En la sesión de la Cámara de diputados del 3 de diciembre último, se trató el proyecto de ley sobre ampliación de las categorías de personas consideradas víctimas del terrorismo de estado entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, quedando así alcanzadas por los beneficios del régimen legal de desaparición forzada de personas. El proyecto reconoce taxativamente a las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo y del golpe del 16 de septiembre de 1955, además de incorporar a los militantes de la resistencia peronista.
En la sesión estaban presentes los familiares de la Comisión del 55, que impulsaron junto a los diputados del FPV el proyecto en consideración.
El tratamiento parecía que iba a transcurrir sin sobresaltos con el apoyo de la totalidad de los legisladores. Y era lógico, se trataba de un acto de reparación para las víctimas del 16 de junio, donde murieron al menos 321 personas - aún no se sabe la cantidad exacta – donde hubo centenares de heridos, como resultado del bombardeo de la marina y la aeronautica realizado durante 8 horas sobre la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad. Se trataba, ni más ni menos que la reparación a las víctimas del atentado terrorista más grave de nuestra historia.
Pero No.
Un grupo de legisladores, principalmente de la Unión Cívica Radical, empezaron con los peros. Cuestionaban la “fecha tope” del 16 de junio, señalando que era una mezquindad la no inclusión de “todos los luchadores y luchadoras”. Radicales, liberales, socialistas, anarquistas y todo perseguido desde la época de la colonia hasta nuestros días fue recordado a la luz del discurso universalista de los derechos humanos.
Finalmente la votación resultó con 165 votos afirmativos y 28 abstenciones (Unión Cívica Radical, conservadores y algún despistado)
Lo que resulta interesante es el fenómeno de ocultamiento y negación que sigue provocando en algunos sectores políticos el 16 de junio. A tal punto, que aún hay reparos en incorporar esa fecha de manera explícita en una ley de reparación histórica, buscando en su lugar, que se diluya como uno más de los terribles episodios de nuestra historia.
Quizás tenga que ver con que es la primera vez que el Estado establece el hecho y sus consecuencias por ley, generando obligaciones de resarcimiento y reconocimiento a las víctimas, por parte del Estado, es decir, por parte de la representación jurídica de toda la comunidad.
Y parece que molesta eso de recordar que el antiperonismo, expresado por los partidos políticos opositores, la iglesia y los militares, tuvieron su bautismo de fuego matando a cientos de civiles indefensos en nombre de la democracia y la libertad.
En la sesión estaban presentes los familiares de la Comisión del 55, que impulsaron junto a los diputados del FPV el proyecto en consideración.
El tratamiento parecía que iba a transcurrir sin sobresaltos con el apoyo de la totalidad de los legisladores. Y era lógico, se trataba de un acto de reparación para las víctimas del 16 de junio, donde murieron al menos 321 personas - aún no se sabe la cantidad exacta – donde hubo centenares de heridos, como resultado del bombardeo de la marina y la aeronautica realizado durante 8 horas sobre la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad. Se trataba, ni más ni menos que la reparación a las víctimas del atentado terrorista más grave de nuestra historia.
Pero No.
Un grupo de legisladores, principalmente de la Unión Cívica Radical, empezaron con los peros. Cuestionaban la “fecha tope” del 16 de junio, señalando que era una mezquindad la no inclusión de “todos los luchadores y luchadoras”. Radicales, liberales, socialistas, anarquistas y todo perseguido desde la época de la colonia hasta nuestros días fue recordado a la luz del discurso universalista de los derechos humanos.
Finalmente la votación resultó con 165 votos afirmativos y 28 abstenciones (Unión Cívica Radical, conservadores y algún despistado)
Lo que resulta interesante es el fenómeno de ocultamiento y negación que sigue provocando en algunos sectores políticos el 16 de junio. A tal punto, que aún hay reparos en incorporar esa fecha de manera explícita en una ley de reparación histórica, buscando en su lugar, que se diluya como uno más de los terribles episodios de nuestra historia.
Quizás tenga que ver con que es la primera vez que el Estado establece el hecho y sus consecuencias por ley, generando obligaciones de resarcimiento y reconocimiento a las víctimas, por parte del Estado, es decir, por parte de la representación jurídica de toda la comunidad.
Y parece que molesta eso de recordar que el antiperonismo, expresado por los partidos políticos opositores, la iglesia y los militares, tuvieron su bautismo de fuego matando a cientos de civiles indefensos en nombre de la democracia y la libertad.
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