Debate del INDEC, discurso de Di Tullio.

Sra. di Tullio.- Señor presidente: nuestro bloque no tiene dictamen de mayoría ni de minoría.

Existen tres razones por las cuales el oficialismo no va a acompañar ninguno de los dictámenes que se han presentado. La primera es porque, en nuestra lectura, este proyecto de ley constituye una vieja e histórica embestida política y, además, es poco creativo.

Esta propuesta fue usada muchas veces con cierto éxito en nuestro país –en algún caso ha sido más contundente que en otros- pero esta suerte de desacreditar los datos emanados del Estado es una estrategia vieja y poco creativa, que se ha instalado hace dos años en nuestro país por un conglomerado opositor, que hoy tiene una mayoría circunstancial en la Cámara y que ha logrado un dictamen de mayoría, apoyado por dos sectores antagónicos, como los representados por el señor diputado Lozano y la señora diputada Giudici.

En verdad, no acompañamos ningún dictamen ni la sanción del Senado, porque creemos que representan una clara interferencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo; la señora diputada Giudici no pudo ser más clara y contundente en su acompañamiento al dictamen de mayoría.

El dictamen no fue debatido y el oficialismo, que gobierna, no pudo discutirlo en ninguna de sus dos instancias. La primera tuvo lugar como consecuencia de un emplazamiento de la mayoría circunstancial de la Cámara, nucleada en el “Grupo A”, a la Comisión de Comercio, a partir de un proyecto de ley de un diputado con mandato cumplido.

En ese momento, el presidente de la Comisión de Comercio había presentado su renuncia y de forma poco democrática –mi calificación es, además, violenta- no se me dejó asumir como presidenta de esa comisión. Así sacaron un dictamen de una carpeta, sin que se pudiese debatir y sin que me hayan dejado asumir como autoridad de la comisión.

Fue un dictamen impugnado por el oficialismo. Existieron impugnaciones cruzadas, pero no hubo ningún debate. No se dio la posibilidad al oficialismo ni a ninguna autoridad del Instituto a venir a defender su institución. En ningún momento se los escuchó, y lo mismo se hizo con el segundo dictamen, que se somete a consideración en este momento.

No hubo ni hay intención de discutir sobre el INDEC. Algún diputado en un debate anterior habló sobre la normalización del INDEC. Quiero decir que claramente hay una intención de control político de parte de la oposición sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para eso tendrán que esperar a ganar las próximas elecciones, si ello ocurre, lo que dudo.

Voy a compartir mi tiempo con el diputado Moreno y quisiera ser precisa y respetuosa, porque hablo en nombre de mi bloque. Por ello solicito permiso para leer algunas cuestiones puntuales sobre el dictamen, que no acompañamos por las tres grandes razones que he explicado.

En la actualidad el INDEC constituye un organismo desconcentrado al interior del Ministerio de Economía, que si bien administra su propio presupuesto, no cuenta con personería jurídica propia. El dictamen de mayoría, firmado por la oposición, establece en su artículo 2° la creación del INDEC como ente descentralizado con autarquía económico financiera y autonomía jurídica.

Ahora bien, más allá de si esta modificación implicaría una mejora o no en el funcionamiento del INDEC dudo que sea la intención del grupo A , lo que es seguro es que esta propuesta supone una clara violación de las facultades que la Constitución Nacional reserva al Poder Ejecutivo, y contradice los principios del sistema político presidencialista.

En efecto, y como sostiene Bidart Campos, la creación de organismos descentralizados no constituye una facultad del Congreso, pues esto implicaría el avance del Poder Legislativo sobre criterios de administración pública que son privativos del Poder Ejecutivo nacional.

Si algo caracteriza el espíritu del dictamen de mayoría es precisamente este intento de privar, por un lado, al Poder Ejecutivo de sus facultades específicas esto es, la administración general del Estado- y por otro la pretensión del Poder Legislativo de arrogarse facultades que no tiene constitucionalmente.

El propósito de fondo que persigue el dictamen de mayoría en su artículo 2°, en el que se busca una completa autonomía del INDEC, es en verdad el de otorgar autonomía a dicho organismo respecto de las decisiones políticas económicas que lleva adelante el Ministerio de Economía. Bastara que quisieran también intervenir el Ministerio de Economía.

En este punto hay que ser claros. No estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar el señor diputado Heller. Las estadísticas nacionales no pueden ser concebidas como un servicio público, entre otros, sino que constituyen un instrumento para el diseño y el monitoreo de las políticas económicas definidas por el Ministerio de Economía en consonancia con los objetivos de desarrollo estratégicos que establece el Poder Ejecutivo nacional. Es, en efecto, el Ministerio de Economía el que establece los lineamientos de la política económica y, consecuentemente, promueve la creación de los instrumentos necesarios para su cumplimentación. Este ha sido el objetivo de la tan famosa modificación de la metodología de medición del IPC. Esta modificación se debe a la necesidad que tiene el Ministerio de Economía de medir fehacientemente la variación de precios de productos y servicios que más afectan a la capacidad de consumo de los sectores populares, a diferencia de la anterior metodología que incluía la variación de precios de bienes y servicios suntuosos, como por ejemplo viajes al Caribe, el precio de las rosas colombianas, etcétera.

La variación de precios del sector social que resulte más relevante para la implementación de una política pública no puede ser sino establecida por el Ministerio de Economía de la Nación y no por un organismo académico sin responsabilidades de gobierno y carente de representación popular.

En el mismo sentido, el artículo 4° del dictamen de mayoría incorpora una modificación en el mecanismo de designación de las autoridades del INDEC, según el cual éste deberá ser designado y removido por el Poder Ejecutivo de conformidad con el Parlamento. Ahora bien, esta modificatoria contradice los principios del sistema presidencialista e implica un avance del Parlamento sobre facultades que son constitucionalmente exclusivas del Poder Ejecutivo.

En efecto, la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 7, indica explícitamente que la designación de los funcionarios de la administración pública constituye una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, estableciendo que los funcionarios de la administración general del Estado son designados por el presidente de la Nación a su sola firma y propuesta, y bajo su exclusiva responsabilidad.

Como si esta limitación de facultades que constitucionalmente son propias del Poder Ejecutivo no bastare, el artículo 15 del presente dictamen establece lisa y llanamente una intervención del Poder Legislativo sobre áreas exclusivas del Poder Ejecutivo. Así, el artículo 15 del dictamen de mayoría establece la intervención transitoria del INDEC por parte de una comisión bicameral que tendrá por objeto revisar lo actuado por el instituto desde el año 2007 a esta parte. Esto no sólo constituye una violación de la división de poderes, sino que contradice las recomendaciones de los institutos de estadísticas de todo el mundo en el sentido de no establecer revisiones técnicas de lo actuado, ya que de esta manera el Estado se expone peligrosamente a acciones legales de grupos especulativos.

Creemos que este es el principal interés que se esconde detrás de los intentos de modificación del INDEC. Nadie puede hacerse el distraído respecto de la enorme presión que los grupos especulativos y los sectores más concentrados del establishment financiero ejercen sobre las mediciones del INDEC.

Lo único que escuchamos a través de los medios hegemónicos, tristemente repetido por muchos diputados y diputadas de la Nación, es que la modificación de la metodología de medición del IPC llevada a cabo por la actual administración obedece a intereses espurios del gobierno nacional, pero nadie dice en estos mismos medios que la modificación de metodología es una práctica común en todos los países del mundo y que persigue la finalidad de actualizar la metodología para que esta se adecue a las exigencias de las nuevas condiciones económicas y sociales. Así, por ejemplo, sucedió recientemente en Francia e Inglaterra, y así también ha sucedido en nuestro país. Las ventajas o desventajas de tal modificación puede constituir únicamente el motivo de un debate técnico, pero de ningún modo se puede poner en cuestión la legitimidad del gobierno nacional de avanzar en una modificación si la considera adecuada.

Lo que hay de fondo, repito, es una enorme presión de los grupos especulativos por maximizar el rendimiento de los bonos que ajustan por inflación. Hasta tal punto es así que se identifica directamente la medición del IPC con el índice de inflación, cuando todo el mundo sabe o debería saber que son dos índices diferentes y que IPC constituye sólo un elemento entre otros de la elaboración del índice de inflación, algunos de los cuales no los mide siquiera el INDEC.

En la actualidad, el IPC se mide a partir de una canasta fija de 440 bienes y servicios, cuya ponderación, por primera vez en la historia, es pública y a la cual cualquiera puede acceder. Uno de los argumentos más difundidos por los medios hegemónicos es que la falsedad de los datos del INDEC quedaría demostrada por la diferencia existente entre la medición de este instituto nacional respecto de los institutos estadísticos provinciales. Pero esta diferencia, en verdad, consiste en la existencia de índices autoponderados y en el mayor peso que estos institutos provinciales confieren a los alimentos y bebidas.

Si se toma la variación interanual del IPC que mide el INDEC en el último período, esta da 11 por ciento. Pero si se toma la variación de la canasta básica alimentaria medida por el mismo INDEC, dato en el cual el peso de los alimentos y bebidas es mayor, el aumento es del 21 por ciento, cifra similar a los resultados de variación que dan los institutos provinciales. En suma, cuando el oportunismo político se inmiscuye en las cuestiones de orden técnico, se crea una confusión con la cual se pretende engañar a la población y favorecer intereses corporativos, además de intereses políticos, que son viejos, poco creativos. Insisto, muchas veces en nuestro país hemos vivido esta situación.

La idea de que el INDEC falsea la inflación es un mito que los medios hegemónicos de la comunicación han sabido instalar en la vida de los argentinos, al igual que otros mitos instalados que desvirtúan la realidad del INDEC, como por ejemplo aquel mito que sostiene que en el INDEC los trabajadores se encuentran sojuzgados por una intervención autoritaria y despótica.

Pero la verdad es que de 1.750 empleados con que cuenta el INDEC, sólo 78 conforman la comisión interna que manifiesta su disconformidad con la actual administración del instituto, mientras que 1.076 trabajadores firmaron una solicitada de adhesión a la actual administración y que, a pesar de constituir la enorme mayoría, ha sido sistemáticamente silenciada y censurada. Al parecer, para la oposición política y mediática, estos no gozan de la calidad de trabajadores.

Por lo tanto, si lo que se quiere discutir es la conveniencia o no de la metodología de medición, esto constituye un debate que no debe exceder los límites de la argumentación técnica. Y, en este sentido, el Ministerio de Economía ha dado sobradas muestras de su interés en propiciar este tipo de debates, y lo ha demostrado invitando a dar su opinión tanto a las instituciones académicas nacionales como a los organismos internacionales. Consideramos que éste es el ámbito propio en el cual debe desarrollarse el debate. Lo que no puede hacerse, por el contrario, es querer convertir una discusión técnica en el mascarón de proa de un avance inconstitucional sobre las facultades del Poder Ejecutivo y del sistema de gobierno presidencialista. Si la oposición quiere torcer el rumbo de la actual política económica, deberá ganar las elecciones, pero no puede ni debe suplir su falta de representación mayoritaria con artimañas que producen un profundo daño en nuestro sistema institucional.

La señora presidenta va a seguir administrando este país a pesar de esta mayoría circunstancial devenida en oposición mayoritaria, que tiene hoy un dictamen de mayoría cuya evaluación acabo de describir. La verdad es que no van a torcer el rumbo político de este gobierno por más que lo intenten, y voy a ceder la palabra a mi compañero “Cuto” Moreno para que siga con nuestra argumentación. (Aplausos.)