Ley de arrendamientos

Para septiembre de 1947 la Cámara de Diputados se disponía a discutir un dictamen de la Comisión de Legislación Agraria referido a arrendamientos rurales y aparcería. En el informe escrito que acompañaba al mismo se formulaba, “este proyecto, rompe en su espíritu y en su forma con el concepto individualista de la propiedad, para condicionar la explotación de la tierra conforme a la función social que esta debe cumplir y reafirmando el concepto de que no puede haber intereses privados respetables cuando están en juego los intereses superiores de la colectividad. Es finalidad primordial de esta legislación establecer que en el campo argentino la tierra deberá cumplir su misión de producción (...)”.

A través de un intenso debate el Congreso de la Nación estaba cimentando la futura Ley 13246 de Arrendamientos Rurales y Aparcería. De esta manera se daba respuesta a una larga lucha de los productores por obtener una mayor y más justa protección legal. La ley significó un verdadero estatuto del productor agrario, porque como se sostuvo durante el debate parlamentario, “(...) desde el momento que el propietario de la tierra se decide por obtener de ella una renta en lugar del resultado de su producción directa y personal, adquiere el derecho a una mayor tutela aquel que por su esfuerzo no sólo hace posible esa renta sino que, sobre todo, contribuye con su trabajo al engrandecimiento de la Nación”.

Por qué la necesidad de una nueva ley? Podríamos establecer dos sintéticos argumentos: 1) por la necesidad de actualizar la norma ante una nueva realidad productiva; 2) recuperar el espíritu de la ley 13.246 del año 1948 adulterado por la reforma realizada por el ministro de la dictadura Martínez de Hoz, abanderado de la alianza entre el capital financiero y el poder agropecuario.

Desde la oposición derechista se ha argumentado respecto al oportunismo por tratar este tema, cuando supuestamente lo central era el tratamiento de la resolución 125/08 (cosa que tampoco fue cierta porque a la hora de su tratamiento en comisión pretendieron imponer la suspensión de la medida), pero en honor a la verdad el Frente para la Victoria ya tenía presentado un proyecto al respecto a través del Diputado por la provincia de Buenos Aires Luis Ilarregui (Exptes. 6777-D-2006 y 380-D-2008).

La propuesta cuenta con dos objetivos centrales. En primer lugar, aumentar el plazo de los arrendamientos a 5 años. Con ello se pretende evitar que los grandes capitales, en especial los pools de siembra, impongan los precios de los arrendamientos. Evitar que movimientos especulativos de capital determinen políticas de producción agrícola y sus precios, tal como lo afirmó Cristina en al reciente Cumbre de la FAO en Roma. Y también, diseñar un modelo de “campo con gente y con trabajo”, protegiendo la calidad productiva de los suelos.

Por otra parte, se pretende restringir los llamados “contratos accidentales”. Se limitan a actividades de pastoreo, renovación de pasturas y producción de semillas. El Dr. Fernando Brebbia en su libro sobre Derecho Agrario señala que, “(...) los contratos accidentales pasaron a ser regla y no la excepción violándose la estabilidad de la empresa agraria a punto que podría decirse, sin que esto parezca exagerado, que estos contratos se convirtieron en el “único” utilizado por las partes y esta derogación virtual del plazo mínimo no sólo atentó contra los derechos del arrendatario, sino que ha incidido, como se ha señalado por autorizada doctrina, en la degradación del suelo (...)”.

Al mismo tiempo, en la Comisión de Legislación General se encontraba para su tratamiento un proyecto más abarcativo que presentó el diputado Macaluse sobre la base de una propuesta de la Federación Agraria. Dicho proyecto, inspirado en la norma del peronismo, propone una amplia reforma que integra los puntos anteriores, por los que se lo tomó como base de trabajo para sacar una nueva ley, que pretendió ser obstaculizada por la Sociedad Rural.

Nos encontramos ante un sistema productivo que se desarrolla a gran escala y que permite la penetración de prácticas asumidas por la especulación financiera tendientes a la obtención de una ganancia rápida a expensas de un factor productivo, como es la tierra, que entiendo debe ser preservado para las futuras generaciones de argentinos. Una agricultura sin agricultores corporizada por un modelo empresarial que en principio puede prescindir de la propiedad de la tierra, marca la diferencia entre los acuerdos contractuales del pasado y los actuales, situación que nos plantea la necesidad de devolverle a este instrumento legal el sentido de innovación que en su momento tuvo.

Ardi Beltza