En nombre de la libertad de expresión

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata otorgó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez , el Premio Rodolfo Walsh "por su compromiso incuestionable y auténtico en afianzar la libertad de los pueblos".

El discurso del presidente al recibir la distinción se transmitió parcialmente por C5N y TN, quienes cuestionaron la entrega del premio resaltando que durante el gobierno de Chavez “se cerraron 34 emisoras de radio.”

Lo que no aclaran estos medios, es que a esas 34 emisoras se les revocó la concesión por encontrarse usufructuando el espectro radioeléctrico de manera ilegal.
En el año 2009, el Ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, había anunciado que de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela, (LOTEL) las 750 emisoras que operaban en esa fecha en el país debían actualizar sus datos y revisar el estatus de la concesión otorgada por el Estado. A partir de esa convocatoria 240 emisoras ignoraron el llamado iniciándose entonces un proceso administrativo que tuvo como resultado la revocación de 34 licencias porque estaban siendo usufructuadas ilegalmente, encuadrandose en las causales de procedimientos legales para la revocación de la concesión, que según la LOTEL, son: fallecimiento del titular de la concesión, extinción de la concesión de uso del espectro radioeléctrico e incumplimientos en la presentación de los datos de los nuevos operadores de las emisoras, en casos en que éstas hayan sido traspasadas.
La reacción de algunos propietarios de los medios revocados fue alegar persecución y violación de la libertad de expresión por parte del gobierno bolivariano

En nuestro país, lo mismo hace el grupo Clarin: bajo el amparo judicial, provee a través de fibertel un servicio sin la licencia correspondiente, no cumple con las resoluciones de la autoridad de aplicación de la Ley de Medios, no cumple con el reordenamiento de la grilla y censura canales de televisión en su servicio de cable, impide la provisión de papel al resto de los diarios a precios competitivos a través del monopolio de Papel Prensa, incumple con las leyes laborales e impide el ejercicio de la libertad sindical.

Justamente esta empresa, que se beneficio de las dictaduras, que fue cómplice de las peores atrocidades contra nuestro pueblo, se pone encima de las leyes de la democracia y del voto popular invocando un derecho recuperado por todos los argentinos.

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