.
Pareciera que algunos andan por la calle pidiendo disculpas por ser dirigentes políticos. Debemos terminar con todo eso. Asumamos nuestras culpas por ser malos políticos, pero no por ser políticos.
Con este proyecto estamos involucionando. Digo esto porque han ideado un Consejo de la Magistratura que se podrá reunir con quórum sin necesidad de que esté presente un solo representante de la política. No van a necesitar a ningún representante del oficialismo, de la oposición, de la primera minoría, de la segunda minoría, ni del Poder Ejecutivo.
Además, debo reconocer que a través de este mecanismo que ustedes denominan de consenso –si nosotros lo hubiésemos hecho hablarían de negociación o de cooptación-, han incluido a la Corte, pero sin que se note mucho, justamente para poder arribar a algún tipo de acuerdo. Lo cierto es que la Corte tiene su presencia, sobre todo con su capacidad de desempate en aquellas votaciones en las que se exija mayoría calificada.
Podré tener diferencias con Menen o con Alfonsín, pero tengo que reconocer que son personas que han reivindicado a la política. Hoy estamos yendo hacia atrás; le estamos entregando todo a un poder corporativo que no tiene ningún tipo de confrontación con la sociedad. Esto claramente constituye un error. Con este proyecto estamos involucionando.
En su momento ustedes nos hicieron pagar un costo, porque instalaron la idea de que íbamos por el Poder Judicial. Ese costo lo tuvieron que pagar los dos representantes de nuestro sector que integran el Consejo de la Magistratura, y por eso hoy quiero reivindicar la tarea que ellos han realizado.
Lo que hicimos en su momento fue darle la mayoría a la política, es decir, a los que tenemos que ir a buscar los votos y a los que tenemos contacto con la gente. Esta es la realidad de lo que hicimos nosotros y de lo que hoy intentan hacer ustedes. De este modo nos van a ubicar más cerca de 1997 que de 2006. Estamos yendo trece años para atrás.
Hoy escuché a un legislador que se enojó porque nosotros hacemos hincapié en el tema de las corporaciones. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que nos escondamos? La verdad es que con este proyecto le están dando más poder a los sectores corporativos. Esto no lo invento yo; lo dicen los números. Tendrían que tenerse más autoestima para intentar preservar una herramienta que construimos entre todos y que le permite al pueblo transformar algunas cosas.
Por estas razones adelanto que nuestro bloque no va a votar la reforma en consideración.
También escuché decir en esta sesión que la reforma de 2006 no contaba con consensos. Seguramente hoy van a sacar un buen número de votos, pero en 2006 nosotros obtuvimos en esta Cámara 149 votos por la afirmativa. El proyecto contó con el apoyo de muchos bloques: además del Frente para la Victoria la iniciativa fue avalada por los bloques Peronista Federal, Vida y Compromiso, Frente Cívico por Santiago del Estero, Proyecto Corrientes, Frente de Todos, Frente Cívico y Social, Frente Popular Bonaerense, Frente Movimiento Popular de San Luis, Renovador de Salta, Frente Unidad Provincial de Tierra del Fuego y otros. Es decir que también nuestra reforma tuvo consenso y las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Siento que la iniciativa sobre la modificación de la ley de tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia tuvo como objetivo eliminarlos, porque si se llegara a sancionar, resultaría mucho más fácil aprobar una ley que dictar un decreto de necesidad y urgencia. Así se eliminaría la herramienta del DNU, que es una herramienta de gestión del Poder Ejecutivo nacional.
A su vez, la reforma de la ley de administración financiera implicará que para mover una partida por cien, diez o un peso se tendrá que presentar un proyecto de ley que nos autorice a mover esa partida por un peso.
El objetivo es tratar de hacer más dificultosa y trabar la posibilidad de gestión de la presidenta de la Nación. También las otras normas que maneja la oposición, tanto en el Senado como en Diputados, tienen un impacto fiscal directo.
Si se llegara a aprobar todo, sería imposible gobernar un país de estas características. Se aumentan gastos e inversiones y se disminuyen ingresos e impuestos. Esto es lo ideal y a cualquiera de nosotros nos gustaría gobernar así, pero es imposible y no existe en ningún lugar del mundo.
Creo que la iniciativa en consideración va en contra de todos nosotros. Involuciona y nos debilita como dirigencia política. El proyecto le quita a quienes tenemos legitimidad popular el rol protagónico que merecemos. También es una norma profundamente corporativa, pues tiene el peso acentuado en las corporaciones. Va en contra de quienes amamos la política y creemos que ella es una herramienta de transformación y cambio y por eso nos sometemos cada dos o cuatro años a la voluntad popular.
Deberíamos seguir teniendo la prevalencia mínima -un voto de diferencia- en la constitución del Consejo de la Magistratura para garantizar el respeto a la voluntad popular. (Aplausos.)
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