Los radicales, el PJ disidente, los socialistas, la Coalición Cívica, el PRO y Proyecto Sur, dieron el pasado miércoles media sanción a la reforma de la ley 24.156 de Administración Financiera, que busca eliminar la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas presupuestarias. En la misma sesión rechazaron previamente el texto aprobado por el Senado que limitaba dicha facultad.
Con este proyecto, la oposición busca obstaculizar la gestión del gobierno, no reconociéndole siquiera la facultad de mover partidas presupuestarias con el límite del 5% aprobada por el Senado, límite que por otra parte está rigiendo en varias jurisdicciones provinciales, municipales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que resulta razonable para la gestión de los recursos por parte de las administraciones.
Cabe destacar, que el gobierno nacional hizo en los últimos años un uso restringido de esta facultad, tal como lo señalo el Diputado Marconato durante la sesión. “Por otra parte, quisiera informar a los señores diputados el nivel de incidencia que han tenido estas reestructuraciones implementadas a través de decisiones administrativas entre los años 2004 y 2009: en 2004 el porcentaje de reestructuración alcanzó el 1,54 por ciento; en 2005, el 2 por ciento; en 2006, el 1,61 por ciento; en 2007, el 2,63 por ciento; en 2008, el 2,69 por ciento y en 2009 el 3,46 por ciento. Creo que estos números ponen de manifiesto la prudencia y responsabilidad con la que se ha utilizado este instrumento, que públicamente algunos definen como “superpoderes”.
Otro de los argumentos del Grupo A para fundar este proyecto fue que el gobierno utiliza los Decretos de Necesidad y Urgencia para la ampliación de partidas presupuestarias en base a la mayor recaudación. Basándose en esto, Proyecto Sur prestó su apoyo al dictamen opositor agregando un párrafo que reafirma la facultad del Congreso para cualquier modificación presupuestaria.
Es preciso aclarar que el Poder Ejecutivo siempre tiene que pedir la autorización del Congreso para gastar, sea a través de una ley o un Decreto de necesidad y urgencia, esto es así porque los DNU deben tratarse en el Parlamento según lo rige la Constitución Nacional y la ley 26.122 , por lo cual el proyecto opositor-progresista, solo tiene por objeto eliminar las reestructuraciones presupuestarias y obstaculizar la administración del estado ya que es inefectivo frente a la facultad que tiene el poder Ejecutivo para dictar DNU reconocida por la Constitución Nacional y cuya materia incluye también la presupuestaria.
Por ello, luego de un largo tratamiento y si el Senado aprueba esta reforma, quizás sea necesario el uso del veto presidencial, porque la responsabilidad del gobierno implica no promulgar leyes motivadas en caprichos y pataditas de chancho.
Discurso del Diputado Rossi
Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi (A.O.).- Señor presidente: recuerdo la sesión del año 2006 en la que modificamos el artículo 37 de la ley de administración financiera. Tuvo algunas singularidades. Por ejemplo, me acuerdo de Mauricio Macri, pero no por lo que dijo fue una de las pocas veces que habló sino porque trajo una ranita de peluche; no recuerdo para qué la trajo pero lo recuerdo de esa manera.
También me acuerdo del tono de los discursos. Por eso siento que esta sesión es casi reivindicatoria para el oficialismo. Por ejemplo, el diputado mandato cumplido Jorge Vanossi igualó la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera con instalar el Estado de sitio. Dijo textualmente que la modificación del artículo 37 era solamente comparable con una ley que estableciera el Estado de sitio en la Argentina.
En ese momento todos los discursos de la oposición eran tremendistas. Se escuchaban frases tales como: “el gobierno va a hacer lo que quiera”, “el gobierno va a hacer y deshacer”, “esta es la ley del vale todo”, “es la ley por la cual se inutiliza cada presupuesto que se apruebe en la Argentina”, “ya no tiene sentido seguir discutiendo el presupuesto en la Argentina”, “cerremos el Parlamento porque con esto no existe más”, etcétera.
La verdad es que después de esa sesión tan tremenda y de haber escuchado discursos similares en las sesiones posteriores en las que se trataron y aprobaron los distintos presupuestos –porque se nos impugnaba el presupuesto a partir del uso del artículo 37 de la ley de administración financiera , es reivindicatorio el hecho de que hoy nos reconozcan que en todo este tiempo utilizamos menos del 5 por ciento y que este límite es innecesario porque en realidad venimos utilizando menos de ese porcentaje.
Cuando se hablaba de ese artículo 37 nosotros decíamos que había un 82 por ciento del gasto del presupuesto nacional que era altamente rígido e inelástico y que por lo tanto sobre lo único que podíamos actuar era sobre el 18 por ciento restante. Pero igual nos decían que eso no era cierto. Por eso digo que para nosotros esta sesión es casi reivindicatoria.
Hay que decir que tanto Alberto Fernández como Sergio Massa y Aníbal Fernández, habiendo podido modificar el ciento por ciento del presupuesto, siempre lo han hecho en menos del 5 por ciento; algunos los modificaron en un 2 o en un 3 por ciento. El último año se modificó un 5,1 por ciento, producto de la crisis, por lo que casi se podría decir que actuaron como Heidi o como carmelitas descalzas, con toda la potestad que supuestamente tenían para deshacer o desarmar absolutamente todo en la Argentina.
De modo que me parece que estamos en presencia de una gran hipocresía, señor presidente. Se mintió descaradamente tratando de hacer creer que con esa modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera el gobierno podría hacer y deshacer pues tendría facultades para ello. Y resulta que ahora cuando desde el Ejecutivo dicen “Vamos a ponerle un límite”, se responde “La verdad es que no lo han utilizado de esa manera.”
En ese sentido, realmente me siento reivindicado porque nosotros siempre dijimos esto. Dijimos que esa modificación era a los efectos de hacer más ágil todo lo que significa la gestión y administración del Estado. Nos parecía absolutamente razonable habida cuenta del alto componente de rigidez que tiene el presupuesto, y lo que buscábamos era fundamentalmente dar al Estado nacional las mismas herramientas que tienen los Estados provinciales. En algunos lados se habla de movilidad de partidas, en algunos lados está hecho en forma permanente, en otras administraciones y en otras circunscripciones se hace solamente cuando se aprueba el presupuesto.
De hecho en la Argentina en todos los años anteriores al 2006, salvo en algunos casos excepcionales, siempre se incluía en el presupuesto general de la Nación la suspensión de la aplicación del artículo 37 de la ley de administración financiera.
Quiere decir que todos los años el jefe de Gabinete, desde el año 1994 en adelante, tenía la posibilidad de movilidad de partidas. Lo que hicimos nosotros en ese momento fue darle una estabilidad para que esa facultad administrativa la tuviese la totalidad de los gobiernos, que no dependiese solamente de la mayoría circunstancial que uno puede tener al momento de aprobar un presupuesto. También, buscamos que estuviese perfectamente establecida por una ley y ahora nos pareció que a partir de las críticas que habíamos recibido –las habíamos recibido durante todo este tiempo y también en el marco de la campaña electoral lo lógico era acotar esa facultad de administración porque nos parecía absolutamente razonable.
La verdad es que junto con el sentido reivindicatorio sentimos que no hay un tratamiento justo por parte de la oposición. Todos sabemos que este límite del 5 por ciento es absolutamente razonable. Todos sabemos que este límite lo único que hace es tratar de ver de qué manera logramos mejorar la calidad de la administración.
Voy a leer algunas de las cosas que se hicieron en el 2009 en virtud de esta atribución por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros: las compensaciones a tamberos, los famosos 10 centavos por litro, insumieron 470 millones de pesos. Fue una facultad ejercida por la Jefatura de Gabinete, en virtud del modificado artículo 37 de la Ley de Administración Financiera.
La atención a la gripe A, que demandó mil millones de pesos, fue hecha también con esa facultad. Al plan familias se le incrementaron 168 millones de pesos de la misma manera. Al plan federal de viviendas, se le incrementaron 1.234 millones de pesos en el mismo sentido. Al aumento salarial al Poder Judicial se destinaron 185 millones de pesos y 151 millones de pesos.
Para la compra de acciones de la Martin Lockheed, se utilizaron 163 millones de pesos. En refuerzo de los planes sociales se derivaron 100 millones de pesos. Por el aumento de prestaciones de la ANSES se reorientaron 2.169 millones de pesos. La asistencia financiera a provincias demandó 1.200 millones de pesos, y la asistencia a cajas provinciales para afrontar los 150 pesos adicionales para jubilados, diciembre de 2009, 786 millones de pesos.
O sea, once inyecciones administrativas orientadas a tales fines, que significaron reorientar 8 mil millones de pesos, es decir, un 66 por ciento del total de los fondos reorientados.
En verdad, no parece ser éste un acto discrecional de la administración, de manera que pueda concluirse que se llevó a cabo un manejo autoritario o autocrático o que estemos en presencia de un príncipe o de una monarquía.
Cuando la presidenta de la Nación anunció este proyecto de delimitación de las facultades del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, pensábamos que íbamos a encontrar el acompañamiento de la oposición. Es más, muchísimas veces durante todo este tiempo se nos decía que si hubiera una limitación la cuestión sería distinta, es decir, si no estuviera establecido de la forma tan amplia en la que se lo concibió.
Volver al artículo 37 de la ley de administración financiera ciertamente es involucionar. Sin duda es volver las cosas para atrás, porque hemos verificado durante todo este tiempo que la facultad que se le dio al Poder Ejecutivo y al jefe de Gabinete fue utilizada razonablemente, con absoluta prudencia, en el sentido de reorientar los fondos, como leía recién, en un alto porcentaje hacia el gasto social.
Quitarle esa limitación y esa facultad al Poder Ejecutivo es a mi criterio claramente un error y equivocar el camino.
Se habló también del tema de las ampliaciones presupuestarias. En verdad la oposición a veces tiene la virtud de convertir valores en disvalores. Uno sale de acá diciendo: “Uh, qué macana: recaudamos más de lo que presupuestamos”. Pero es al revés: “Qué suerte que todos los años recaudamos más de lo que presupuestamos, a la inversa de la historia económica argentina donde los presupuestos siempre fueron deficitarios”.
Esto significa que en los distintos ejercicios se terminó recaudando siempre menos de lo que se había presupuestado; y como se gastaba en función de lo que estaba presupuestado, eso generaba un déficit, y esta fue la historia crónica de la Argentina durante muchísimo tiempo.
A nosotros nos parece que está bien que cuando se calcula el presupuesto se tengan pautas moderadas. Siempre es mejor cubrirse del lado de la seguridad. Cuando uno utiliza una expectativa de crecimiento o una pauta inflacionaria más alta, ambas decisiones nos llevan a incrementar el nivel de gasto, porque esas dos decisiones aumentan el nivel de recaudación. Más crecimiento y más inflación aumentan el nivel de la recaudación. Entonces, si no suceden estas dos cosas podemos tener problemas en la ejecución presupuestaria.
Es claramente una virtud de este modelo económico que nosotros sí creemos que hay que seguir profundizando haber tenido siempre pautas de crecimiento económico y de recaudación que fueron superadas absolutamente por la misma evolución de la economía.
¿Qué pasa cuando hay un aumento de recaudación? El gobierno tiene que pedir autorización al Congreso para gastar. El gobierno tiene dos instrumentos: una ley o un decreto de necesidad y urgencia. Va a seguir utilizando esos dos instrumentos según cómo le parezca al gobierno.
En el año 2006 se presentó un proyecto de ley que claramente constituía una ampliación presupuestaria, y se aprobó en el Congreso de la Nación. En los años siguientes se presentaron decretos de necesidad y urgencia que también se aprobaron en la Cámara de Diputados.
El año pasado, hacia finales de año -con la anterior composición de la Cámara-, nosotros aprobamos la última ampliación presupuestaria, y la del año anterior también.
Entonces, es mentira que esto no tiene tratamiento legislativo. Sí tiene tratamiento legislativo. Les voy a pedir que prudentemente corrijan este lenguaje porque parece que esto pasa por afuera del Congreso, pero no es así.
Un decreto de necesidad y urgencia tiene tratamiento legislativo. Ustedes han aprobado un proyecto de ley para modificar ese tratamiento legislativo: hasta que no se convierta en ley y no se promulgue rige el tratamiento legislativo de la ley que se sancionó a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Todas las ampliaciones presupuestarias -por ley o por decreto de necesidad y urgencia- tienen tratamiento legislativo, son tratadas en este Congreso de la Nación y reciben la legitimación correspondiente. De lo contrario, el Congreso o el Poder Ejecutivo no podrían aumentar los niveles de gasto.
Desde que yo integro la Cámara de Diputados no recuerdo ninguna ampliación presupuestaria que haya modificado la matriz original. Todas las ampliaciones presupuestarias, salvo alguna cuestión de excepción, siguen el perfil del presupuesto que se aprobó en el año correspondiente.
Me alegro que se haya modificado la propuesta que planteaba el diputado Lozano porque tratar de impedir que el Poder Ejecutivo haga las ampliaciones presupuestarias a través de los decretos de necesidad y urgencia es claramente anticonstitucional.
La Constitución prevé qué cosas no se pueden hacer por decreto de necesidad y urgencia, y eso no se puede hacer por ninguna ley.
Creo que estamos obturando el camino y el uso de una herramienta de administración financiera absolutamente moderna, ágil y necesaria, que se ha utilizado en general con distintas formas en los distintos estamentos de la administración del país. Todos los que alguna vez tuvieron la responsabilidad ejecutiva de gobernar saben que es necesario tener una herramienta que permita la movilidad de partidas, ya que esto hace a la agilidad de la administración.
Mi compañera de bancada, la señora diputada de la Rosa, ha explicado claramente que la Ley de Administración Financiera y su artículo 37 tienen la impronta lógica del momento en que esa norma legal fue sancionada, es decir, de la década del 90.
Esa ley había sido concebida fundamentalmente para que el presupuesto del Estado nacional garantizara el pago de los servicios de la deuda. Por ese motivo no se podían modificar las partidas correspondientes a gastos de capital para destinarlas al pago de gastos corrientes.
Esto significaba la imposibilidad de reducir gastos de capital para pagar sueldos y jubilaciones, es decir, gastos corrientes. En cambio, se podían disminuir los gastos corrientes que representaban sueldos y jubilaciones para pagar los servicios de la deuda.
Entonces, estamos absolutamente de acuerdo con la modificación introducida en 2006 pues consideramos que orienta la Ley de Administración Financiera en un sentido totalmente distinto del que había tenido hasta ese momento. Este último aspecto también es explicable, ya que en 1992 la Argentina venía de padecer un proceso de hiperinflación por el cual los presupuestos en realidad nunca se cumplían, siempre eran beneficiarios y se aprobaban después de haber sido ejecutados. Consecuentemente, en cierta forma el espíritu que el legislador previó en esa oportunidad fue en el sentido de que no existiera la tentación de echar mano a los bienes de capital para terminar pagando gastos corrientes. Lo que ocurre es que en medio de los bienes de capital se estableció la obligación del pago de los servicios de la deuda. Por eso reitero que se trata de una ley con una clara impronta de la década del 90.
El otro peligro que se corre –entiendo que esto debe estar alejado de cualquier intención por parte de los dirigentes de la oposición radica en que cada vez que debamos modificar una partida tendremos que pedir autorización al Congreso nacional. Esto implicaría la posibilidad de que alguien pueda quedar preso de un Parlamento opositor. Esta es una situación que han vivido algunos señores diputados que están aquí presentes cuando fueron gobernadores de sus provincias.
Por ende, si bien no queremos que haya una situación de discrecionalidad, tampoco queremos estar permanenetemente presos de una sensación extorsiva que a alguno se le pueda ocurrir descuento que eso no ocurrirá con ninguno de los señores diputados que están aquí presentes en relación con el manejo del presupuesto nacional, cuando no se dispone de las herramientas que permitan actuar con la agilidad necesaria para llevar adelante la administración de la Nación.
Me parece que el establecimiento de un 5 por ciento de un presupuesto que es absolutamente inelástico constituye una medida sumamente prudente. Además, ella se ve acentuada por la historia que hemos tenido durante todos estos años. Al respecto deseo reiterar que con excepción del año pasado, cuando se ha gastado el 5,1 por ciento como consecuencia de la crisis económico-financiera internacional y de los mil millones de pesos que debieron destinarse a afrontar el problema de la gripe A, siempre se ha utilizado un porcentaje mucho menor.
De manera tal que nuestro bloque va a ratificar la sanción del Honorable Senado. Estamos convencidos de que la modificación de la Ley de Administración Financiera realizada en 2006 ha sido beneficiosa no solamente para este gobierno, sino también para los próximos. Así lo expresó en su momento un señor diputado que en esa oportunidad votó favorablemente esa medida y que probablemente hoy lo haga en contra. Esto he podido leerlo en la correspondiente versión taquigráfica, en la que ese señor diputado manifestó que en verdad en ese momento se estaba modificando una ley para que ello sirviera al gobierno de entonces y a los que lo siguieran, determinándose asimismo reglas de juego absolutamente claras para todos.
Considero que estamos dejando atrás una idea absolutamente anacrónica por la que resulta imposible aumentar los gastos corrientes disminuyendo los gastos de capital. Esa concepción nos lleva a una limitación que tiene que ver exclusivamente con la impronta y la ideología dominantes durante la década del 90. En ese sentido nuestro bloque desea seguir pensando en una Argentina distinta que necesita modificar sus leyes para adecuarse a ese cambio.
Nos alegramos de poder decir que en los siete años que estamos gobernando este país, cada vez que presentamos un presupuesto terminamos teniendo un aumento de la recaudaciòn presupuestaria. Eso significa que manejamos razonable y eficientemente bien los recursos de la Argentina, como así también que el país va creciendo económicamente.
Como decía el señor diputado Aguad, eso es riqueza para todos los argentinos. Sin un Estado fuerte, sin un Estado que recaude eficazmente, no hay posibilidad de crecimiento económico ni de tener un mercado interno. Sin mercado interno tampoco hay posibilidad de generar puestos de trabajo, que es lo que nos preocupa absolutamente a todos.
Me alegro de que hoy, a pesar de que seguramente vamos a tener una votación negativa, se nos haya reivindicado. No hicimos cualquier cosa con el presupuesto. Todos han reconocido que no lo hemos modificado en más del 5 por ciento. ¿Ahora no nos quieren dar ese 5 por ciento? Bueno, nos adecuaremos a las reglas de juego que nos quieran dar. Simplemente digo que se están equivocando y que están cometiendo un error. Hace al ejercicio de tener un estado moderno, ágil y eficiente contar con la posibilidad de la movilidad de partidas en un 5 por ciento.
Por último espero que este año también estemos tratando una ampliación presupuestaria, porque va a ser un símbolo del crecimiento económico de nuestro país y de que la Argentina pueda seguir recuperándose. Va a crecer económicamente y a generar empleo para todos los argentinos. (Aplausos.)
Con este proyecto, la oposición busca obstaculizar la gestión del gobierno, no reconociéndole siquiera la facultad de mover partidas presupuestarias con el límite del 5% aprobada por el Senado, límite que por otra parte está rigiendo en varias jurisdicciones provinciales, municipales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que resulta razonable para la gestión de los recursos por parte de las administraciones.
Cabe destacar, que el gobierno nacional hizo en los últimos años un uso restringido de esta facultad, tal como lo señalo el Diputado Marconato durante la sesión. “Por otra parte, quisiera informar a los señores diputados el nivel de incidencia que han tenido estas reestructuraciones implementadas a través de decisiones administrativas entre los años 2004 y 2009: en 2004 el porcentaje de reestructuración alcanzó el 1,54 por ciento; en 2005, el 2 por ciento; en 2006, el 1,61 por ciento; en 2007, el 2,63 por ciento; en 2008, el 2,69 por ciento y en 2009 el 3,46 por ciento. Creo que estos números ponen de manifiesto la prudencia y responsabilidad con la que se ha utilizado este instrumento, que públicamente algunos definen como “superpoderes”.
Otro de los argumentos del Grupo A para fundar este proyecto fue que el gobierno utiliza los Decretos de Necesidad y Urgencia para la ampliación de partidas presupuestarias en base a la mayor recaudación. Basándose en esto, Proyecto Sur prestó su apoyo al dictamen opositor agregando un párrafo que reafirma la facultad del Congreso para cualquier modificación presupuestaria.
Es preciso aclarar que el Poder Ejecutivo siempre tiene que pedir la autorización del Congreso para gastar, sea a través de una ley o un Decreto de necesidad y urgencia, esto es así porque los DNU deben tratarse en el Parlamento según lo rige la Constitución Nacional y la ley 26.122 , por lo cual el proyecto opositor-progresista, solo tiene por objeto eliminar las reestructuraciones presupuestarias y obstaculizar la administración del estado ya que es inefectivo frente a la facultad que tiene el poder Ejecutivo para dictar DNU reconocida por la Constitución Nacional y cuya materia incluye también la presupuestaria.
Por ello, luego de un largo tratamiento y si el Senado aprueba esta reforma, quizás sea necesario el uso del veto presidencial, porque la responsabilidad del gobierno implica no promulgar leyes motivadas en caprichos y pataditas de chancho.
Discurso del Diputado Rossi
Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi (A.O.).- Señor presidente: recuerdo la sesión del año 2006 en la que modificamos el artículo 37 de la ley de administración financiera. Tuvo algunas singularidades. Por ejemplo, me acuerdo de Mauricio Macri, pero no por lo que dijo fue una de las pocas veces que habló sino porque trajo una ranita de peluche; no recuerdo para qué la trajo pero lo recuerdo de esa manera.
También me acuerdo del tono de los discursos. Por eso siento que esta sesión es casi reivindicatoria para el oficialismo. Por ejemplo, el diputado mandato cumplido Jorge Vanossi igualó la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera con instalar el Estado de sitio. Dijo textualmente que la modificación del artículo 37 era solamente comparable con una ley que estableciera el Estado de sitio en la Argentina.
En ese momento todos los discursos de la oposición eran tremendistas. Se escuchaban frases tales como: “el gobierno va a hacer lo que quiera”, “el gobierno va a hacer y deshacer”, “esta es la ley del vale todo”, “es la ley por la cual se inutiliza cada presupuesto que se apruebe en la Argentina”, “ya no tiene sentido seguir discutiendo el presupuesto en la Argentina”, “cerremos el Parlamento porque con esto no existe más”, etcétera.
La verdad es que después de esa sesión tan tremenda y de haber escuchado discursos similares en las sesiones posteriores en las que se trataron y aprobaron los distintos presupuestos –porque se nos impugnaba el presupuesto a partir del uso del artículo 37 de la ley de administración financiera , es reivindicatorio el hecho de que hoy nos reconozcan que en todo este tiempo utilizamos menos del 5 por ciento y que este límite es innecesario porque en realidad venimos utilizando menos de ese porcentaje.
Cuando se hablaba de ese artículo 37 nosotros decíamos que había un 82 por ciento del gasto del presupuesto nacional que era altamente rígido e inelástico y que por lo tanto sobre lo único que podíamos actuar era sobre el 18 por ciento restante. Pero igual nos decían que eso no era cierto. Por eso digo que para nosotros esta sesión es casi reivindicatoria.
Hay que decir que tanto Alberto Fernández como Sergio Massa y Aníbal Fernández, habiendo podido modificar el ciento por ciento del presupuesto, siempre lo han hecho en menos del 5 por ciento; algunos los modificaron en un 2 o en un 3 por ciento. El último año se modificó un 5,1 por ciento, producto de la crisis, por lo que casi se podría decir que actuaron como Heidi o como carmelitas descalzas, con toda la potestad que supuestamente tenían para deshacer o desarmar absolutamente todo en la Argentina.
De modo que me parece que estamos en presencia de una gran hipocresía, señor presidente. Se mintió descaradamente tratando de hacer creer que con esa modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera el gobierno podría hacer y deshacer pues tendría facultades para ello. Y resulta que ahora cuando desde el Ejecutivo dicen “Vamos a ponerle un límite”, se responde “La verdad es que no lo han utilizado de esa manera.”
En ese sentido, realmente me siento reivindicado porque nosotros siempre dijimos esto. Dijimos que esa modificación era a los efectos de hacer más ágil todo lo que significa la gestión y administración del Estado. Nos parecía absolutamente razonable habida cuenta del alto componente de rigidez que tiene el presupuesto, y lo que buscábamos era fundamentalmente dar al Estado nacional las mismas herramientas que tienen los Estados provinciales. En algunos lados se habla de movilidad de partidas, en algunos lados está hecho en forma permanente, en otras administraciones y en otras circunscripciones se hace solamente cuando se aprueba el presupuesto.
De hecho en la Argentina en todos los años anteriores al 2006, salvo en algunos casos excepcionales, siempre se incluía en el presupuesto general de la Nación la suspensión de la aplicación del artículo 37 de la ley de administración financiera.
Quiere decir que todos los años el jefe de Gabinete, desde el año 1994 en adelante, tenía la posibilidad de movilidad de partidas. Lo que hicimos nosotros en ese momento fue darle una estabilidad para que esa facultad administrativa la tuviese la totalidad de los gobiernos, que no dependiese solamente de la mayoría circunstancial que uno puede tener al momento de aprobar un presupuesto. También, buscamos que estuviese perfectamente establecida por una ley y ahora nos pareció que a partir de las críticas que habíamos recibido –las habíamos recibido durante todo este tiempo y también en el marco de la campaña electoral lo lógico era acotar esa facultad de administración porque nos parecía absolutamente razonable.
La verdad es que junto con el sentido reivindicatorio sentimos que no hay un tratamiento justo por parte de la oposición. Todos sabemos que este límite del 5 por ciento es absolutamente razonable. Todos sabemos que este límite lo único que hace es tratar de ver de qué manera logramos mejorar la calidad de la administración.
Voy a leer algunas de las cosas que se hicieron en el 2009 en virtud de esta atribución por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros: las compensaciones a tamberos, los famosos 10 centavos por litro, insumieron 470 millones de pesos. Fue una facultad ejercida por la Jefatura de Gabinete, en virtud del modificado artículo 37 de la Ley de Administración Financiera.
La atención a la gripe A, que demandó mil millones de pesos, fue hecha también con esa facultad. Al plan familias se le incrementaron 168 millones de pesos de la misma manera. Al plan federal de viviendas, se le incrementaron 1.234 millones de pesos en el mismo sentido. Al aumento salarial al Poder Judicial se destinaron 185 millones de pesos y 151 millones de pesos.
Para la compra de acciones de la Martin Lockheed, se utilizaron 163 millones de pesos. En refuerzo de los planes sociales se derivaron 100 millones de pesos. Por el aumento de prestaciones de la ANSES se reorientaron 2.169 millones de pesos. La asistencia financiera a provincias demandó 1.200 millones de pesos, y la asistencia a cajas provinciales para afrontar los 150 pesos adicionales para jubilados, diciembre de 2009, 786 millones de pesos.
O sea, once inyecciones administrativas orientadas a tales fines, que significaron reorientar 8 mil millones de pesos, es decir, un 66 por ciento del total de los fondos reorientados.
En verdad, no parece ser éste un acto discrecional de la administración, de manera que pueda concluirse que se llevó a cabo un manejo autoritario o autocrático o que estemos en presencia de un príncipe o de una monarquía.
Cuando la presidenta de la Nación anunció este proyecto de delimitación de las facultades del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, pensábamos que íbamos a encontrar el acompañamiento de la oposición. Es más, muchísimas veces durante todo este tiempo se nos decía que si hubiera una limitación la cuestión sería distinta, es decir, si no estuviera establecido de la forma tan amplia en la que se lo concibió.
Volver al artículo 37 de la ley de administración financiera ciertamente es involucionar. Sin duda es volver las cosas para atrás, porque hemos verificado durante todo este tiempo que la facultad que se le dio al Poder Ejecutivo y al jefe de Gabinete fue utilizada razonablemente, con absoluta prudencia, en el sentido de reorientar los fondos, como leía recién, en un alto porcentaje hacia el gasto social.
Quitarle esa limitación y esa facultad al Poder Ejecutivo es a mi criterio claramente un error y equivocar el camino.
Se habló también del tema de las ampliaciones presupuestarias. En verdad la oposición a veces tiene la virtud de convertir valores en disvalores. Uno sale de acá diciendo: “Uh, qué macana: recaudamos más de lo que presupuestamos”. Pero es al revés: “Qué suerte que todos los años recaudamos más de lo que presupuestamos, a la inversa de la historia económica argentina donde los presupuestos siempre fueron deficitarios”.
Esto significa que en los distintos ejercicios se terminó recaudando siempre menos de lo que se había presupuestado; y como se gastaba en función de lo que estaba presupuestado, eso generaba un déficit, y esta fue la historia crónica de la Argentina durante muchísimo tiempo.
A nosotros nos parece que está bien que cuando se calcula el presupuesto se tengan pautas moderadas. Siempre es mejor cubrirse del lado de la seguridad. Cuando uno utiliza una expectativa de crecimiento o una pauta inflacionaria más alta, ambas decisiones nos llevan a incrementar el nivel de gasto, porque esas dos decisiones aumentan el nivel de recaudación. Más crecimiento y más inflación aumentan el nivel de la recaudación. Entonces, si no suceden estas dos cosas podemos tener problemas en la ejecución presupuestaria.
Es claramente una virtud de este modelo económico que nosotros sí creemos que hay que seguir profundizando haber tenido siempre pautas de crecimiento económico y de recaudación que fueron superadas absolutamente por la misma evolución de la economía.
¿Qué pasa cuando hay un aumento de recaudación? El gobierno tiene que pedir autorización al Congreso para gastar. El gobierno tiene dos instrumentos: una ley o un decreto de necesidad y urgencia. Va a seguir utilizando esos dos instrumentos según cómo le parezca al gobierno.
En el año 2006 se presentó un proyecto de ley que claramente constituía una ampliación presupuestaria, y se aprobó en el Congreso de la Nación. En los años siguientes se presentaron decretos de necesidad y urgencia que también se aprobaron en la Cámara de Diputados.
El año pasado, hacia finales de año -con la anterior composición de la Cámara-, nosotros aprobamos la última ampliación presupuestaria, y la del año anterior también.
Entonces, es mentira que esto no tiene tratamiento legislativo. Sí tiene tratamiento legislativo. Les voy a pedir que prudentemente corrijan este lenguaje porque parece que esto pasa por afuera del Congreso, pero no es así.
Un decreto de necesidad y urgencia tiene tratamiento legislativo. Ustedes han aprobado un proyecto de ley para modificar ese tratamiento legislativo: hasta que no se convierta en ley y no se promulgue rige el tratamiento legislativo de la ley que se sancionó a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Todas las ampliaciones presupuestarias -por ley o por decreto de necesidad y urgencia- tienen tratamiento legislativo, son tratadas en este Congreso de la Nación y reciben la legitimación correspondiente. De lo contrario, el Congreso o el Poder Ejecutivo no podrían aumentar los niveles de gasto.
Desde que yo integro la Cámara de Diputados no recuerdo ninguna ampliación presupuestaria que haya modificado la matriz original. Todas las ampliaciones presupuestarias, salvo alguna cuestión de excepción, siguen el perfil del presupuesto que se aprobó en el año correspondiente.
Me alegro que se haya modificado la propuesta que planteaba el diputado Lozano porque tratar de impedir que el Poder Ejecutivo haga las ampliaciones presupuestarias a través de los decretos de necesidad y urgencia es claramente anticonstitucional.
La Constitución prevé qué cosas no se pueden hacer por decreto de necesidad y urgencia, y eso no se puede hacer por ninguna ley.
Creo que estamos obturando el camino y el uso de una herramienta de administración financiera absolutamente moderna, ágil y necesaria, que se ha utilizado en general con distintas formas en los distintos estamentos de la administración del país. Todos los que alguna vez tuvieron la responsabilidad ejecutiva de gobernar saben que es necesario tener una herramienta que permita la movilidad de partidas, ya que esto hace a la agilidad de la administración.
Mi compañera de bancada, la señora diputada de la Rosa, ha explicado claramente que la Ley de Administración Financiera y su artículo 37 tienen la impronta lógica del momento en que esa norma legal fue sancionada, es decir, de la década del 90.
Esa ley había sido concebida fundamentalmente para que el presupuesto del Estado nacional garantizara el pago de los servicios de la deuda. Por ese motivo no se podían modificar las partidas correspondientes a gastos de capital para destinarlas al pago de gastos corrientes.
Esto significaba la imposibilidad de reducir gastos de capital para pagar sueldos y jubilaciones, es decir, gastos corrientes. En cambio, se podían disminuir los gastos corrientes que representaban sueldos y jubilaciones para pagar los servicios de la deuda.
Entonces, estamos absolutamente de acuerdo con la modificación introducida en 2006 pues consideramos que orienta la Ley de Administración Financiera en un sentido totalmente distinto del que había tenido hasta ese momento. Este último aspecto también es explicable, ya que en 1992 la Argentina venía de padecer un proceso de hiperinflación por el cual los presupuestos en realidad nunca se cumplían, siempre eran beneficiarios y se aprobaban después de haber sido ejecutados. Consecuentemente, en cierta forma el espíritu que el legislador previó en esa oportunidad fue en el sentido de que no existiera la tentación de echar mano a los bienes de capital para terminar pagando gastos corrientes. Lo que ocurre es que en medio de los bienes de capital se estableció la obligación del pago de los servicios de la deuda. Por eso reitero que se trata de una ley con una clara impronta de la década del 90.
El otro peligro que se corre –entiendo que esto debe estar alejado de cualquier intención por parte de los dirigentes de la oposición radica en que cada vez que debamos modificar una partida tendremos que pedir autorización al Congreso nacional. Esto implicaría la posibilidad de que alguien pueda quedar preso de un Parlamento opositor. Esta es una situación que han vivido algunos señores diputados que están aquí presentes cuando fueron gobernadores de sus provincias.
Por ende, si bien no queremos que haya una situación de discrecionalidad, tampoco queremos estar permanenetemente presos de una sensación extorsiva que a alguno se le pueda ocurrir descuento que eso no ocurrirá con ninguno de los señores diputados que están aquí presentes en relación con el manejo del presupuesto nacional, cuando no se dispone de las herramientas que permitan actuar con la agilidad necesaria para llevar adelante la administración de la Nación.
Me parece que el establecimiento de un 5 por ciento de un presupuesto que es absolutamente inelástico constituye una medida sumamente prudente. Además, ella se ve acentuada por la historia que hemos tenido durante todos estos años. Al respecto deseo reiterar que con excepción del año pasado, cuando se ha gastado el 5,1 por ciento como consecuencia de la crisis económico-financiera internacional y de los mil millones de pesos que debieron destinarse a afrontar el problema de la gripe A, siempre se ha utilizado un porcentaje mucho menor.
De manera tal que nuestro bloque va a ratificar la sanción del Honorable Senado. Estamos convencidos de que la modificación de la Ley de Administración Financiera realizada en 2006 ha sido beneficiosa no solamente para este gobierno, sino también para los próximos. Así lo expresó en su momento un señor diputado que en esa oportunidad votó favorablemente esa medida y que probablemente hoy lo haga en contra. Esto he podido leerlo en la correspondiente versión taquigráfica, en la que ese señor diputado manifestó que en verdad en ese momento se estaba modificando una ley para que ello sirviera al gobierno de entonces y a los que lo siguieran, determinándose asimismo reglas de juego absolutamente claras para todos.
Considero que estamos dejando atrás una idea absolutamente anacrónica por la que resulta imposible aumentar los gastos corrientes disminuyendo los gastos de capital. Esa concepción nos lleva a una limitación que tiene que ver exclusivamente con la impronta y la ideología dominantes durante la década del 90. En ese sentido nuestro bloque desea seguir pensando en una Argentina distinta que necesita modificar sus leyes para adecuarse a ese cambio.
Nos alegramos de poder decir que en los siete años que estamos gobernando este país, cada vez que presentamos un presupuesto terminamos teniendo un aumento de la recaudaciòn presupuestaria. Eso significa que manejamos razonable y eficientemente bien los recursos de la Argentina, como así también que el país va creciendo económicamente.
Como decía el señor diputado Aguad, eso es riqueza para todos los argentinos. Sin un Estado fuerte, sin un Estado que recaude eficazmente, no hay posibilidad de crecimiento económico ni de tener un mercado interno. Sin mercado interno tampoco hay posibilidad de generar puestos de trabajo, que es lo que nos preocupa absolutamente a todos.
Me alegro de que hoy, a pesar de que seguramente vamos a tener una votación negativa, se nos haya reivindicado. No hicimos cualquier cosa con el presupuesto. Todos han reconocido que no lo hemos modificado en más del 5 por ciento. ¿Ahora no nos quieren dar ese 5 por ciento? Bueno, nos adecuaremos a las reglas de juego que nos quieran dar. Simplemente digo que se están equivocando y que están cometiendo un error. Hace al ejercicio de tener un estado moderno, ágil y eficiente contar con la posibilidad de la movilidad de partidas en un 5 por ciento.
Por último espero que este año también estemos tratando una ampliación presupuestaria, porque va a ser un símbolo del crecimiento económico de nuestro país y de que la Argentina pueda seguir recuperándose. Va a crecer económicamente y a generar empleo para todos los argentinos. (Aplausos.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario