¿Quiénes festejan? Media Sanción para el proyecto opositor de reforma del INDEC

En el día de ayer, la oposición logró imponer el proyecto de reforma del INDEC, su primera victoria en el Senado. Durante la Sesión, el Senador Pichetto advirtió sobre la verdadera naturaleza del proyecto: “violentar fuertemente la estructura fiscal del país” beneficiando a la timba financiera, que finalmente pagaremos todos.

¿Quiénes Festejan ? Lo cuenta el Cronista Comercial

"Los bonos indexados en pesos festejan los posibles cambios en el Indec"

"Resurge un negocio de u$s 37.000 millones en bonos indexados
Por Juan Cerruti. Subeditor de Economía.

La aprobación de la reforma del Indec en la Cámara de Senadores podría despertar un mercado de u$s 37.400 millones que desde hace tres años está virtualmente anestesiado. En el actual escenario legislativo, hay altas chances de que el proyecto salga también en Diputados. Pero su tratamiento en ese recinto demandará al menos 15 días más.

En este lapso se abre un periodo donde la especulación seguramente volverá a caer sobre los olvidados bonos indexados por la inflación. Se trata de un mercado que representa nada menos que 25% del total de la deuda argentina. Son títulos públicos y otros activos atados al índice de precios oficial, que desde enero de 2007 (cuando se inició la intervención al organismo de estadísticas) están en letargo. Como un gigante dormido.

Despertarlo podría ser un gran negocio para los inversores si se compara la inflación que estiman las consultoras privadas (23% anual) con la oficial (11%). Pero ciertamente amenaza con ser un dolor de cabeza para el Gobierno. Por cada punto menos de inflación se ahorran $ 1.800 millones de las arcas públicas. Sólo en la primera mitad del año esta jugada permitió dejar de pagar $ 8.900 millones. Es la diferencia entre lo que hubieran crecido estos pasivos en caso de computarse la inflación que registran las consultoras y lo que mide el instituto estatal de estadísticas.

En rigor, no se trata de un ahorro palpable en el corto plazo, sino de un flujo de obligaciones a futuro que aumentan a un menor ritmo y por lo tanto generarán desembolsos inferiores al momento de pagarse.

Hoy los bonos atados a la inflación cotizan a una paridad de entre 25% y 50% de su valor nominal. Rinden en promedio 5% por sobre la inflación oficial. Es decir, 17% anual en versión Indec.

Pero si se sincera la inflación, esta cifra podría pasar al 28% anual en pesos. Con un tipo de cambio casi fijo en torno a los 4 pesos por dólar, es un negocio difícil de encontrar en algún otro país del mundo. Para algunos, hasta podría eclipsar al cupón atado al PBI, que sin dudas hoy ocupa el primer lugar entre las preferencias de los inversores tanto locales como del exterior. Pero el riesgo está latente: la pregunta del millón que hoy se hacen los operadores del mercado es si esta reforma llegará tan a fondo como para lograr desarticular en el Indec lo que nadie pudo desde 2007 a la fecha."

¿Juicios sin marcha atrás?

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti presentó el "Informe sobre la tramitación de juicios sobre delitos de lesa humanidad" en el Palacio de Tribunales y señaló que "La enseñanza más importante que podemos rescatar a esta altura de este proceso es que no hay marcha atrás, que forma parte de nuestros consensos básicos y que queda mucho por hacer, pero que hay que hacerlo respetando siempre los principios preliminares".
Llama la atención que Lorenzetti obvie las facultades que tiene el poder Ejecutivo de dictar indultos y el Poder Legislativo para dictar amnistías. Digo esto porque hay importantes referentes de la oposición con aspiraciones presidenciales que en múltiples oportunidades anunciaron la necesidad de una “reconciliación”. La anulación de las leyes de obedicencia debida y punto final, además de una lucha de un amplio sector de nuestro pueblo es fruto de una decisión política, y el único proyecto que garantiza su continuidad es el kirchnerismo.

Nestor Kichner, presidente de la UNASUR impulsó la paz entre Colombia y Venezuela

Luego de varios de meses de conflicto entre Colombia y Venezuela, impulsada por la estrategia guerrerista de Uribe, la UNASUR, encabezada por Nestor Kirchner propició el encuentro entre los presidentes de ambos países que implicó el reanudamiento de las relaciones diplomáticas y una agenda de acciones concretas para el acercamiento de los pueblos.

En Santa Marta, “tierra santa” como definió Chavez, ultima morada de Bolivar y donde además se puede comer una infernal langosta flambeada con ron de Caldas, se pronunció el Acuerdo:

Los presidentes de la República de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en la ciudad de Santa Marta, Colombia, acordaron relanzar la relación bilateral, restableciendo las relaciones diplomáticas entre los dos países con base en diálogo transparente, directo y respetuoso; y privilegiando la vía diplomática.
Este diálogo se llevará a cabo buscando garantizar la permanencia y estabilidad de la relación bilateral, dando estricto cumplimiento al derecho internacional y aplicando los principios de no injerencia en asuntos internos y de respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.
Además, resolvieron establecer un mecanismo de cooperación a nivel de ministros de Relaciones Exteriores para diseñar un estrategia conjunta que aborde las problemáticas de frontera en materia social, económica y de seguridad, que entre otros fines busque prevenir la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley.
Asimismo, decidieron coordinar las actividades de los países con miras a aumentar la presencia de ambos Estados en la zona frontera.
Los mandatarios instruyeron a los cancilleres para que definan los procedimientos concretos necesarios para hacer efectivo el mecanismo, el cual estará acompañado por el Secretario general de Unasur.
Acordaron, igualmente, la creación de 5 comisiones de trabajo en distintas áreas.
Comisión para el pago de la deuda y reimpulso de las relaciones comerciales.
Comisión para trabajar un acuerdo de complementación económica entre ambos países.
Comisión para desarrollar un plan de trabajo de inversión social en la zona de frontera.
Comisión para el desarrollo conjunto de obras de infraestructura.
Comisión de seguridad

A pesar de sus criticos, Nestor Kichner llevó adelante una mediación exitosa en el conflicto más complejo de América Latina, tarea reconocida por las partes e internacionalmente y ninguneada por la oposición política y mediática.

“Un dirigente integral tiene que ser capaz de resolver problemas como intendente, como gobernador, como presidente y como participante de un mundo que debe ser cada vez más multilateral” Condición que Nestor cumple sobradamente.

Macri, un irresponsable

Macri no deja de sorprenderme, cada vez que algún hecho lo toca o lo roza, reacciona de la misma manera: victimizarse para eludir su responsabilidad. Con el procesamiento por asociación ilícita, respondió acusando un complot delirante entre jueces federales y el gobierno, llegando al disparate extremo de proponer un autojuicio político, una especie de “si no me crees, averiguá” propio de quien sabe que propone un camino muerto.

Con el derrumbe ocurrido en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad que Gobierna Macri, ocurre lo mismo. Seguramente aconsejado por sus asesores de imagen, el gobierno macrista pone cara preocupada y por la bocaza de Rodríguez Larreta anuncia que la Ciudad se "presentará en la justicia como querellante" para que se investigue "a fondo". Una vez más, disocian el ejercicio del gobierno presentándose como juez y parte de investigaciones que eventualmente le puedan adjudicar algún tipo de responsabilidad.

Por estas horas, el gobierno macrista se convierte en un relator preocupado de los hechos, en un vecino que dice “que barbaridad”, explicando los trámites burocráticos debidos desde una tercera persona y delegando la responsabilidad en los individuos y la fatalidad.

Pero lo más extraño, en el discurso de autoexculpación, es el reconocimiento de los funcionarios entrevistados de los límites del estado para controlar los acontecimientos: dijo el ministro de obras públicas: “es como pretender que controlemos cada operación que realiza un médico” Si este argumento parece racional, surge la pregunta, Si el estado no puede controlar la conducta de cada individuo ¿porqué cada vez que se comete un crimen le echan la culpa al gobierno por la inseguridad ? Pero acá no hablamos de un crimen, hablamos de la industria de la construcción, una actividad legal, regulada, con inspecciones debidas por ley. Y cuando ocurre una fatalidad, sin duda, existe responsabilidad.

Mauricio, la autovictimización y la disociación pueden funcionar en la vida privada, pero no cuando se representa el poder del estado.

Binner: Las retenciones a la soja las debe fijar el Poder Ejecutivo

El gobernador de Santa Fe sostuvo que "las retenciones a la soja las debe fijar el Poder Ejecutivo" y agregó que "no es lo mismo aplicar retenciones a la carne, al trigo al maíz que a la soja". "Son cosas diferentes. Y esa retención, en realidad técnicamente es un impuesto a la exportación, que constitucionalmente le corresponde a la Nación fijarlo"
¿Que quiso decir Binner ? Es contradictorio afirmar que el Poder Ejecutivo sólo puede fijar los derechos de exportación a la soja y el resto no. Tan absurdo como pretender que el Congreso derogue la facultad de fijar derechos de exportación e importación sólo para algunos productos.
Más allá de preservar la coparticipación de parte de esos derechos, la posición de Binner parece girar hacia la necesidad de separar la imposición de derechos y promover un proyecto de devolución parcial por parte del Estado a los pequeños y medianos productores en lugar de la inviable segmentación.

"La Argentina es el centro de los derechos humanos"

Dijo el Juez español Baltasar Garzón en la ciudad de Córdoba, al concurrir junto con el Secretario de Derechos Humanos Luis Duhalde, a la decimosexta jornada del juicio contra los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez , resaltando además la política impulsada por la gestión del ex presidente Néstor Kirchner por reabrir los procesos contra los acusados de delitos de lesa humanidad.
En una muestra más de su acostumbrada intolerancia, los allegados de los delincuentes agredieron a Garzón, Duhalde y periodistas que intentaron registrar el episodio.

La pata progresista del ochenta y dos por ciento

La semana pasada la Comisión de Previsión Social dictaminó sobre varios proyectos de ley que tratan sobre el sistema jubilatorio. Parte del Grupo A apoyó el dictamen de mayoría donde se establece el haber mínimo en 82 % del salario mínimo, sin especificar las fuentes de financiamiento. Pero otra parte del Grupo A, pertenecientes a los bloques del SI, Socialismo, Gen y Proyecto Sur, firmaron un dictamen de minoría en el mismo sentido aunque esboza, de manera incompleta, las fuentes de financiamiento.

Dice el dictamen: “El pago del haber mínimo garantizado y la recomposición de haberes será financiado: a) con los recursos totales de la ANSES b) con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA que no podrá superar el importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional.”
Esto significa, que el pago inmediato del aumento y la recomposición de haberes implica la liquidación del Fondo de Garantìa de Sustentabilidad, desfinanciando programas como la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales, además de las inversiones productivas en obra pública, industria, energía, vivienda y Pymes. Además, obliga a reestructurar el presupuesto Nacional y derivar de otras partidas presupuestarias, ya que una parte importante del fondo está constituído por bonos del estado nacional que no pueden ser realizados en los plazos previstos por el proyecto.
Pero aún así, como no alcanza para la sustentabilidad del sistema, El Grupo A progresista, propone dejar sin efecto cualquier reducción o exención de los aportes patronales y fijar una alícuota única del treinta y tres por ciento (33%) sobre la nómina salarial. Pero fieles a su militancia pequeñomedianista, excluyen a las ”pequeñas y medianas empresas privadas de capital nacional”, propuesta que sin duda impactará en los niveles de empleo y a mediano plazo, deteriorará aún más la ecuación de aportantes.

Hay que tener presente dos cuestiones: Es dudoso que el PRO, el peronismo federal y la UCR apoyen la suba de los aportes patronales, por lo cual, si el dictamen llega al recinto, será tratado primero el de mayorìa, sin financiamiento, que apoyará el Grupo A progresista con la advertencia de presentar modificaciones en el tratamiento en particular. Modificaciones que serán rechazadas y quedará el dictamen de mayoría. Esto el Grupo A progresista lo sabe, pero adhiere a la estrategia opositora en un todo, ya que de no ser así, hubiera sostenido en comisión el proyecto presentado por ellos mismos de reforma integral del Sistema Previsional (Expediente 1418-D-2010) Este proyecto, al menos, planteaba una discusión a fondo del sistema y daba lugar a la discusión del modelo y la constitución y destino de los recursos del Fondo de Sustentabilidad.

En lugar de ello, el Grupo A progresista, va de cola al proyecto opositor del ajuste y el déficit, escenario deseable de los comensales de Magnetto.

“No es ni peronismo ni disidente, es una nueva fuerza peligrosísima”

Dijo el diputado Diaz Bancalari, en referencia a las reuniones reservadas que lleva adelante el duhaldismo y la derecha con dirigentes de las corporaciones.
Despues de las reuniones con las patronales agropecuarias en la Sociedad Rural, Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Francisco de Narváez y Carlos Reutemann y Mauricio Macri se juntaron con Magnetto del grupo Clarìn para revisar la agenda del 2011.

Mientras, Cobos, conversa animadamente con De Narvaez y se reùne com empresarios menemistas.

“si hacen semejante conspiración a cara descubierta, quiere decir que ya están dispuestos a todo” termina diciendo Diaz Bancalari, compañero que conoce bien el paño.

La picardia perversa del ochenta y dos por ciento

Después del fracaso en el Senado, el Grupo A decidió modificar su estrategia y avanza en la Cámara de Diputados con el 82 por ciento movil para los haberes jubilatorios. En el día de ayer la oposición logró obtener dictamen de mayoría y minoría.

En el dictamen de mayoría, se establece mediante el art. 1°, el 82 % móvil del salario mínimo; en el art. 4 ° se fija como parámetro de movilidad el índice de salarios nivel general y los arts. 5, 6 y 7 establecen el recálculo de haberes previsionales.
Este dictamen fue firmado por los diputados Ibarra – Serebrinsky – Terada – Asef – Buryaile –– Fiad – Gardella – Ledesma – Majdalani – Martínez (e.) – Moran – Portela – Reyes – Rioboo y Rossi (l.)

Hay que destacar que la mayoría de estos diputados pertenecen a los bloques del peronismo Federal, PRO, UCR y Coalición Cívica, que en su momento se opusieron a la eliminación de las AFJP, la Creación del Sistema Jubilatorio administrado por el estado y a la Movilidad jubilatoria. De hecho, los diputados Gardella, Ledesma, Martinez, Moran, Portela, Reyes y Rioboo, con mandato en el 2008, votaron personalmente en contra de estas iniciativas.

Nadie sabe exactamente cual es el monto de inversión necesaria para cumplir con el proyecto de ley opositor. Se habla de 30 mil millones de pesos para el reajuste, de pago inmediato y una cifra difícil de dimensionar en el tiempo que implica el aumento del 82 % móvil.
Hay que tener en cuenta que la aplicación del 82 implica un aumento del 40 % sobre el haber mínimo y si consideramos que la mayoría de los jubilados cobra ese haber, esto significa un aumento de la inversión del 30 al 40 % sobre el gasto primario del estado dedicado al pago de jubilaciones que a su vez representa casi el 40 % del presupuesto nacional. Sumado a esto, los haberes reajustados recibirán tambièn el aumento bianual por movilidad. ¿A cuanto asciende este paquete, hoy y en el futuro ? Nadie proyectó esta cifra

Sin embargo, el reclamo parece justo, casi una reparación histórica, pero la oposición no dice de dónde sacar los recursos. Aunque en realidad señala a la ANSSES, reclamando la liquidación de sus ahorros e inversiones, pero el problema es hacia el futuro.

Por tomar un dato, para pagar el 82 % se necesitan 4 aportantes por cada trabajador activo, hoy llegamos a 1,5 y aunque se aumenten los aportes patronales no alcanza para sostenerlo el sistema en el tiempo.

Pero a la oposición lo le importa. Si se sanciona este proyecto significa el ajuste y la destrucción del Sistema Previsional. Sin embargo,saben que este proyecto es inviable e irresponsable y juegan al veto presidencial en un año electoral.

Una picardía perversa que no merecen los jubilados ni el conjunto de los argentinos.

Las retenciones no caen el 24 de agosto

Días pasados el Grupo A gropecuario, insistió con la disparatada tesis de que las retenciones (derechos de exportación) vencen el 24 de agosto sin necesidad de la sanción de una ley que fije nuevos aranceles.
Esta posición se funda en la interpretación antojadiza del artículo 76 de la Constitución Nacional y de la ley 26.122 que reglamentó el control parlamentario y los efectos del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, ambas normas son claras respecto de que el vencimiento del plazo establecido por la ley delegante no afecta a las relaciones jurídicas que nacieron en su consecuencia.
Así fue interpretado por los integrantes del Equipo Técnico Jurídico previsto en el art. 5 de la ley 26.519 y cuyo dictamen integra el Informe Final de la Comisión Bicameral de Facultades Delegadas del Congreso de la Nación.

En el punto 10 del dictamen del Equipo Técnico Jurídico integrado por el Dr. Enrique Paixao, Dr. Alberto García Lema, Dr. Luis Lozano y el Dr. Alfonso Santiago, se trata esta cuestión y sus conclusiones.

“10. La vigencia de las normas emitidas en ejercicio de competencias delegadas una vez derogadas las delegantes

A fin de despejar cualquier duda que pudiera abrigarse al respecto, conviene dejar sentado un principio de lógica jurídica uniformemente aceptado en el derecho comparado y en nuestro país hasta la reforma constitucional de 1994, que no innovó a ese respecto: las normas emitidas en ejercicio de facultades legislativas delegadas no pierden su vigor por la derogación de las leyes delegantes a cuyo amparo nacieron. Ello obedece a la circunstancia de que, vigente la norma delegante al tiempo de sanción de la delegada, la validez del acto que dio origen a esta última debe juzgarse por las normas aplicables al tiempo en que fue celebrado y, en ese entonces, la norma delegante regía. La posterior derogación de la norma delegante no tiene efecto más que sobre ella misma, no sobre otras normas a cuyo nacimiento dio lugar de modo irrevocable. Dicho de otro modo, la norma delegada no nace subordinada a la condición resolutoria de que la delegante subsista sino que la vigencia de una y otro son independientes; tanto puede perderla la delegante como la delegada sin que ello impacte en su correlativa.

De cualquier modo, la caducidad resultante del vencimiento del plazo no importará –como lo establece el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución, aplicable a la Disposición Transitoria Octava (ver, encabezamiento de esa cláusula)- la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa, aspecto que también es alcanzado por algunas aclaraciones de opinión de integrantes de la Comisión, realizadas en este informe.”

Aclarado este punto, el itinerario del tema de los derechos de exportación de los productos agropecuarios se torna complicado para las intenciones opositoras. Si no prorrogan la delegación en esta materia, el Poder Ejecutivo, no podrá subir ni bajar las retenciones, por lo cual la oposición debe aprobar un nuevo proyecto con una postura única y homogénea para obtener la sanción.
Por otra parte sino se prorrogan las facultades del Poder Ejecutivo para fijar derechos de importación y exportación, la oposición deberá constituirse en una “Aduana paralela” para fijar las miles de posiciones arancelarias del código aduanero. Claro que podrá mantener las facultades de todos los productos en manos del Poder Ejecutivo y recuperar puntualmente la potestad de fijarlas en los productos agropecuarios. Demostrando, una vez más, su único y verdadero proyecto político, la de ser representantes del modelo agroexportador y su incapacidad para desarrollar un modelo económico integrado.