La condena de "la ONU"

La Nación, Clarin y sus medios satélites, se despacharon con la noticia de la "condena de la ONU" a las leyes de reforma judicial. Aclaremos que un relator no es "la ONU" y por lo tanto no puede condenar a nadie en nombre de ese organismo. 
Es curioso pero hace un tiempo el relator de libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, dijo sobre la ley de medios que “Argentina tiene una ley de avanzada. Es un modelo para todo el continente y para otras regiones del mundo"
La oposición y Clarin lo denostaron y en el mejor de los casos lo ignoraron, claro, ahora parece que un relator es "la ONU"

Cautelares contra la ley regulatoria de cautelares

La justicia rechazó la presentación realizada por un abogado contra una ley no promulgada. Horas después, el Colegio de Abogados presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma, basando su legitimación en el siguiente argumento: "los abogados matriculados en el CPACF se verían imposibilitados de ofrecerles a sus clientes un servicio jurídico que antes podían ofrecer en toda su dimensión y eficacia: el de presentar y obtener medidas cautelares contra el Estado Nacional. Y no es esta expresión, una queja meramente corporativa por restar a nuestras incumbencias una vía más; es, sin hesitación, un cercenamiento manifiesto del derecho de los ciudadanos a obtener protección rápida y eficaz contra el accionar del Estado" 

Finalmente, el colegio de abogados pide una cautelar contra los mismos articulos que impugna como inconstitucionales, logrando asi, de otorgarse esa medida, el mismo objeto del proceso.

Es decir, desde una legitimacion corporativa y sin acreditar un perjuicio concreto, se pretende una medida cautelar "erga omnes", que torne inaplicable la ley en cualquier caso sin mediar sentencia definitiva. Consolidando asi este tipo de medidas en una especie de "accion derogatoria" o "veto judicial". Algo muy poco republicano y democràtico.

Pero la verdad es que las cautelares siguen existiendo, solo que a partir de esta regulación, en lo que respecta a la actividad de los abogados, termina el shopping de cautelares logradas con jueces de jurisdicciones extrañas. 
O sea, a trabajar colegas, para obtener sentencias y verdadera justicia.

Diputados: Aprobaciòn de los proyectos sobre el Consejo, Cautelares y Casación. Discurso de Rossi y la Diputada Còrdoba.

La Càmara de Diputados aprobó esta madrugada, con 130 votos a favor, la reforma del Consejo de la Magistratura, que serà tratada en Senado la próxima semana. Tambièn se conviertieron en Leyes, el proyecto de regulación de medidas cautelares y la Creaciòn de Camaras de Casaciòn, con 126 votos positivos. 

Consejo de la Magistratura: Discurso del Diputado Rossi. 

Sr. Rossi.- Señor presidente: empezamos a tomar conciencia de este debate a partir de una serie de reflexiones públicas de la señora presidenta de la Nación. Quizás la más importante, clara y contundente fue la expresada al otro día de haberse conocido el fallo de la Justicia tucumana en el caso de Marita Verón. Todos nos sentimos consternados por ese fallo, la presidenta así lo expresó y convocó a los argentinos a llevar adelante un debate sobre qué Justicia queríamos, qué tipo de jueces queremos y qué Poder Judicial necesita la Argentina. Estamos por cumplir treinta años de democracia, y en este lapso la Argentina ha tenido diferentes debates en los que, en mayor o menor medida, todos los sectores políticos y sociales fueron sujetos de ser interpelados. De este modo, fueron interpelados los políticos, los legisladores, los funcionarios del Poder Ejecutivo, los empresarios, los dirigentes, los gremialistas, y últimamente, por una fuerte decisión de nuestra presidenta, también fueron interpelados los periodistas. De lo único que no se ha hablado durante estos años fue del Poder Judicial. Cada vez que se quería hablar del Poder Judicial, interpelarlo o insistir en alguna mirada, el autor de la iniciativa era estigmatizado por tener intenciones de limar o delimitar la independencia de dicho poder. Detrás de la independencia del Poder Judicial, de manera totémica, abortaron todos los intentos anteriores de discutir sobre su rol. Por suerte, estamos acompañando este fuerte impulso que esta vez dio la presidenta a través de estas seis iniciativas que, a mi criterio, recogen seis valores nobles: transparencia, tres de ellas; agilidad, otras dos, y legitimidad popular, la que estamos discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. Todos los señores diputados han dicho que estamos discutiendo de qué manera podemos mejorar, a partir del diseño de la forma de elección de los consejeros, el grado de legitimidad popular del Consejo de la Magistratura, órgano que fue introducido en la reforma de 1994. A veces me causa gracia que todos hablan de la reforma de 1994 como si la política no hubiese existido, y la verdad es que la reforma de 1994 fue consecuencia de una gran negociación política entre dos dirigentes políticos predominantes de la época: Menem, que buscaba la reelección, y Raúl Alfonsín, que buscaba en teoría atenuar algunos efectos no deseados. En ese concepto de atenuar determinadas circunstancias surgió la idea de introducir el Consejo de la Magistratura para mejorar la selección de los jueces y la vigilia sobre su comportamiento y el Poder Judicial. Esta fue la génesis. Es decir que pasamos –como decía el otro día el ministro de Justicia de tener un Poder Judicial que era designado por dos poderes elegidos democráticamente, con votación popular, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en interacción, a tener un Poder Judicial en donde además de esa interacción aparecía como filtro o como intermediación el Consejo de la Magistratura. No fue un debate fácil el del Consejo de la Magistratura. Había una decisión política de dos dirigentes políticos de imponerlo; por eso estaba en el Núcleo de Coincidencias Básicas. Yo he dicho en el debate de 2006, y lo ratifico ahora, que los documentos preliminares del Consejo de Consolidación de la Democracia, que presidía Carlos Nino, desaconsejaban la introducción del Consejo de la Magistratura para el esquema jurídico que tenía la Argentina. Hubo una decisión política a la cual se acomodó nada más y nada menos que la Constitución Nacional. Estas cosas también hay que decirlas, porque si no parece que la Constitución del 94 surgió de algún otro lugar. No: surgió de un acuerdo político, de una decisión política que se impuso y después se consolidó electoralmente en forma definitiva. 
En el propio debate llevado a cabo en la Convención Constituyente del 94 se encontraron las diferencias. Por algo no quedó plasmado en el texto constitucional ni la forma de elección ni la cantidad de miembros que debía tener el Consejo de la Magistratura. Se hizo referencia al equilibrio y a los distintos estamentos. Nada se decía de ninguna de las cuestiones a las que hacía referencia anteriormente. Se delegó en el Congreso, que tardó tres años, si no me equivoco desde 1994 hasta 1997 , para sancionar la primera ley constitutiva del Consejo de la Magistratura, ley que como todos saben tuvo una reforma en el año 2006. O sea que el debate no fue fácil ni en el origen ni en el tiempo que les llevó a los legisladores ponerse de acuerdo para sancionar una ley constitutiva del Consejo de la Magistratura en el año 1997. Con respecto al diseño de aquel objetivo que perseguía fundamentalmente mejorar la selección de los jueces habida cuenta de que la Justicia federal había crecido de manera importante, que se necesitaban mecanismos más especializados para llevar adelante una tarea cotidiana y que no tenía que quedar solamente en cabeza del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo –siendo el Poder Legislativo solamente el Senado , recuerdo que hasta el 94 los senadores eran mayoritariamente elegidos en forma indirecta por las Legislaturas de cada una de las provincias. Recuerdo también que hasta el 94 no había minorías en cada una de las provincias, o sea que cada provincia tenía la representación de dos senadores exclusivamente por la mayoría. Se diseñó el Consejo de la Magistratura y en esa búsqueda del diseño lo que se terminó haciendo fue fortalecer los rasgos más corporativos del Poder Judicial. Nosotros no queremos que el Poder Judicial sea una corporación, pero no podemos negar los rasgos corporativos que tiene. ¿Qué acentuó esos rasgos corporativos? Al respecto podemos decir que el carácter endogámico del Poder Judicial se vio fortalecido por la aplicación del instituto del Consejo de la Magistratura. Con el objetivo de atenuar esos efectos, si se quiere no deseados, la presidenta de la Nación, entonces senadora, planteó en diciembre de 2005 una modificación del Consejo con el mismo espíritu que hoy perseguimos acá. El espíritu presente en esa modificación impulsada en 2005 que se terminó aprobando en esta Cámara en 2006, apuntaba a dar preeminencia a la legitimidad popular sobre la legalidad corporativa. Así, constituimos un Consejo de la Magistratura en el que había siete miembros que contaban con legitimidad popular -seis del Parlamento y uno del Poder Ejecutivo- y seis que tenían legalidad corporativa. También es cierto que se estableció una mayoría agravada de dos tercios. En este sentido, debemos reconocer -de lo contrario no estaríamos diciendo la verdad- que las mayorías agravadas -como la que implica la exigencia de los dos tercios- genera minorías privilegiadas. Digo esto porque un tercio de los miembros de determinado cuerpo colegiado puede inhabilitar su funcionamiento. Los dos tercios obligan al consenso, pero el tercio bloquea. Cuando ese bloqueo se convierte en una práctica continua y consuetudinaria, inmoviliza el funcionamiento del cuerpo colegiado. Por lo tanto, lo que hoy queremos hacer es seguir el camino que iniciamos en 2006. Queremos profundizarlo tratando de eliminar, atenuar, disminuir o aminorar los rasgos corporativos del Poder Judicial. Por esa razón, hemos decidido que los consejeros magistrados, los consejeros abogados y los consejeros académicos sean elegidos por la voluntad popular. Huelga decir que resulta incomprensible que un político democrático defienda el voto calificado antes que el voto popular. Es incomprensible que algunos vengan acá a defender el voto de setecientos, de trescientos o el de diez mil por sobre el voto de veinte millones de argentinos. (Aplausos.) 

Sr. Rossi.- Señor presidente: decía que tal como lo expresó el señor ministro en su brillante, excelso, maravilloso y contundente informe... (Risas y aplausos.) ...en la reunión plenaria presidida brillantemente por la diputada Diana Conti... (Aplausos.) ...esa es la tendencia que están persiguiendo todos los consejos de la Magistratura europeos, que es el modelo en el que nos fijamos para crear nuestro propio Consejo. La tendencia es exactamente la misma: limitar el poder corporativo y darle mayor injerencia a la voluntad popular. Hoy alguien preguntó cuáles son los beneficios de esta reforma. Lo cierto es que tendremos un beneficio directo, porque el pueblo argentino va a conocer quiénes son los consejeros que integran el Consejo de la Magistratura, porque estarán obligados a buscar legitimidad. Estar obligados a buscar legitimidad popular significa que tendrán que decir qué fallos tuvieron, cuál es la jurisprudencia que sentaron y cuál es su trayectoria profesional, como cada uno de nosotros hace cuando se presenta en una elección. Salvo los especialistas en el tema, si hoy pidiera a los diputados que reciten de memoria los nombres de los trece integrantes del Consejo de la Magistratura seguramente ninguno llegaría a mencionar cinco. Ni nosotros sabemos los nombres de quienes integran el Consejo de la Magistratura. Por eso el primer beneficio directo será el conocimiento. Quiero destacar además otro beneficio que en realidad es un derecho que trae esta modificación. Me refiero a aquella que permite que la elección de los consejeros jueces y los consejeros abogados incluya la obligatoriedad de cumplir con el cupo femenino. (Aplausos.) En todos estos años de existencia del Consejo de la Magistratura hubo una sola mujer jueza; las únicas mujeres que lo han integrado han sido las que propusimos desde el Poder Legislativo. Por medio de esta modificación en el Consejo de la Magistratura obligatoriamente habrá mujeres juezas y abogadas administrando y tomando decisiones en ese organismo. (Aplausos.) Como la elección es similar a la de los senadores tampoco entiendo por qué tanta crítica o exigencia de proporcionalidad. ¿Por qué no piden proporcionalidad en la elección de los senadores, en la que también hay mayoría y minoría? Hay una mayoría que saca el 95 por ciento y una minoría con el 5 por ciento, que se distribuye en dos y uno. Es exactamente lo mismo que estamos planteando para la elección de consejeros; obligará a tener uno y uno. La crítica sobre la politización y la partidización sólo la puede realizar quien desconoce cómo funcionan hoy las elecciones de los abogados y los magistrados, que están totalmente partidizadas y politizadas, con acuerdos entre partidos políticos que llevan candidatos de abogados y magistrados que finalmente terminan presentándose en las elecciones con partidos políticos que las reivindican. La única diferencia que nosotros estamos planteando ahora es que en lugar de que los consejeros abogados sean elegidos por 10 mil abogados, los elijan 20 millones de argentinos, y que en lugar de que los consejeros jueces sean elegidos por 700 jueces, los elijan 20 millones de argentinos. Es mentira que la elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura no esté partidizada. Quiero utilizar mis últimos minutos –me extendí demasiado en esta primera parte para hacer una última reflexión política respecto a cómo llegamos a este debate. Creo que el clima que generaron previo al debate fue horrible, y fue generado por los principales medios de comunicación opositores a este gobierno, por los principales partidos políticos opositores y por las ONGs, que merecen un capítulo aparte. Vaya mi absoluta solidaridad hacia los doce que en realidad son trece, porque cambiaron a Ibarra por Fortuna diputados que fueron expuestos por esa campaña de las ONGs. (Aplausos.) Esa campaña es de connotación fascista porque miente. Primero, esos doce diputados no son responsables de ninguna votación. Segundo, los responsables de esa votación somos los 257 diputados. Además, es mentira que les preguntaban qué iban a votar; estaban presionándolos para que votaran en contra. Tercero, lo hacían estigmatizando, si votaban en contra eran salvadores de la República, si votaban a favor eran traidores a la patria. Cuarto, ya lo vivimos; el tema de las caritas lo vivimos con la 125, con la nacionalización de las AFJP, y también con la ley de medios. Me extraña y critico fuertemente que ningún dirigente de la oposición haya salido a solidarizarse con estos doce diputados que fueron expuestos maliciosamente por esas ONGs. (Aplausos.) Ustedes también fueron cómplices de esa maniobra. Y digo más, crearon un clima que yo creo que ni siquiera está dirigido a nosotros. Lo que más tristeza me da es que generan un clima tan horrible que inoculan odio al pueblo argentino para un lado o para el otro. (Aplausos.) Son profetas del odio, profetas del odio, (Aplausos.) adláteres del desánimo, correos de malas noticias. (Aplausos.) Tienen que dedicare a construir una propuesta política en base al amor, en base al respeto y en base a la paz. Dejen de agredir, dejen de insultar, dejen de descalificar. (Aplausos.) Se pasan la vida hablando de la República y de las instituciones y cuando llega el momento en que la República o las instituciones van a tomar una decisión que no les conviene se sacan la bandera, la estrujan y la pisotean. (Aplausos.) Respeten a las instituciones, respeten a la República, respeten al Congreso, respeten a la democracia, respeten a la patria. Hay que construir la patria entre todos. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.) 

Consejo de la Magistratura: Discurso de la Diputada Stella Maris Còrdoba 

Sra. Córdoba.- Señor presidente: se habla mucho de la necesidad de consenso, pero si hay algo que está en claro y nadie niega es cómo están las cosas hoy en el Poder Judicial. Todos reconocemos que los argentinos nos quejamos de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra; ya sabemos lo que pasó con el caso Marita Verón: la Justicia lenta no es justicia. Miles de expedientes duermen durante años en cajones, salvo que se tenga alguna influencia para moverlos. También sabemos que una parte importante del Poder Judicial defiende intereses corporativos y, por esa razón, desconocemos cuánto ganan, cuántas horas trabajan y cuál es su patrimonio real. Hablamos de un Poder Judicial que nunca ha sido reformado en doscientos años; un Poder del que no se puede ser parte si no se es amigo de un juez. Es cierto que venimos a cambiar el paradigma de la Justicia argentina. Quienes no quieren el cambio son aquellos que pretenden que todo siga igual. Hoy venimos a cumplir con el mandato del artículo 114 de la Constitución Nacional. Me pregunto por qué algunos resisten estos cambios. Digo esto porque por primera vez, proponiendo la ampliación de los miembros y la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, estamos abriendo las puertas de ese poder oscurantista a toda la sociedad argentina, para que pase, opine y decida sobre lo que es suyo. Como ya lo saben quienes tienen algún tema vinculado con la Justicia, ella no es patrimonio sólo de los jueces y los abogados. La oposición menosprecia a nuestra sociedad. Digo esto porque la elección popular y la participación democrática nunca pueden ser perjudiciales para las instituciones de la Nación. Tampoco lo es la participación de quienes están en contra de este proyecto. Pareciera que la oposición le tiene miedo al pueblo. Le tiene miedo a la participación de los ciudadanos en las instituciones; tiene miedo de que el bienestar de la sociedad prime sobre los intereses corporativos de unos cuantos. Me da vergüenza que militantes de partidos otrora populares se sumen al discurso antidemocrático de quienes demonizan a los partidos políticos, cuando según el artículo 38 de la Constitución Nacional, son instituciones fundamentales de la República. ¿Desde dónde se discuten las ideas si no es a través de los partidos políticos? Representantes de partidos políticos que fueron gobierno en la Argentina hoy le temen a las mayorías populares y tratan de instalar la desconfianza. A ellos les quiero recordar que así como hoy traemos a este recinto la reforma judicial, la mayoría circunstancial la hemos utilizado para renovar la Corte Suprema de Justicia, para anular las leyes de obediencia debida y punto final, para promover la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, para incorporar más de 2.500.000 de personas excluidas del sistema previsional, para amparar a cientos de miles de argentinos con la asignación universal, para sancionar la ley de matrimonio igualitario y de trata de personas, para recuperar el patrimonio nacional con la estatización del correo, Aerolíneas Argentinas e YPF, para promover el trabajo y la industria nacional, crear viviendas y universidades. ¿Entonces qué tanto miedo les tienen a las mayorías populares y al Frente para la Victoria? Creo que aquí hay algunos caraduras que fueron gobierno y sacaron el 13 por ciento a los jubilados, promovieron la Banelco y la flexibilización laboral, y ahora le mienten al pueblo argentino. Fueron mayoría en esta Cámara entre 2009 y 2011, y no recuerdo que hayan sancionado una ley que cambiara la vida a los argentinos. Aunque a los gorilas no les guste, el pueblo son los militantes que bajan de los colectivos comiendo un choripán. El pueblo son las madres que cobran la asignación universal. El pueblo son los científicos repatriados. El pueblo son las abuelas y los hijos que recuperaron su identidad. El pueblo son Susana Trimarco y todas las mujeres que luchan contra la trata y la explotación. El pueblo son los compañeros de las fábricas recuperadas y los que hoy tienen viviendas dignas. Todos ellos apoyan esta reforma judicial y también a nuestra presidenta. Pido a los argentinos que no se dejen engañar, que hagan memoria. Algunas caras que hoy estaban en la carpa son las del ajuste, el corralito y el fracaso. A algunos caraduras que hablan de impunidad y llaman inmoralidad política a la participación popular les digo que dan vergüenza defendiendo los privilegios de algunos jueces y las corporaciones para ver si no los meten presos. Sé que el diputado Aguad, que se opone a que se nombren los jueces naturales de la Nación, tiene 600 millones de razones para bancar a las corporaciones y votar en contra de esta reforma. Le quiero decir que prefiero mil veces comerme un choripán con los compañeros que bajan del colectivo antes que aparecer en una foto tomando champán con Menéndez. (Aplausos.) Como decía el general Perón, las decisiones las toma el gobierno en beneficio del pueblo, o las corporaciones en beneficio propio. (Aplausos.)

La reforma judicial en Diputados: Ampliación de la base democrática del Consejo de la Magistratura.


El proyecto, tuvo modificaciones en la Comisión, manteniendo el manejo de parte del presupuesto judicial y política salarial en manos de la Corte, debiendo entonces retornar al Senado para su sanción definitiva. 

El proyecto de democratización del Consejo de la Magistratura: 
El Consejo de la Magistratura es un organismo que tiene a su cargo el procedimiento para la selección de los jueces y la administración del Poder Judicial. En un estado de derecho, sólo los jueces tienen la última palabra sobre la vida, las relaciones de familia, el trabajo, los bienes y la libertad de los habitantes. Ese inmenso poder está en manos de estas personas. ¿ Cual es la fuente de su legitimidad ? ¿ Quien los elige ? 

En la actualidad, el Consejo propone los candidatos para que sean designados por el Presidente de la Nación en acuerdo con el Senado. Y este Consejo esta compuesto por representantes de los organos políticos, jueces, abogados y académicos. Sólo los consejeros designados por el Poder Legislativo y Ejecutivo, tienen su legitimidad fundada en la voluntad popular. El resto, jueces, abogados y academicos son elegidos por los propios estamentos, es decir, se eligen entre ellos, como si fueran una clase especial de ciudadanos bendecidos por algun don misterioso por sobre el resto de ciudadanos. 
Esta fuente de legitimidad, el simple pertenecer a una corporación o estamento, es contraria a las bases democráticas de nuestro sistema constitucional que establece un gobierno representativo y que tiene como instituciones básicas a los partidos políticos. 
El Proyecto de ley de reforma parte entonces de la idea de legitimar ese organismo a partir de la intervención de la voluntad popular estableciendo mecanismos de elección de consejeros provenientes de los estamentos de los jueces, abogados y academicos o cientificos. 
Quienes se resisten a este cambio, le tienen miedo a la voluntad de la mayorias, a la representación política y resisten desde un poder judicial elitista supuestamente "independiente" de la política pero dependiente muchas veces de otros intereses inconfesables. 
El proyecto aumenta el Consejo de 13 a 19 miembros a fin de garantizar la igualdad en la representación de los estamentos y elimina en el caso de los academicos el requisito de ser exclusivamente abogados. Así la composición del Consejo será de 3 jueces, 3 abogados, 6 académicos, 6 legisladores, y un representante del Ejecutivo. Su elección a través de las listas de partidos en las elecciones nacionales se repartirá proporcionalmente entre la mayoría y la primera minoría, según el resultado electoral. También incorpora entre las facultades del Consejo la facultad de designar jueces subrogantes y no como hasta ahora atraves de papelitos o sorteos truchos. Se introduce la publicidad de los concursos, igualdad y el trato no discriminatorio. Se amplia la competencia para juzgar a los jueces subrogantes, hasta ahora exentos de cualquier sancion.

Debate en Diputados: Regulaciòn de Cautelares


A pesar de la autonomìa del derecho administrativo, la ausencia de una ley reguladora de tramites de juicios contra el Estado dio lugar a la aplicación de un cuerpo legal destinado a regular las acciones procesales entre particulares, el Codigo procesal Civil y Comercial de la Naciòn. Tal como lo han hecho todas las provincias argentinas y como resulta del derecho comparado. El proyecto de ley regula las medidas cautelares contra el estado , incorporando la jurisprudencia en esta materia, respetando el principio de idoneidad de la medida, la oportunidad de su presentaciòn y el plazo razonable de la cautelar otorgada. .El proyecto dispone que un juez sólo podrá dictar una cautelar si es competente en la causa y con informe previo de la autoridad pública que de cuenta del interés pùblico comprometido por la solicitud. Los requisitos de competencia e informe previo, no seran requeridos en los casos en que la medida se solicite con el objeto de tutelar los derechos de sectores socialmente vulnerables, se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convenciòn Americana de Derechos Humanos, la salud, los derechos de naturaleza alimentaria o derechos de naturaleza ambiental. Además, el proyecto establece que las medidas cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo, pero que se podrán extender por seis meses siempre que resulte procesalmente indispensable. Por otra parte, el Estado no podrá interponer este recurso cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia.

Debate en Diputados. Creaciòn de Cámaras de Casación


El proyecto regula el recurso de casaciòn contra los pronunciamientos de las Càmaras. Por distintas causales: Inobservancia o errònea aplicación o interpretación de la ley sustantiva, arbitrariedad, inobservacia de las formas procesales esenciales, y unificación e la doctrina cuando en razon de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamentos diferentes. Para asegurar estos fines se crean tres Càmaras: en lo Contencioso Administrativo, Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial, que entenderàn en los recursos de Casaciòn, Inconstitucionalidad y Revisiòn.
El recurso contra la sentencia definitiva tiene como objeto otorgar la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable de criticar la sentencia y lograr un nuevo examen de la cuestión. De esta manera, ayudarà a una Corte Suprema saturada que trata actualmente entre 13 mil y 20 mil expedientes por año.

La reforma Judicial en el Senado ¿ De que se trata ?


La oposición política y mediática convoca a la violencia para evitar que se voten las leyes sobre reforma judicial, también en una típica actitud fascista, llaman a apretar a los legisladores para que cambien su voto. A estas acciones antidemocráticaslas llaman "respeto a las instituciones" y "defensa de la república"
En realidad, quienes responden a estas convocatorias, no tienen la menor idea de que trata este asunto de la reforma judicial, acá un breve resumen de los proyectos de Ley que tienen media sanción y serán tratados en la primera semana de mayo por la Cámara de Senadores:

La ley dispone que las Declaraciones Juradas Integrales en el ejercicio de la funciòn pùblica sean de caracter pùblico y de libre accesibilidad en internet. Hasta el momento, la diversidad de normas referidas a la etica pública, dificulta la posibilidad real y concreta de obtener informacion obrante en las declaraciones juradas.
Este proyecto, traslada el control social de estas declaraciones de los poderes del estado a los ciudadanos a traves de la consulta por internet, libre y gratuita. Y fundamentalmente incorpora la obligación de presentar declaraciones juradas a quienes se postulen a cargos electivos. 

En la actualidad el ingreso a los cargos del Poder Judicial se realiza de manera directa y discrecional, lo que perpetua los hábitos corporativos de ese Poder del estado. El objetivo del Proyecto es que  el sistema de justicia se nutra de hombres y mujeres pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, garantizando el ingreso igualitario y democrático al Poder Judicial.
La ley regula especificamente la incorporación de cargos letrados, de empleados, de personal de maestranza y oficios por concurso que debera realizar el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación o Defensoría General de la Nación, según corresponda.
En su Capitulo II, se regula el ingreso de personal de maestranza y oficios, estableciendo requisitos minimos, con examen de aptitud y disponiendo que los cargos seran cubiertos entre aquellos que aprueben el examen a traves de un sorteo de Loteria Nacional.
En su Capitulo III, se regula el ingreso de los cargos letrados, que requieren títulos especificos. Se establecen los requisitos, tipo de examen y calificacion de antecedentes. Una vez calificadas las evaluaciones y antecedentes, se establece un orden de merito y los nombramientos se realizaran siguiendo ese orden
La ley declara específicamente que su aplicación no debe afectar derechos adquiridos.

El proyecto enviado a Senado tendrà modificaciones en su art. 5, autorizando la designaciòn directa de algunos cargos letrados

"Artículo 5: Designación directa. Excepción. Excepcionalmente se podrá ingresar por designación directa en los cargos de relator de Cámara y secretario privado de primera instancia, pero tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva.
Asimismo, el titular de la dependencia podrá designar en forma directa DOS (2) cargos letrados, en las mismas condiciones que lo establecido en el párrafo anterior."


Se dispone la Creación de un diario digital judicial, de actualización diaria, donde se publicaran las causas que tramitan y las acordadas, resoluciones y sentencias de la Corte Suprema y todos los tribunales inferiores. Ademas, se establece la publicidad con anticipacion de las reuniones y actividad de la Corte.

La oposición política y mediática se resiste a estos cambios. ¿ Cuales son sus argumentos ? 
Estos proyectos fueron tratados el miercoles pasado en Diputados. La UCR, Frente Peronista, Proyecto Sur, PRO, Socialista, Proyecto Sur,Frente Civico.Cordoba, Libres del Sur, Gen y Coaliciòn Civica votaron en contra de estos proyectos, que buscan mayor control ciudadano, publicidad y transparencia en el Poder Judicial.

La denuncia de la nada

No veo Lanata, me parece de cuarta, ni más ni menos. Pero bueno, soy parte del rating de su programa del domingo, debo confesarlo, y lo hice por curiosidad para ver hasta donde era capaz de llegar y las pruebas contundentes, definitivas, de sus denuncias. 
Y ahi estaban: las declaraciones de Arnold, que viene denostando a Nestor desde hace años, diciendo aún cosas peores. Solo basta googlearlo para leerlo. Y el fideicosmiso de Nestor, que consta en sus declaraciones juradas y judiciales y fueron parte de dos investigaciones llegando a auditarse por los peritos de la Corte. También, se encuentra en google. 
Después una historia contada con videos, fotos pixeladas, musiquita incidental e infografias de mails, hilvanadas con fragmentos de un tal Elaskar y Fariña que otra vez tejen la trama a pesar de su increible boludeo al gordo.
Sketches, lenguaje violento y canchero y nada mas... Ah ¡¡¡ Y el broche, un llamado al agite y rebelion contra leyes e instituciones, la intención ultima y explicacion de porque hace lo que hace y porque le pagan.
Nada. 

Pero esta bien, tiene su publico y hay gente que necesita creerle, vaya uno a saber porqué. Aunque esta vez el gorilaje extrañado que mira sin comprender que se envalentona con estas cosas y te interpelan, esta vez, al menos a mi, ni mu. ¿ vergüenza ?
El debate politico verdadero sobre politicas publicas y sobre la justicia para disponer de herramientas para luchar contra la corrupcion publica y privada seguira esperando, por ahora, las necesidades del Grupo y de los privilegiados está primero no ?

Una oposiciòn en busca de representados

El jueves se realizo una nueva marcha organizada por activistas, partidos opositores y medios hegemònicos. La gente, como dice TN, concurrio masivamente aunque en menor cantidad que la anterior. Gente de clase media, media alta y alta. Gente de la zona Norte de la Ciudad. Los reclamos y quejas contra el gobierno fueron tan diversas como tan amplio fue el espectro ideológico y polìtico de los concurrentes. Dólar, inflación, inseguridad, denuncias de corrupción, el estilo k, fueron el centro de las criticas, sumando ahora los proyectos relacionados con el Poder Judicial, de los cuales la mayorìa conoce sòlo a partir de los titulares de los medios opositores. Tampoco falto la intolerancia y agresion.

¿ Es posible pensar que la suma de reclamos se puede resumir en un programa politico comùn ? 

¿ Es posible que, de lograrse ese programa comun, pueda representarse en la suma de partidos y referentes politicos opositores ? 

Toda o casi toda la oposición politica estaba presente: Alfonsín, Gil Lavedra, Barletta, Binner, Donda, Tumini, Carriò, Castells, De Narvaez, Pinedo, Bertol, Amadeo, Bullrich, Bergman, Carrió, Prat Gay, Solanas y el Momo Venegas etc. 
Ahí estaban las tradiciones criollas conservadoras, liberales, radicales, socialistas, parte la de centroizquierda y sindicales, que se reducen, por propia voluntad y por el trazo grueso de los medios, en un solo proyecto: Unidad de la oposiciòn, como expresión vacia de la multiplicidad de reclamos y contracara de su propia realidad, la impotencia electoral. 

Los tiempos corren, en dos meses vence el plazo para la presentación de alianzas y el supuesto clamor de unidad de los representados resulta necesario para justificar cualquier tipo de rejunte frente a una dura realidad: En seis meses la oposición pone en juego las bancas que obtuvieron en su mejor elecciòn, la del 2009. De esta manera, de 127 diputados, el Frente para la Victoria sòlo pone en juego 38, por lo cual revertir las mayorias parece un objetivo de difícil cumplimiento.

Por otra parte, sabemos que la suma de voluntades politicas no siempre obtienen el resultado esperado, especialmente cuando se reunen expresiones tan diversas. Por eso, frente al espinoso camino de la unidad y el difícil objetivo de revertir las mayorias parlamentarias, surge la tentaciòn de negar la legitimidad y legalidad democràtica de las mayorias. 

Pero nosotros sabemos porquè los queremos, què queremos, cómo lo queremos y a quienes queremos. Para nosotros no hay crisis de representatividad. 
Y vamos a respetar la voluntad de la mayoria que se expresa en el voto, no en los medios, no en las redes sociales ni en un dìa de abril.

Modificaciones y aprobaciòn en Senado de la Regulación de las medidas cautelares

Con 39 votos afirmativos, el dio media sanciòn al proyecto sobre regulaciòn de medidas cautelares en que el estado sea parte. Al dictamen original se le realizaron cambios que fueron propuestos por el CELS y otras organizaciones. 

Modificaciones incorporadas: 
Artículo 2: Se propone modificar el primer párrafo del apartado 2, que quedará redactado de la siguiente manera: “La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental”. 
Este cambio deberá replicarse en el apartado 3 del artículo 4; en el segundo párrafo del artículo 5; en el apartado 2 del artículo 10; en el apartado 3 –segundo párrafo- del artículo 13. Para que no haya redundancia, se planteará que en dichos artículos se haga una remisión a los enumerados en apartado 2 del segundo artículo. Además, y en virtud de que se incorpora el derecho de naturaleza ambiental en el apartado 3 del artículo 4, se debe eliminar la referencia al ambiente en el apartado 1 –tercer párrafo- del artículo 4, que decía: “La medida interina será admisible también respecto de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”. 
 -Artículo 17: Se propone agregar un último párrafo en el artículo 17, que dirá lo siguiente: “Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación”.

Transparencia y publicidad del Poder Judicial en Diputados. Discurso de Rossi.

El miercoles se trataron y aprobaron en la Càmara de Diputados tres proyectos sobre la reforma Judicial, especìficamente aquellos que hacen a la transparencia y publicidad en el ejercicio de ese Poder. 
El primero sobre ingreso democrático e igualitario del personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación mediante el procedimiento de concurso público obtuvo 133 votos por la afirmativa y 109 por la negativa, 
El segundo sobre el carácter público y de libre accesibilidad por Internet a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos obtuvo 136 por la afirmativa y 106 por la negativa. 
Y el tercero, sobre la obligatoriedad de publicar por Internet todas las decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los tribunales de segunda instancia en lo federal de todo el país, incluida la Capital Federal, y la Cámara Nacional de Apelaciones de esta última jurisdicción, obtuvo 140 por la afirmativa y 101 por la negativa. 
Los votos afirmativos provinieron del ente Frente para la Victoria, Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro,MPN, MPF. Mientras que la UCR, Frente Peronista, Proyecto Sur, PRO, Socialista, Proyecto Sur,Frente Civico.Cordoba, Libres del Sur, Gen y Coaliciòn Civica lo hiceron en contra de todas las iniciativas. 

 Discurso del Diputado Agustin Rossi 

"Sr. Rossi.- Señor presidente: llegamos al final de esta sesión que no significa al final del debate, porque seguramente la semana próxima seguiremos analizando en términos integrales este desafío que la señora presidenta de la Nación transmitió al conjunto de los argentinos. Nosotros reivindicamos este desafío desde todo punto de vista, sobre todo, con esa profunda vocación y decisión que tiene la señora presidenta a la hora de abordar los temas que, a nuestro criterio, merecen estar en la agenda pública de los argentinos. La señora presidenta de la Nación acuñó el término “democratizar la Justicia”. Más precisamente, lo hizo suyo al otro día de haberse conocido aquel ignominioso fallo de la Justicia tucumana en el caso Marita Verón. Todos nos acordamos de dicho fallo. Los imputados por el delito de trata quedaron liberados por una decisión de la Justicia tucumana. Recuerdo las expresiones de la señora presidenta, quien dijo si nos acordábamos del asesinato del soldado Carrasco. Dicho asesinato trajo como consecuencia una serie de modificaciones en estructuras peculiares como el Ejército Argentino y las fuerzas armadas argentinas. Entre otras cosas significó la posibilidad de terminar con el servicio militar obligatorio. Como en otras oportunidades, la señora presidenta dijo que quizás todo esto era una oportunidad. Una oportunidad, ¿para qué? Para darnos la posibilidad de debatir un tema que los argentinos hemos debatido poco y decidimos mucho menos en estos treinta años de democracia. ¡Qué buena manera de festejar estos treinta años de democracia, dándonos un debate pendiente! ¿Qué Poder Judicial queremos? ¿Qué justicia queremos? ¿Qué jueces queremos? En estos treinta años de democracia, todos los sectores políticos y sociales fuimos interpelados y obligados a debatir sobre nuestro rol y funcionamiento. Esto ocurrió con los dirigentes políticos, con los legisladores, los funcionarios de los poderes ejecutivos, los dirigentes empresarios, los empresarios en sí mismos, los dirigentes sindicales y hasta los periodistas. Todos han sido interpelados por esta sociedad en los últimos años. De lo único que no se ha hablado con profundidad en la Argentina fue del Poder Judicial, porque siempre se abortaba cualquier intento de generar algún tipo de reflexión o de debate sobre su funcionamiento, con esta resabida recurrencia a la independencia del referido poder. Poco sabe la sociedad del Poder Judicial; incluso estuvo orillando una contradicción y una tensión en este recinto que nosotros no compartimos. Queremos un Poder Judicial independiente; no queremos un Poder Judicial elitista. Queremos un Poder Judicial independiente, pero no queremos un Poder Judicial oscurantista. Queremos un Poder Judicial independiente, pero también un Poder Judicial comprometido con nuestro país, con la sociedad y fundamentalmente con el conjunto de los argentinos. Es falsa esa contradicción y esa tensión que se quiere generar para llevar adelante. Me queda la sensación de que cada vez que intentamos avanzar o bajar del pedestal al Poder Judicial, aparece la coraza que impide dar cualquier tipo de debate. Quizás estamos hablando de la totémica independencia del Poder Judicial. “Como el Poder Judicial es independiente, no hablemos de él, no toquemos nada, no cambiemos nada, que las cosas queden como están.” Y las cosas están mal. Este es el problema. Precisamente como las cosas estaban mal, nosotros nos animamos a llevar este debate adelante luego de la convocatoria de la señora presidenta. Esto es lo trascendente. Sinceramente esperábamos una respuesta distinta. Estamos acostumbrados en el oficialismo a llevar adelante debates tensionantes en la sociedad argentina. Néstor y Cristina han sido presidentes que no han estado para mantener el statu quo en cualquier lugar si la situación que se vivía estaba mal. No han tenido miramientos a la hora de tomar riesgos, si era necesario tomarlos, para llevar adelante debates que modificaran las situaciones que nosotros creemos que son factibles de ser modificadas para mejorar determinados aspectos de la vida social de los argentinos. Pero no esperábamos ‑o por lo menos yo no esperaba- respuestas de estas características. Como síntesis de las respuestas que hemos recibido a este debate al cual ha invitado la presidenta permítanme leer un pequeño párrafo del editorial del diario La Nación del domingo pasado. Dice así: “Hacia un totalitarismo bajo el ropaje democrático. A la vista de todo el mundo el gobierno lleva a cabo en estos días un verdadero golpe institucional que una vez consumado se traducirá en el peor avasallamiento de la sociedad y las instituciones desde la recuperación de la democracia”. No sé qué diputado opositor hablaba de las palabras. Hay que ser cuidadoso con el uso de las palabras. Recuerdo que cuando debatimos en el Congreso en febrero de 2006 la reforma del Consejo de la Magistratura el señor diputado mandato cumplido Vanossi dijo “Esta reforma es equiparable al Estado de sitio”, y yo le dije “Mire, diputado, mañana usted va a salir a la calle y no va a haber Estado de sitio”. Y mañana los argentinos van a salir a la calle y van a seguir existiendo las libertades individuales, las libertades colectivas, la vigencia de los derechos humanos y todas las garantías que prevé la Constitución para la democracia. Lo que estamos haciendo es llevar adelante un debate, y está mal tratar de abortarlo etiquetándolo de la manera más descalificante posible. Eso les impide llegar a abordar la cuestión desde un lugar relativamente edificante. Hemos escuchado críticas acerca de la metodología. ¿Hay algún tipo de cuestión metodológica más invalidante que la actitud de la oposición, que sin saber de qué se trataban los proyectos que iba a enviar la presidenta al Congreso adelantaba su negativa en la votación de cada uno de esos proyectos? Ese fue el escenario previo que creó la oposición para llevar adelante este debate. Exigen debate y cuando hay debate deciden –por suerte esta vez los del error fueron los senadores‑, como otra vez han hecho en esta Cámara de Diputados, en lugar de sentarse a debatir, levantarse y dejar la banca vacía en el momento de dar el debate que tienen que dar. Esto es invalidante, de la misma manera que lo es la calificación y el etiquetado. Algunos diputados recién dijeron: “No lo votamos porque no creemos”, “No lo votamos porque no confiamos”, “No lo votamos porque sospechamos”, o sea que ni siquiera lo votan por el fondo del proyecto que estamos tratando. Más allá de la intencionalidad y de la oralidad del discurso, el voto marca una actitud política. Entonces, votar en contra es seguir votando para que las declaraciones juradas de los jueces permanezcan en un sobre cerrado y ningún argentino tenga posibilidad de verlas. (Aplausos.) Votar en contra significa mantener el espíritu elitista del Poder Judicial no sólo en los jueces y camaristas sino también en los empleados que ingresan a ese poder. (Aplausos.) Y votar en contra también significa no pedirle al Poder Judicial que tenga un sistema informático para que cualquier argentino pueda acceder y conocer el estado procesal de cada una de las causas. (Aplausos.)
 Sr. Rossi.- En general siempre han planteado debates en la Argentina que generan tensión. Muchas veces me ha pasado con algunos diputados opositores o dirigentes opositores que me dicen ‑obviamente en privado, no en público‑: “¿Para qué se metieron con esto si venían tranquilos?” También lo dejaron soslayar cuando tuvo lugar el debate sobre el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Nosotros nos metemos porque tenemos profunda voluntad de cambiar las cosas que creemos que podemos y que se deben cambiar en la Argentina. Lo que no nos perdonaríamos a nosotros mismos como dirigentes políticos es ver que hay algo que se debe y puede cambiar y no hacerlo solamente por comodidad, y menos aún por algún tipo de temor. No hay que tener temor. No vayan a creer que aquello que decía el viejo Vizcacha es verdad. Lo voy a leer para que lo recuerden: “Hacete amigo del juez, no le dés de qué quejarse; y cuando quiera enojarse vos te debés encojer, pues siempre es güeno tener palenque ande ir a rascarse". (Aplausos.) 
Sr. Rossi.- Estas son las cosas que estamos discutiendo: cómo nos paramos ante la realidad y ante la sociedad. Quiero decirles, señor presidente, que también me pasan otras cosas. Ustedes se enojan cuando nosotros reivindicamos a nuestra presidenta, pero al menos permítannos sentir un enorme orgullo por la presidenta y jefa política que tenemos. (Aplausos.) Cuando nosotros decidimos enviar a este Congreso de la Nación el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, lo hicimos a sabiendas de los desafíos que asumíamos. Y sabíamos claramente que íbamos a tener que aguantar durante muchísimo tiempo la diatriba y la descalificación permanente de los principales medios de comunicación el país. Pero lo hicimos de todas maneras porque estábamos convencidos de que ese era el camino. Y muchísimos de ustedes me dicen en privado: “El costo lo pagan ustedes, pero cuando esté en plena vigencia la ley de medios, el beneficio va a ser para todos.” 
Sr. Rossi.- Entonces, ya conocemos la decisión política que tienen tomada, pero podríamos aprovechar esta situación para intentar que la semana que viene el debate sea un poquito más edificante y discutamos sobre la cuestión de fondo. ¿Por qué tanto miedo a la voluntad popular si lo único que estamos pidiendo es que sobre un organismo político como el Consejo de la Magistratura puedan votar absolutamente todos los argentinos? (Aplausos.) ¿Cómo un político democrático va a pararse frente a los argentinos para decirles: “¡No, no quiero que ustedes voten, no están capacitados para votar, no les pertenece, no tienen el derecho de votar, los únicos que tienen el derecho de votar son los abogados y los magistrados!” ¿Esa es la democracia que queremos construir? Esa no es la democracia que queremos construir. (Aplausos.) La democracia que queremos construir es absolutamente distinta. Seguramente la semana que viene vamos a discutir sobre estos temas. Lo que estamos haciendo es tratar de darle legitimidad popular y no legalidad corporativa a un organismo tan importante como es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué otra cosa significa si no es alimentar los rasgos corporativos del Poder Judicial, que a los abogados los elijan los abogados, que a los jueces los elijan los jueces, si a los únicos que tienen que responder y dar cuenta es a los que los eligen? Y los que los eligen son sus propios pares. Entonces, ¿cómo hacemos para dar a ese Poder Judicial independencia y legitimidad si todos sabemos que ha funcionado como lo ha hecho durante todos estos años? La calificación de aristocratizante es a un estilo de funcionamiento; no invalida a quienes lo integran en términos individuales. Sí describe el funcionamiento de una corporación. Cualquiera que ingresa a esa corporación, por más que quiera modificar su funcionamiento se le hace absolutamente imposible por el peso que tiene el sentido corporativo. Nosotros tenemos que reivindicar aquel concepto que se introdujo en la reforma del 94 que fue el Consejo de la Magistratura. En ese momento los constituyentes pensaron que era el mejor mecanismo para mejorar el proceso de selección de los jueces, pero no pensaron que ese mecanismo iba a acentuar los rasgos corporativos del Poder Judicial. Entonces, manteniendo el mecanismo hay que darle legitimidad popular para que el proceso de selección de los jueces tenga el mayor grado de legitimidad popular y que no siga sucediendo que el Consejo de la Magistratura continúe generando los peores aspectos del Poder Judicial, que queremos cambiar. Hay que preguntarse qué persigue el lenguaje crítico de las sentencias. Persigue que el conjunto de los legos no lo entienda y que sea difícil acceder. Uno de los objetivos que planteamos en la reforma de los Códigos Civil y Comercial fue que el lenguaje fuese más llano para que el conjunto de los ciudadanos conozca sus derechos y pueda acceder al servicio de Justicia. Entonces lo que hay que hacer es producir una trasformación profunda, y a esto estamos invitándolos, para que den el debate correspondiente. Entonces, no hay que escudarse en la idea de que está todo mal, todo negativo y que lo único que hacemos es tratar de quedarnos con el Poder Judicial. Lo mismo dijeron en la reforma del año 2006; por eso impulsaron una contrarreforma en el 2010. Y fíjense cómo quedó esa acusación de que nos queríamos quedar con el Poder judicial en el 2006. Lean el fallo de hoy de la Cámara. La verdad es que nada de eso fue. El proyecto de 2006 tiene el mismo sentido y la misma dirección que éste, que es darle mayor legitimidad popular. Por eso pusimos a los representantes con legitimidad popular con una mayoría dentro del Consejo de la Magistratura, y no como era anteriormente que las mayorías estaban por fuera de los representantes de legitimidad popular. Entonces me parece, y es la invitación que hago, que nosotros tendríamos que debatir la semana que viene con un espíritu más constructivo. No se escondan en la descalificación. Opinen sobre las cuestiones de fondo. Todos sabemos que el gobierno de las cautelares que quedan vigentes años tras años tras años implica que ese instituto jurídico esté desvirtuado. La cautelar que permanece fija en el tiempo significa implícitamente una definición sobre la cuestión de fondo y transforma absolutamente el funcionamiento del Poder Judicial. Hay una iniciativa. Lo que no se puede hacer es descalificarla en términos absolutos sin siquiera haberla estudiado ni opinado sobre la cuestión de fondo. Nosotros tenemos una idea, que es con la que venimos a este debate. Vuelvo a decir que este debate sobre el Poder Judicial merecía una discusión más edificante. Tenemos oportunidad de hacerlo la semana que viene. No hay que tenerle miedo a las reformas ni a la voluntad popular. Algunos nos dijeron que iban a ganar las próximas elecciones parlamentarias. Entonces, ¿qué les preocupa? ¿Qué los consejeros sean electos por voto directo? Si van a ganar las elecciones... No le tengan miedo al pueblo. 
Lo único que no se puede hacer es tenerle miedo al pueblo. El pueblo no se equivoca. Y si se equivoca, es mejor que se equivoque el pueblo a que acertemos nosotros con minorías calificadas. 

La Camara Nacional en lo Civil y Comercial falló a favor del grupo Clarin

Mientras se discute la democratización de la Justicia, la Camara dicto un fallo a la medida de Clarin Se trata de una verdadera burla . El fallo declara constitucional los artículos 41 y 161 de adecuación a la ley de medios pero también declara inconstitucionales los artículos e incisos sobre limites de multiplicidad de licencias respecto del grupo Clarin. Es decir, la Camara dice que el grupo debe adecuarse, pero a lo que ya es. Pero lo mas grave, es que la Cámara se arroga facultades legislativas al recortar la ley con declaraciones parciales de inconstitucionalidad, reformulando asi sus objetivos en base de fundamentos no jurídicos, sino de peritos e “informes económicos”. Ni la oposición ni los medios hegemónicos van a llorar esta vez por la República, avasallada por una justicia corporativa, corrupta y antidemocrática. 

El fallo

Reforma judicial

Cristina presentó las acciones destinadas a democratizar, transparentar y agilizar la Justicia. Los proyectos se elevarán al Congreso.

 Acciones para la democratización de la justicia:

• Reforma del Consejo de la Magistratura para que los miembros sean elegidos por voto popular. Se amplía de 13 a 19 miembros: además de legisladores, jueces y abogados, se integrarán cinco académico de diferentes extracciones. No serán elegidos por voto los representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo porque ya estarán privilegiados.

• Ya no se privilegiará para ser juez al que ya pertenezca al Poder Judicial. Se implementará un concurso previo para cubrir vacantes.

• Nuevo Registro Público de Causas en todos los tribunales para mejorar el acceso de la información.

• Garantizar el acceso de cualquier ciudadano a las declaraciones juradas del Poder Judicial, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo.

• Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen, y si los postulantes exceden los cargos a cubrir, se realizará concurso público.

• Regulación de medidas cautelares contra el Estado para agilizar las sentencias definitivas. No podrán superar los seis meses las resoluciones de fondo.

• Se crearán tres Cámaras de Casación: Contenciosa Adminsitrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial,  para aliviar trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia.

• Código Civil, Comercial y Penal se actualizarán y se reformarán los códigos procesales para modernizar los procesos judiciales y acortar plazos.