La destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, expone las nuevas estrategias de las derechas latinoamericanas para derrocar a los gobiernos democráticos.
El plan es el mismo, generar o inventar un hecho violento, tergiversarlo y amplificarlo a través de los medios de comunicación y utilizar los mecanismos institucionales para la destitución del presidente democrático.
En Paraguay, después del juicio político llevado en un procedimiento sumarísimo, el Presidente Lugo acató la decisión del parlamento pero con reparos. El canciller Timerman contó que el presidente se quedará en Paraguay y que no llamará a un levantamiento porque quiere evitar muertos. “Le dije que Juan Perón hizo lo mismo en 1955 y que siempre se puede volver si no hay muertos.”
Sin embargo, establecer semejanzas entre los golpes y las resistencias es complejo, pero el denominador común siempre es el mismo: la correlación de fuerzas.
Ya no se trata de medir la correlación entre la resistencia popular y la represión golpista pero tampoco entre la representación del poder ejecutivo y la representación parlamentaria.
Se trata de entender que en democracia, la correlación de fuerzas se mide con el voto popular directo y soberano, no entre sus representantes.
Se trata de entender que en democracia, la correlación de fuerzas se mide con el voto popular directo y soberano, no entre sus representantes.
Ciertamente el instituto de juicio político existe en muchas constituciones liberales de latinoamérica por lo cual es un recurso legal pero ilegítimo y antidemocrático.
Por el contrario y como ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sólo permite la destitución del presidente mediante dos procedimientos: La destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y la revocatoria popular del mandato. Lo que deja a la oposición con la única y simple opción de ganar una elección.
El golpe en Paraguay y los recientes intentos en otros países nos lleva a plantear la necesidad de reformas constitucionales que eliminen los procedimientos que ignoren la voluntad popular para juzgar el desempeño o capacidad de un presidente, especialmente cuando la “vía institucional” es el camino elegido por las derechas reaccionarias que se ven ocasionalmente favorecidas por las representaciones políticas y mediáticas.
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