Los subtes y la judicialización de la política

El incumplimiento por parte de Macri del convenio de transferencia de los subtes y su posible resolución por parte de la Corte abrió nuevamente el debate sobre la judicialización de la política. Nuestro gobierno optó por impulsar un proyecto de ley que ratifica la transferencia en cumplimiento de las atribuciones del Congreso pero aún de aprobarse es difícil que se evite la via judicial. Y esto se debe a que el ámbito de negociación, requiere de las partes voluntad política y vocación por la gestión pública. En su lugar, el macrismo gobierna bajo la lógica del interés privado y la rentabilidad. Como ejemplo, basta leer la propuesta de Montenegro que retruca aceptar los subtes si se transfieren los derechos portuarios y las ganancias del juego para que les cierre la supuesta ecuación. Desde esta postura, no hay negociación política posible.

La via judicial existe, y la Corte tiene competencia originaria en los conflictos interjurisdiccionales materia que abordó en varias ocasiones y de diversas maneras: La causa del Rio Atuel, el recurso contra el estado nacional interpuesto por San Luis y la causa Mendoza, por citar algunos ejemplos.

Planteadas así las cosas, los argumentos de Macri para romper el acuerdo son varios:

De fondo, citan la Constitución Nacional, especialmente el párrafo siguiente : "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso."

Sin embargo el párrafo se inscribe en el art. 75 inc 2 sobre atribuciones del Congreso que trata sobre la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, debiendo efectuarse “en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”

Resulta difícil representarse estos criterios en el servicio de subtes exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires y único en el país que sostiene el estado nacional.

Por otra parte aún cuando se considere que hay recursos que deben ser transferidos estos no incluyen los subsidios al transporte, dado que estos forman parte (o no) de las políticas públicas de los gobiernos jurisdiccionales.

Otro de los argumentos es la invalidez del acuerdo firmado entre la Nación y el gobierno de Macri. Más allá de la aceptación explícita de la transferencia contenida en las primeras cláusulas y su principio de ejecución mediante el aumento de tarifas impuesto por Macri, sostienen que la transferencia se perfecciona con otros instrumentos administrativos y legales y por lo tanto al no haberse llegado a esta instancia no hay acuerdo. Un argumento curioso porque la voluntad ya se expresó en el convenio firmado por lo cual resulta obvia la necesidad de esos actos accesorios.

En este punto hay que recordar que el servicio fue concesionado en 1994 quedando la fiscalización y el control en manos de la CNRT. Posteriormente el Decreto PEN Nº 393/99,  aprobó la Addenda al Contrato de Concesión, previendo la instrumentación de la transferencia del control de los servicios subterráneos y premetro que incluyen el ejercicio de la fiscalización y control por la ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, por Ley Nº 373 , el Gobierno de la Ciudad adhirió al decreto nacional, materializándose el traspaso con el proceso iniciado mediante la firma del convenio Nación Ciudad y su comienzo de ejecución, interrumpido unilateralmente por Macri.

En resumen: un servicio exclusivo de la ciudad, inversiones del estado nacional, transferencia aprobada por ley de la legislatura, acta acuerdo, comienzo de ejecución y ley nacional que transfiere el servicio. El unico escenario que puede complicar la transferencia, en la vía judicial es que a pesar de los hechos y el derecho, la Corte emita alguna de sus sentencias "salomónicas" que permita a Macri no hacerse cargo del servicio o darle largas al asunto con el creciente costo político. Y así, quizás tarde o temprano aprenda que la política es algo más que una empresa.