En varias provincias se están desarrollando conflictos policiales basados en supuestas reivindicaciones salariales y que tienen en común el carácter extorsivo de la modalidad de la protesta. Al abandonar o desentenderse de sus tareas, las policías dejan zonas liberadas para la operación, a veces cómplice, de grupos de saqueadores. De esta manera fuerzan al poder político para que responda sus reclamos.
Este mecanismo se inició en Córdoba y se replicó en otros distritos. Cuesta creer en la casualidad. Situaciones parecidas han ocurrido en el pasado y otros países de América Latina. Se trata otra vez de los inicios de procesos de desestabilización y ruptura del orden democrático.
Claramente lo sintetizo el vicepresidente de Bolivia, García Linera, en ocasión de la rebelión policial en ese país el año pasado, donde caracterizó la situación como una “ruptura” del Estado democrático por parte de la Policía, al ejercer su poder coercitivo en la deliberación de políticas estatales: “las personas que forman parte de las instituciones de coerción no pueden deliberar porque estarían por encima del resto de los ciudadanos. Al deliberar rompieron la convivencia democrática”
Y para confundir aún más y agregar su granito de arena, los viejos conocidos: La Iglesia, Cavallo, La Nación, Clarín, transforman dialécticamente una operación policial en un extenso problema social, que consideran y esperan, se agrave con el transcurso de los días. Y los líderes políticos de dos fuerzas triunfantes en las últimas elecciones, Macri y Alfonsín (hijo de aquel que conoció estos rigores) redondean el clima diciendo que hoy, con 30 años de democracia, no tenemos nada que festejar.
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