Romilda Servini de Cubria fue designada Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de la Capital federal por Decreto 2956/84 de Alfonsín´. Según el procedimiento legal de entonces, la designación se realizó con el Acuerdo de la Comisión del Senado, realizada en sesión secreta. Esta Comisión estaba integrada por legisladores radicales y peronistas: Laferriere,Saadi, Gass, Berhongaray, Bittel, Nápoli, Amoedo, Nieves y Benitez.
Dos años después, Alfonsin mediante Decreto 1966/85, promovió a la jueza a un cargo distinto al que le habia prestado acuerdo el senado, designándola Juez Nacional de primera instancia en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal.
Finalmente, Servini de Cubría fue ascendida por Menem mediante el Decreto 2313/1990 al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Juzgado Nº 1.
A pesar de estos antecedentes personales, la jueza sostiene la independencia de los jueces de los intereses políticos en el fallo que declara la inconstitucionalidad de la elección popular de los representantes del Consejo.
“El hecho de que jueces figuren en las listas de partidos políticos les quita a esos jueces todo atisbo de independencia e imparcialidad en todos los casos en que esa entidad política o sus integrantes puedan tener intereses”
Como puede verse, la carrera judicial de Servini de Cubria es el resultado del impulso, negociación y acuerdo del poder político, de partidos y sus representantes en el Poder legislativo y Ejecutivo. Y sin embargo, ni ella ni nadie cuestiona su propia independencia.
Es más, asumiendo como incuestionable su autonomía, cabe preguntarse cual es el rito de pasaje, momento, evento por el cual pese a haber transitado esas relaciones políticas la jueza pudo despojarse de esa carga y transformarse en representante de un poder sobrenatural.
Sin acto mágico, esa independencia es un acto de fe.
Mejor, votemos.
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