Sr. Rossi (A.O.).- Señor presidente: tal como lo han expresado todos los diputados que hicieron uso de la palabra en nombre de nuestro bloque, como así también aquellos que adelantaron su voto favorable a esta iniciativa, concurrimos a este debate con un sentimiento de alegría y de justicia.
Estoy convencido de que esta es una de las medidas estructurales más trascendentes que se han adoptado durante los cuatro años y medio del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y durante la actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A esta altura de la reunión podemos decir que hay una cantidad de conceptos que se han ido aclarando, que guardan relación con las distintas cuestiones que se plantearon durante el debate que hemos mantenido en las últimas semanas. Si me permiten, quisiera precisar algunas de ellas.
He escuchado a algunos legisladores hablar de la supuesta falta de constitucionalidad y apego institucional de esta medida que estamos sancionando. Simplemente quiero leer uno de los incisos de la Constitución nacional que reglamentan las funciones que tiene el Parlamento argentino.
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución nacional dice: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
La verdad es que cualquier iniciativa que tenga que ver con algunos de estos aspectos descriptos en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional encuadra perfectamente dentro de la categoría de constitucional.
Se ha hablado ‑y me parece que uno tiene que rescatarlo aunque sea sintéticamente‑ de la perversidad del sistema de capitalización que se instauró en el país a partir de 1994, más allá de quien lo hizo o de quien no hizo nada para cambiarlo posteriormente. Por algo lo tienen tan pocos países del mundo.
Es un sistema en el cual los activos aportaban al sector privado y el Estado se quedaba con los pasivos. Como el Estado no tenía ingresos, se generaba déficit, que era saldado tomando deuda con el sistema de capitalización, que a su vez cobraba intereses. Esta deuda era pagada finalmente por la totalidad de los argentinos a través de los impuestos.
Es un sistema perversísimo para cualquier Estado, para este gobierno y para los que vendrán. Entonces la sola eliminación de este sistema perverso es una buena noticia, a partir de la cual podremos empezar a planificar un país con todos los elementos, instrumentos y recursos que se puedan generar.
Le prestaban al Estado argentino la plata de los argentinos y le cobraban intereses. La verdad es que además de perverso, seguir sosteniéndolo era de una gran tontería y una gran estupidez.
El segundo elemento que quiero mencionar es sobre el objeto y el sujeto social a defender, que es de lo que menos se ha hablado en este recinto durante esta sesión. Y creo que no se habla porque en realidad es uno de los elementos más contundentes que se pueden encontrar al momento de decidir la finalización de este sistema que tiene catorce años de vigencia en la Argentina.
No hay ningún ejercicio matemático, ni actual ni futuro, que establezca que un argentino que se jubile por el sistema de capitalización vaya a cobrar más que otro que se jubile por el sistema de reparto, en las mismas condiciones.
Todos los que se jubilan por el sistema de capitalización cobran entre un 25 y un 30 por ciento menos que los que lo hacen por el sistema de reparto, y cuanto más ganan mayor es la diferencia.
Quiero decir algo más que me parece que también tenemos que tener en cuenta porque es intrínseco a la perversidad que tenía el sistema. Este mes se conmemora el día de la no violencia contra la mujer. Este sistema de capitalización hacía que las mujeres cobraran menos que los hombres en igualdad de condiciones, porque el monto acumulado se dividía por una cantidad de años superior en el caso de las mujeres, cuya expectativa de vida es mayor que la del hombre. La verdad que es otro elemento de tal contundencia que por sí solo sería suficiente para terminar con este sistema.
El fomento del mercado de capitales tuvo en la Argentina un éxito bastante cuestionable o poco verificable en todos estos años.
Esta no es la primera crisis del mercado de capitales desde que el sistema de capitalización está vigente. Con el efecto Tequila y la devaluación que se produjo en Brasil dijeron exactamente lo mismo que ahora: tenemos que esperar, el mercado se va a recuperar y así se recuperarán los ahorros de los trabajadores. Pero por cierto nada de eso pasó.
Voy a leer la trascripción de un comentario vertido por un dirigente que no es del oficialismo en un reportaje que le hicieron el 17 de septiembre de 2008 en el programa televisivo “A dos voces”: “El último dato para que entendamos la dimensión de lo que está pasando, Marcelo…” –se refiere al periodista Marcelo Bonelli‑ “…en el último año los ahorros de los futuros jubilados en la Argentina, vale decir, los recursos de las AFJP, han perdido más de un 20 por ciento de su valor en términos reales, entonces esto es un problema que ya nos toca y que a mí me gustaría ver a nuestras autoridades resolviéndolo, no peleándose dialécticamente con el resto del mundo.” Esto lo dijo Alfonso Prat Gay el 17 de septiembre de 2008. (Aplausos.)
Lo decía hace dos meses en el programa de televisión al que hice referencia.
Me parece que estamos dando respuesta a ese pedido de un dirigente…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Fellner).- ¡Por favor, señores diputados, hagan silencio!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra. Bullrich.- ¡Leelo de nuevo!
Sr. Rossi (A.O.).- ¿Le puede decir que se calle, señor presidente? Yo no la interrumpí cuando habló.
Sr. Presidente (Fellner).- Justamente la Presidencia estaba solicitando silencio a los señores diputados.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi (A.O.).- También se habló de los controles. Para poner las cosas en su verdadera dimensión hay que precisar qué controles existen en la actualidad y cuáles habrá en el momento en que estos fondos pasen al Estado.
Los fondos que hoy están dentro de las AFJP tienen los controles normativos u operativos que exclusivamente realiza la Superintendencia de AFJP. A partir del momento en que los fondos pasen al Estado tendrán dos controles que nosotros incluimos en el proyecto de ley. Uno ya estaba previsto en el mensaje del Poder Ejecutivo por medio de la constitución de la comisión bicameral, que he visto subestimada y subalternizada por algunos legisladores opositores. Lo cierto es que es una comisión bicameral que tiene como destino específico el control de los fondos de la seguridad social.
En el artículo 11 hemos incorporado una demanda de muchísimos bloques de la oposición, que también existía en nuestro bloque, y que a fuerza de ser sincero estaba incluido en el decreto por el que se crea el fondo de garantía de sustentabilidad del sistema de previsión y seguridad social dentro de la ANSES. Me refiero a la creación del consejo consultivo, con la participación de todos los actores más representativos de la sociedad, empezando por las organizaciones de jubilados y pensionados, así como representantes de las asociaciones de bancos, las organizaciones empresariales y las gremiales de trabajadores.
Además, como están dentro del Estado tendrán los controles que tienen todos los fondos que circulan en él: el de la SIGEN y el externo de la Auditoría General de la Nación que, como todos ustedes saben, está presidida por una persona propuesta por el principal partido de la oposición.
Me parece que estamos dando vuelta la página de una historia que ha traído un gran perjuicio al Estado argentino, como asimismo un enorme perjuicio a los jubilados de reparto y a los de capitalización. Los que estaban en el régimen de capitalización habrían cobrado más si hubiesen estado en el régimen de reparto, y los que estaban en el régimen de reparto durante muchos años estuvieron condenados a que no se les aumentaran sus haberes, entre otras cosas, porque el sistema estaba absolutamente desfinanciado.
En muchísimas oportunidades se ha puesto en duda el destino y el objetivo de los fondos, y se preguntó para qué hacíamos esto. Nadie reconoció ni rescató que éste es el primer gobierno en muchísimos años que puede demostrar una administración superavitaria del sistema de seguridad social.
Nosotros no tenemos una ANSES deficitaria ni salimos a buscar fondos en otro lado. Por el contrario, tenemos una ANSES superavitaria y además de estar realizando la unificación del sistema previsional dentro del Estado argentino, con un profundo criterio de distributivo y de solidaridad, lo que estamos haciendo efectivamente es rescatar a todos aquellos jubilados y trabajadores que están dentro del sistema de capitalización, que si no tomamos medidas van a ver disminuidos sus ingresos cada día más y van a seguir perdiendo sus expectativas de tener una jubilación digna y acorde al esfuerzo que han hecho.
Todo lo que hemos dicho ha sucedido porque durante años el esfuerzo que hicieron los trabajadores dentro del sistema de capitalización se ha visto absolutamente menguado por las altísimas comisiones que han cobrado cada una de estas empresas. Además de esas comisiones, en determinado momento a los afiliados al sistema de capitalización se les redujo los aportes del 11 al 5 por ciento, y luego se les aumentó del 5 al 7 por ciento.
Entonces, la situación de desfinanciamiento de aquellos afiliados al sistema de capitalización es notoria comparada con la de los afiliados al sistema de reparto. Eso es lo que no permite que ningún cálculo matemático sobre jubilaciones, en el mismo momento y en iguales condiciones, sea beneficioso para el sistema de capitalización.
Aquí también se ha hablado acerca del tiempo. La permanencia de una discusión en el tiempo no es inocua; no es algo indistinto. ¿Acaso no vimos lo que hicieron los muchachos apenas se enteraron de que podía terminarse con el sistema de capitalización? ¿No vimos cómo tuvo que intervenir el Estado argentino por medio del Banco Central para frenar la salida de dólares? Eso no es inocuo.
Por otra parte, quiero señalar que la semana pasada estuvimos analizando esta iniciativa durante tres días en las reuniones conjuntas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social. Salvo el titular de las AFJP, no hubo nadie, ni un economista, ni un académico, ni un dirigente social, gremial o empresario, que haya venido a este Congreso de la Nación a defender la vigencia del sistema de capitalización. Todos los que pasaron por las comisiones abogaron por el sistema público y por la unificación del sistema previsional argentino.
Incluso lo hicieron algunos actores que cuando se trató el tema de la movilidad estaban en contra, como es el caso del presidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, el doctor Jáuregui, o del Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Eugenio Semino. También se manifestaron a favor todas las organizaciones de jubilados, del mismo modo que las organizaciones del mundo del trabajo –CGT y CTA‑ expresaron su opinión favorable.
Entonces, si hablamos de debate serio y responsable y de intercambio de ideas, no propusieron a nadie para que venga a fijar una postura distinta. Yo sé que no fue aquí adentro, pero fuera del recinto se escucharon las descalificaciones, los insultos, los agravios y el intento permanente de hablar sobre lo subjetivo de la intención del proyecto.
Nosotros hicimos todo un esfuerzo –quizás porque las cosas son como son‑ para tratar de no entrar en un debate estéril que descalifique. Siempre hemos intentado que el debate sea sobre la cuestión de fondo en cuanto a lo que pretendemos con esta iniciativa.
También se habló de la premura. Quizás convenga recordar alguna de las cosas que ha hecho este Parlamento antes de relacionar este debate con la premura. El 23 de marzo de 2001 ingresó al Congreso el expediente 1.183‑D.-01. Se trataba de la iniciativa que otorgaba superpoderes a Caballo, que fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
No tuvo trámite en comisión y se consideró a los dos días en una sesión especial, el 25 de marzo, constituyéndose la Cámara en comisión para tratar el proyecto sin despacho de comisión. El tratamiento duró hasta el 27 de marzo y luego la sanción pasó al Senado de la Nación, donde se trató sobre tablas, sin debate en comisión, siendo sancionado el proyecto el 28 de marzo.
Esto ocurrió apenas cinco días después de su ingreso al Congreso. Con dos sesiones especiales y sin tratamiento en comisión se aprobaron los superpoderes a Cavallo. La verdad que no se puede impugnar este debate luego de estos ejemplos. (Aplausos.)
La discusión se dio con mucha franqueza. Hemos tratado de buscar los mayores niveles de diálogo y de consenso, pero hay que ser honestos con nosotros mismos: el consenso no es una obligación exclusiva del oficialismo. Entiendo que el oficialismo tiene las mayores responsabilidades y debe dar siempre los primeros pasos, pero si se rebota siempre, como la pelota en el frontón, ya no es nuestra responsabilidad exclusiva.
Alcanzamos niveles de consenso en la medida en que tuvimos la posibilidad de hacerlo. Tenemos la conciencia tranquila porque el bloque oficialista y el Poder Ejecutivo trataron de flexibilizar y avanzar sobre líneas de acción comunes.
Después, que un día aparecía que hicimos muchas modificaciones, y al día siguiente que no servían para nada... las interpretaciones que se hacen sobre ese tipo de cuestiones ya no son de nuestra responsabilidad.
Creo interpretar el sentir de todos los miembros de nuestro bloque. Esta es una de las iniciativas más trascendentes que hemos considerado en los últimos años en el Parlamento de la Nación. Lo hemos hecho como siempre; incluso, tratando de cuidar más la totalidad de los detalles, a fin de que la consideración sea trasparente y austera, sin apelar a ningún tipo de calificación, y defendiendo con convicción lo que queremos.
Nos encontramos con la tranquilidad política y de conciencia de que si hay un aspecto, en esos cinco años y medio de gestión -primero de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner-, en donde la política y la gestión del gobierno siempre fue in crescendo, siempre fue por más, es el de la política previsional. Empezamos generando empleo en blanco para ir sanando las finanzas del sistema de previsión social.
Por otra parte, nos dimos cuenta de la gran cantidad de argentinos que habían quedado afuera del sistema de seguridad social y de la posibilidad de tener una jubilación, algunos porque no habían completado los aportes y otros porque nunca tuvieron la posibilidad de trabajar en blanco. Es así que lanzamos esa fenomenal moratoria que nos permitió tener un millón y medio de jubilados más en nuestra Argentina. (Aplausos.)
Sabíamos que teníamos pendiente la movilidad previsional y la tratamos y sancionamos hace un mes en esta Cámara. Antes de esta movilidad dimos trece aumentos, con lo cual la jubilación mínima aumentó en un 360 por ciento y la jubilación media en alrededor de un 150 por ciento.
Si alguna cosa podemos defender con absoluta tranquilidad de conciencia, con absoluto orgullo por todo lo que ha hecho el gobierno, es lo realizado en el sistema previsional.
Hoy venimos a dar vuelta una página más, una puerta más -de las más importantes-, porque esta medida es ciertamente estructural. Como siempre decimos, seguramente quedarán cosas por hacer para seguir mejorando, pero créanme que ésta es de las puertas más importantes que podemos empezar a dar vuelta.
Estoy convencido de que esta es una de las medidas estructurales más trascendentes que se han adoptado durante los cuatro años y medio del gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y durante la actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A esta altura de la reunión podemos decir que hay una cantidad de conceptos que se han ido aclarando, que guardan relación con las distintas cuestiones que se plantearon durante el debate que hemos mantenido en las últimas semanas. Si me permiten, quisiera precisar algunas de ellas.
He escuchado a algunos legisladores hablar de la supuesta falta de constitucionalidad y apego institucional de esta medida que estamos sancionando. Simplemente quiero leer uno de los incisos de la Constitución nacional que reglamentan las funciones que tiene el Parlamento argentino.
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución nacional dice: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
La verdad es que cualquier iniciativa que tenga que ver con algunos de estos aspectos descriptos en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional encuadra perfectamente dentro de la categoría de constitucional.
Se ha hablado ‑y me parece que uno tiene que rescatarlo aunque sea sintéticamente‑ de la perversidad del sistema de capitalización que se instauró en el país a partir de 1994, más allá de quien lo hizo o de quien no hizo nada para cambiarlo posteriormente. Por algo lo tienen tan pocos países del mundo.
Es un sistema en el cual los activos aportaban al sector privado y el Estado se quedaba con los pasivos. Como el Estado no tenía ingresos, se generaba déficit, que era saldado tomando deuda con el sistema de capitalización, que a su vez cobraba intereses. Esta deuda era pagada finalmente por la totalidad de los argentinos a través de los impuestos.
Es un sistema perversísimo para cualquier Estado, para este gobierno y para los que vendrán. Entonces la sola eliminación de este sistema perverso es una buena noticia, a partir de la cual podremos empezar a planificar un país con todos los elementos, instrumentos y recursos que se puedan generar.
Le prestaban al Estado argentino la plata de los argentinos y le cobraban intereses. La verdad es que además de perverso, seguir sosteniéndolo era de una gran tontería y una gran estupidez.
El segundo elemento que quiero mencionar es sobre el objeto y el sujeto social a defender, que es de lo que menos se ha hablado en este recinto durante esta sesión. Y creo que no se habla porque en realidad es uno de los elementos más contundentes que se pueden encontrar al momento de decidir la finalización de este sistema que tiene catorce años de vigencia en la Argentina.
No hay ningún ejercicio matemático, ni actual ni futuro, que establezca que un argentino que se jubile por el sistema de capitalización vaya a cobrar más que otro que se jubile por el sistema de reparto, en las mismas condiciones.
Todos los que se jubilan por el sistema de capitalización cobran entre un 25 y un 30 por ciento menos que los que lo hacen por el sistema de reparto, y cuanto más ganan mayor es la diferencia.
Quiero decir algo más que me parece que también tenemos que tener en cuenta porque es intrínseco a la perversidad que tenía el sistema. Este mes se conmemora el día de la no violencia contra la mujer. Este sistema de capitalización hacía que las mujeres cobraran menos que los hombres en igualdad de condiciones, porque el monto acumulado se dividía por una cantidad de años superior en el caso de las mujeres, cuya expectativa de vida es mayor que la del hombre. La verdad que es otro elemento de tal contundencia que por sí solo sería suficiente para terminar con este sistema.
El fomento del mercado de capitales tuvo en la Argentina un éxito bastante cuestionable o poco verificable en todos estos años.
Esta no es la primera crisis del mercado de capitales desde que el sistema de capitalización está vigente. Con el efecto Tequila y la devaluación que se produjo en Brasil dijeron exactamente lo mismo que ahora: tenemos que esperar, el mercado se va a recuperar y así se recuperarán los ahorros de los trabajadores. Pero por cierto nada de eso pasó.
Voy a leer la trascripción de un comentario vertido por un dirigente que no es del oficialismo en un reportaje que le hicieron el 17 de septiembre de 2008 en el programa televisivo “A dos voces”: “El último dato para que entendamos la dimensión de lo que está pasando, Marcelo…” –se refiere al periodista Marcelo Bonelli‑ “…en el último año los ahorros de los futuros jubilados en la Argentina, vale decir, los recursos de las AFJP, han perdido más de un 20 por ciento de su valor en términos reales, entonces esto es un problema que ya nos toca y que a mí me gustaría ver a nuestras autoridades resolviéndolo, no peleándose dialécticamente con el resto del mundo.” Esto lo dijo Alfonso Prat Gay el 17 de septiembre de 2008. (Aplausos.)
Lo decía hace dos meses en el programa de televisión al que hice referencia.
Me parece que estamos dando respuesta a ese pedido de un dirigente…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Fellner).- ¡Por favor, señores diputados, hagan silencio!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra. Bullrich.- ¡Leelo de nuevo!
Sr. Rossi (A.O.).- ¿Le puede decir que se calle, señor presidente? Yo no la interrumpí cuando habló.
Sr. Presidente (Fellner).- Justamente la Presidencia estaba solicitando silencio a los señores diputados.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi (A.O.).- También se habló de los controles. Para poner las cosas en su verdadera dimensión hay que precisar qué controles existen en la actualidad y cuáles habrá en el momento en que estos fondos pasen al Estado.
Los fondos que hoy están dentro de las AFJP tienen los controles normativos u operativos que exclusivamente realiza la Superintendencia de AFJP. A partir del momento en que los fondos pasen al Estado tendrán dos controles que nosotros incluimos en el proyecto de ley. Uno ya estaba previsto en el mensaje del Poder Ejecutivo por medio de la constitución de la comisión bicameral, que he visto subestimada y subalternizada por algunos legisladores opositores. Lo cierto es que es una comisión bicameral que tiene como destino específico el control de los fondos de la seguridad social.
En el artículo 11 hemos incorporado una demanda de muchísimos bloques de la oposición, que también existía en nuestro bloque, y que a fuerza de ser sincero estaba incluido en el decreto por el que se crea el fondo de garantía de sustentabilidad del sistema de previsión y seguridad social dentro de la ANSES. Me refiero a la creación del consejo consultivo, con la participación de todos los actores más representativos de la sociedad, empezando por las organizaciones de jubilados y pensionados, así como representantes de las asociaciones de bancos, las organizaciones empresariales y las gremiales de trabajadores.
Además, como están dentro del Estado tendrán los controles que tienen todos los fondos que circulan en él: el de la SIGEN y el externo de la Auditoría General de la Nación que, como todos ustedes saben, está presidida por una persona propuesta por el principal partido de la oposición.
Me parece que estamos dando vuelta la página de una historia que ha traído un gran perjuicio al Estado argentino, como asimismo un enorme perjuicio a los jubilados de reparto y a los de capitalización. Los que estaban en el régimen de capitalización habrían cobrado más si hubiesen estado en el régimen de reparto, y los que estaban en el régimen de reparto durante muchos años estuvieron condenados a que no se les aumentaran sus haberes, entre otras cosas, porque el sistema estaba absolutamente desfinanciado.
En muchísimas oportunidades se ha puesto en duda el destino y el objetivo de los fondos, y se preguntó para qué hacíamos esto. Nadie reconoció ni rescató que éste es el primer gobierno en muchísimos años que puede demostrar una administración superavitaria del sistema de seguridad social.
Nosotros no tenemos una ANSES deficitaria ni salimos a buscar fondos en otro lado. Por el contrario, tenemos una ANSES superavitaria y además de estar realizando la unificación del sistema previsional dentro del Estado argentino, con un profundo criterio de distributivo y de solidaridad, lo que estamos haciendo efectivamente es rescatar a todos aquellos jubilados y trabajadores que están dentro del sistema de capitalización, que si no tomamos medidas van a ver disminuidos sus ingresos cada día más y van a seguir perdiendo sus expectativas de tener una jubilación digna y acorde al esfuerzo que han hecho.
Todo lo que hemos dicho ha sucedido porque durante años el esfuerzo que hicieron los trabajadores dentro del sistema de capitalización se ha visto absolutamente menguado por las altísimas comisiones que han cobrado cada una de estas empresas. Además de esas comisiones, en determinado momento a los afiliados al sistema de capitalización se les redujo los aportes del 11 al 5 por ciento, y luego se les aumentó del 5 al 7 por ciento.
Entonces, la situación de desfinanciamiento de aquellos afiliados al sistema de capitalización es notoria comparada con la de los afiliados al sistema de reparto. Eso es lo que no permite que ningún cálculo matemático sobre jubilaciones, en el mismo momento y en iguales condiciones, sea beneficioso para el sistema de capitalización.
Aquí también se ha hablado acerca del tiempo. La permanencia de una discusión en el tiempo no es inocua; no es algo indistinto. ¿Acaso no vimos lo que hicieron los muchachos apenas se enteraron de que podía terminarse con el sistema de capitalización? ¿No vimos cómo tuvo que intervenir el Estado argentino por medio del Banco Central para frenar la salida de dólares? Eso no es inocuo.
Por otra parte, quiero señalar que la semana pasada estuvimos analizando esta iniciativa durante tres días en las reuniones conjuntas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social. Salvo el titular de las AFJP, no hubo nadie, ni un economista, ni un académico, ni un dirigente social, gremial o empresario, que haya venido a este Congreso de la Nación a defender la vigencia del sistema de capitalización. Todos los que pasaron por las comisiones abogaron por el sistema público y por la unificación del sistema previsional argentino.
Incluso lo hicieron algunos actores que cuando se trató el tema de la movilidad estaban en contra, como es el caso del presidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, el doctor Jáuregui, o del Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Eugenio Semino. También se manifestaron a favor todas las organizaciones de jubilados, del mismo modo que las organizaciones del mundo del trabajo –CGT y CTA‑ expresaron su opinión favorable.
Entonces, si hablamos de debate serio y responsable y de intercambio de ideas, no propusieron a nadie para que venga a fijar una postura distinta. Yo sé que no fue aquí adentro, pero fuera del recinto se escucharon las descalificaciones, los insultos, los agravios y el intento permanente de hablar sobre lo subjetivo de la intención del proyecto.
Nosotros hicimos todo un esfuerzo –quizás porque las cosas son como son‑ para tratar de no entrar en un debate estéril que descalifique. Siempre hemos intentado que el debate sea sobre la cuestión de fondo en cuanto a lo que pretendemos con esta iniciativa.
También se habló de la premura. Quizás convenga recordar alguna de las cosas que ha hecho este Parlamento antes de relacionar este debate con la premura. El 23 de marzo de 2001 ingresó al Congreso el expediente 1.183‑D.-01. Se trataba de la iniciativa que otorgaba superpoderes a Caballo, que fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
No tuvo trámite en comisión y se consideró a los dos días en una sesión especial, el 25 de marzo, constituyéndose la Cámara en comisión para tratar el proyecto sin despacho de comisión. El tratamiento duró hasta el 27 de marzo y luego la sanción pasó al Senado de la Nación, donde se trató sobre tablas, sin debate en comisión, siendo sancionado el proyecto el 28 de marzo.
Esto ocurrió apenas cinco días después de su ingreso al Congreso. Con dos sesiones especiales y sin tratamiento en comisión se aprobaron los superpoderes a Cavallo. La verdad que no se puede impugnar este debate luego de estos ejemplos. (Aplausos.)
La discusión se dio con mucha franqueza. Hemos tratado de buscar los mayores niveles de diálogo y de consenso, pero hay que ser honestos con nosotros mismos: el consenso no es una obligación exclusiva del oficialismo. Entiendo que el oficialismo tiene las mayores responsabilidades y debe dar siempre los primeros pasos, pero si se rebota siempre, como la pelota en el frontón, ya no es nuestra responsabilidad exclusiva.
Alcanzamos niveles de consenso en la medida en que tuvimos la posibilidad de hacerlo. Tenemos la conciencia tranquila porque el bloque oficialista y el Poder Ejecutivo trataron de flexibilizar y avanzar sobre líneas de acción comunes.
Después, que un día aparecía que hicimos muchas modificaciones, y al día siguiente que no servían para nada... las interpretaciones que se hacen sobre ese tipo de cuestiones ya no son de nuestra responsabilidad.
Creo interpretar el sentir de todos los miembros de nuestro bloque. Esta es una de las iniciativas más trascendentes que hemos considerado en los últimos años en el Parlamento de la Nación. Lo hemos hecho como siempre; incluso, tratando de cuidar más la totalidad de los detalles, a fin de que la consideración sea trasparente y austera, sin apelar a ningún tipo de calificación, y defendiendo con convicción lo que queremos.
Nos encontramos con la tranquilidad política y de conciencia de que si hay un aspecto, en esos cinco años y medio de gestión -primero de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández de Kirchner-, en donde la política y la gestión del gobierno siempre fue in crescendo, siempre fue por más, es el de la política previsional. Empezamos generando empleo en blanco para ir sanando las finanzas del sistema de previsión social.
Por otra parte, nos dimos cuenta de la gran cantidad de argentinos que habían quedado afuera del sistema de seguridad social y de la posibilidad de tener una jubilación, algunos porque no habían completado los aportes y otros porque nunca tuvieron la posibilidad de trabajar en blanco. Es así que lanzamos esa fenomenal moratoria que nos permitió tener un millón y medio de jubilados más en nuestra Argentina. (Aplausos.)
Sabíamos que teníamos pendiente la movilidad previsional y la tratamos y sancionamos hace un mes en esta Cámara. Antes de esta movilidad dimos trece aumentos, con lo cual la jubilación mínima aumentó en un 360 por ciento y la jubilación media en alrededor de un 150 por ciento.
Si alguna cosa podemos defender con absoluta tranquilidad de conciencia, con absoluto orgullo por todo lo que ha hecho el gobierno, es lo realizado en el sistema previsional.
Hoy venimos a dar vuelta una página más, una puerta más -de las más importantes-, porque esta medida es ciertamente estructural. Como siempre decimos, seguramente quedarán cosas por hacer para seguir mejorando, pero créanme que ésta es de las puertas más importantes que podemos empezar a dar vuelta.
De los regalos que nos dejó la década del 90, de las bombas que había que desactivar de esa década, ésta era una de las que había que sacarse de encima cuanto antes
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