La protesta de gendarmería y prefectura que se esta desarrollando en estos días tiene fundamentos validos y un desarrollo incierto.
En el origen del conflicto se encuentra una fuerte inequidad salarial, ya que gran parte de los integrantes de estas fuerzas tienen sus sueldos fijados por medidas judiciales. El gobierno intentó corregir con un DNU situación y ya sea por impericia, error o intención, se liquidaron los sueldos de manera “desastrosa” tal como dijo el Jefe de Gabinete.
El petitorio presentado por gendarmería y prefectura es de difícil resolución y depende de la voluntad de negociación fundamentalmente de quienes protestan. Se pretende subir el piso manteniendo a su vez el nivel de los salarios judicializados, además de evitar todo tipo de sanción o investigación sobre el conflicto, entre estas cosas.
Pero no se trata de trabajadores como otros, sino que representan gran parte de la fuerza represiva del estado. El acceso a las armas, el entrenamiento para usarlas. las funciones asignadas por el estado en áreas de seguridad los hacen trabajadores con características especiales con una capacidad de peticionar- exigir que ningún otro trabajador tiene.
Por otra parte, carecen de sindicato y no los alcanzan las leyes que regulan el conflicto laboral. Así, sin representación ni práctica sindical, el límite de la protesta es su propia voluntad y los hacen pasibles de manipulación de quienes buscan algo más frente a escenarios de frustración parcial o total de sus demandas.
Ni indiferencia ni paranoia, pero hay que mirar de cerca el conflicto y darle una resolución política que no solo resuelva la cuestión salarial sino que reglamente el ejercicio de la protesta en ese ámbito. Y fundamentalmente, advertir que la concentración y la adjudicación de “funciones adicionales” en las fuerzas de seguridad tienen costos para la democracia.
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